En la
iniciativa, que ha sido registrada para su debate en la comisión de
Medio Ambiente de la Cámara baja, también solicitan que se prohiba la
mantanza del lobo ibérico
ECOticias.
Los diputados de ICV, Laia Ortiz y Joan Coscubiela, en nombre de
la Asociación de Parlamentarios en Defensa de los Animales (APDDA), han
registrado una proposición no de ley en el Congreso en la que reclaman
al Gobierno que detenga de inmediato las batidas de lobos, anunciadas
por el Ministerio de Medio Ambiente, según señalan.
En la iniciativa, que ha sido registrada para su debate en la
comisión de Medio Ambiente de la Cámara baja, también solicitan que se
prohiba la mantanza del lobo ibérico, así como priorizar su recuperación
en aquellas zonas donde se haya extinguido.
Según argumentan los ecosocialistas, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, así como la directora general de
Desarrollo Rural de Asturias, Tornasa Arce, han anunciado que se va a
permitir una batida contra el lobo en el Parque Nacional de Picos de
Europa.
En este sentido, detallan que el último censo nacional del lobo
ibérico se realizó hace ya veinticuatro años, en 1988. Por ello creen
que es "imposible" saber a ciencia cierta cuál es la población de lobos
en España, así como cuál ha sido su evolución.
"El hecho de autorizar las batidas sin tener datos rigurosos sobre
la población de lobos representa un grave peligro para la especie y, en
concreto, para las poblaciones más pequeñas y por lo tanto,
susceptibles a las presiones humanas", defienden.
Además, avisan de que se pretenden llevar a cabo estas batidas en
época de cría y ya han aparecido lobeznos huérfanos malnutridos,
desorientados y heridos en la montaña oriental leonesa.
"Es inexplicable que se tomen decisiones como esta sin tener una
información científica y rigurosa al respecto. Los ganaderos asturianos
están presionando al gobierno de Asturias para que autorice más cacerías
de lobos. El pasado año, según cifras oficiales, sólo se produjeron 59
ataques a las más de 300.000 cabezas de ganado, un porcentaje ínfimo",
ha agregado.
HAY ALTERNATIVAS
En su opinión, existen alternativas para proteger el ganado sin
tener que matar lobos, desde resguardar al ganado por la noche en
establos, a construir vallas y cercados para protegerlo o hacerse
acompañar por mastines.
Según indican, la realidad es que existe una enorme
descoordinación y diferencia de criterios entre las comunidades
autónomas a la hora de abordar la conservación del lobo. Es más, señala
que las decisiones sobre esta especie se toman basándose en trabajos
parciales realizados entre 1997 y 2004, mientras que en los últimos años
se han primado fundamentalmente las medidas de control de la especie y
de compensación por daños.
"Todo ello en detrimento de una política real de inversión en
medidas de prevención para los ganaderos y de apoyo a la promoción de
los productos procedentes de los territorios habitados por el lobo",
apostilla.
Por eso, ICV ve "necesario" actualizar el censo del lobo ibérico
para poder conservar la especie y gestionarla bajo criterios
científicos, así como acordar, entre todos los actores implicados
(administraciones públicas, ganaderos, científicos y ecologistas),
estrategias y mecanismos de prevención para minimizar los daños a la
ganadería extensiva.
Por todo ello, insta al Gobierno en esta iniciativa también a
emprender y coordinar un nuevo censo nacional del lobo, realizado por
especialistas independientes y de reconocido prestigio, incluyendo las
zonas en las que su situación es más crítica, como Extremadura y Sierra
Morena, así como llevar a cabo todos los trámites necesarios para su
protección en los parques nacionales.
Por otro lado, propone que, en el periodo máximo de un mes, se
convoque al grupo asesor de la Estrategia del lobo ibérico para diseñar,
junto con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
una hoja de ruta para la conservación y gestión de la especie, enfocada a
disminuir la conflictividad al norte del Duero y a permitir la
recuperación de las poblaciones del sur.
Igualmente, plantea la creación, en el periodo máximo de un mes,
de un grupo de trabajo con representantes de administraciones, ONG,
sindicatos agrarios y expertos para unificar y mejorar los sistemas de
compensaciones, desarrollar nuevos mecanismos de prevención para
minimizar daños a la ganadería y tratar los problemas de la ganadería
extensiva.
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