Los
cerca de 3.000 chiringuitos construidos en las playas españolas así como
miles de viviendas asentadas en suelo de dominio público marítimo
terrestre se salvarán de la demolición durante 75 años más, al haberse
aprobado hoy en Consejo de Ministros un proyecto de ley que reforma la
actual Ley de Costas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha
explicado en rueda de prensa que la norma anterior, de hace 24 años, no
ha cumplido "debidamente" sus objetivos de protección del litoral y del
medio ambiente y ha creado "inseguridad jurídica".
La reforma está
encaminada a proteger nuestra riqueza medioambiental, librar al litoral
de atrocidades urbanísticas y además ha destacado que la Comisión
Europea ha valorado muy positivamente este nuevo texto.
Se estima
que hay unas 10.000 viviendas construidas en dominio público, la mayoría
con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. En 2018 expirarían
las primeras 1.100 concesiones, lo que obligaría a su demolición si no
fuera por esta reforma.
La nueva norma, ha asegurado por su parte
el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa, pero "no
es una amnistía de situaciones ilegales".
El proyecto, valorado
por la Comisión Europea por la seguridad jurídica que da a los
propietarios extranjeros pero criticada por las ONG, amplía las
concesiones a otros 75 años más a todas aquellas propiedades ya
construidas (casas, restaurantes, hoteles..) que se encuentran situadas
en suelo de dominio público marítimo terrestre.
Para los chiringuitos de playa desmontables la autorización será de 4 años cuando antes era solo de 1.
Se estima que solo en Andalucía, tanto los fijos como los desmontables generan más de 40.000 empleos
La
anterior ley expropió a todos estos propietarios sus posesiones al
fijar unas nuevas lindes; a cambio les otorgó concesiones por 30 años,
que iban a empezar a expirar a partir de 2018.
La nueva ley va a
permitir también que los concesionarios de estas casas podrán venderlas y
hacer reformas si no aumentan su actual volumen ni altura.
Así
por ejemplo, y entre otras, serán beneficiados todos los propietarios,
en su mayoría extranjeros, del complejo Empuriabrava (Cataluña), quienes
elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.
Según
Medio Ambiente, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales,
muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo, y más de
1.700 son ocupaciones industriales.
Estas industrias (químicas,
extractivas, textiles, energéticas...) deberán superar un informe
ambiental para prorrogar la concesión.
Entre las novedades de la
futura norma destaca la llamada "cláusula antialgarrobicos", que
supondrá tolerancia cero frente a las agresiones en la costa y permitirá
actuar al gobierno frente a los acuerdos municipales que aprueben obras
contrarias a la ley.
Otra novedad es la distinción entre playas urbanas y playas naturales, incrementando la protección de estas últimas.
También
se evita que se pueda adquirir de buena fe un inmueble en la costa y
descubrir después que, en realidad, no se es propietario porque el bien
está afectado por el deslinde del dominio público.
Para ello se prevé la inscripción obligatoria de los bienes en el Registro de la Propiedad.
Además
serán amnistiadas un total de diez barriadas históricas situadas, entre
otras provincias, en Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría
Punta Umbría), Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola), Valencia
(Oliva) y Málaga (El Palo y Pedregalejo).
Formentera tendrá un
deslinde especial por su configuración geológica, y se excluye del
dominio las dunas artificiales y las muertas, y también se exime a las
salinas. EFE
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