“El control de las Administraciones sobre la ejecución del proyecto y
los gastos incurridos y justificados para el cobro de las subvenciones y
anticipos no ha sido suficiente”. Esta la principal conclusión del
informe de fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas
sobre todas las ayudas y subvenciones concedidas a la sociedad
Karrantzako Minda para la gestión de la construcción de la planta de
tratamiento de purines en Carranza.
Tras años de retrasos en las obras —apenas se han ejecutado en un
30%, pese a haberse constituido la sociedad promotora en 2005— y
“ciertas irregularidades” en la justificación de los pagos, Agricultura
cerró en 2010 el grifo de las subvenciones. A su entender, existían
“incertidumbres técnicas” sobre la viabilidad de un proyecto que ya
había recibido algo más de 10 millones de euros de las Administraciones y
que había incrementado su presupuesto de 12 a 25 millones, según apuntó
la consejera Pilar Unzalu. La construcción se paralizó en septiembre de 2010 por falta de financiación.
El Parlamento aprobó por unanimidad ocho meses después solicitar al
Tribunal una auditoría de los fondos facilitados a Karrantzako Minda por
los Gobiernos central y vasco y la Diputación de Bizkaia.
La proposición no de ley fue presentada por todos los grupos, salvo el
PNV. Aunque los nacionalistas votaron finalmente a favor, criticaron al
resto de formaciones por estar “obsesionadas” con el tripartito de
Ibarretxe. Las Juntas Generales vizcaínas también acordaron dirigirse al
Tribunal.
Casi un año y medio después, las conclusiones son demoledoras. El
organismo auditor considera que el control sobre la ejecución del
proyecto y de las subvenciones por parte de las Administraciones “no ha
sido suficiente”. Igualmente, recalca que en las ayudas correspondientes
a los programas Ikerketa de 2006 y 2008 se vulneraron los principios de
concurrencia y objetividad al aceptarse como solicitud “una
documentación incompleta y con anterioridad a la apertura del plazo
señalado en la convocatoria”.
En virtud del programa Ikerketa, el Gobierno vasco
concedía ayudas a iniciativas del sector primario por medio de la
concesión de anticipos reintegrables en función de los resultados.
Karrantzako Minda recibió en 2006, a través de Ikerketa, 1,5 millones,
de los que ha devuelto 750.000 euros. De los más de diez millones de
fondos recibidos entre 2006 y 2009 esta cantidad ha sido, hasta el
momento, la única restituida.
El órgano auditor también concluye en su informe que con la concesión
en 2008 de dos millones de euros en el marco del mismo programa “se
superaron los límites” del dinero que podía concederse. En otras dos
subvenciones otorgadas por la Diputación y el Gobierno vasco, en ambos
casos de forma directa y por dos millones, “se incumplieron las normas
de concesión”.
A la hora de justificar los gastos e inversiones, Karrantzako Minda y
las Administraciones tampoco cumplieron escrupulosamente la legalidad,
resalta el tribunal. “Se aceptan como justificantes gastos que no
responden a inversiones realizadas, facturas que corresponden a
anticipos y no a la ejecución de obras o gastos; certificaciones de obra
emitidas con anterioridad al inicio de la misma y gastos no incluidos
en el presupuesto”, recoge el informe.
En sus alegaciones, la Diputación replica que “no es cierto” que la
concesión de la ayuda directa no esté justificada. “Otra cosa es que el
tribunal lo comparta o no. Este proyecto innovador no se puede encuadrar
en una convocatoria de subvención”, considera. De su lado, el
exconsejero de Agricultura, Gonzalo Sáenz de Samaniego, del PNV, alega
que el control de las Administraciones “existe”. “Así lo demuestran las
solicitudes de devolución de las ayudas”, apostilla. Atribuye la
variación en los presupuestos a “la complejidad” del proyecto y a su
“permante adaptación infraestructural”.
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