Dos plenos municipales celebrados esta semana valieron para
escenificar ante la Xunta y ante el vecindad el alineamiento de dos
alcaldes populares con el sentir de la mayoría y para transmitir el
mensaje claro, a la Administración autonómica, de que el poder local
tiene capacidad de decir la última palabra. Moaña y Quiroga, cada una a
su manera, se blindan contra el previsible aterrizaje de un parque
eólico y una cantera de pizarra que, respectivamente, podrían causar
estragos en dos áreas protegidas y con bienes patrimoniales: el perfil
montañoso de O Morrazo y el enclave de Montefurado, primer túnel
construido por los romanos en la Península Ibérica. Pero en realidad son
más los regidores del PP que en los últimos meses han mostrado su
rechazo a diversos proyectos industriales tramitados o ya aprobados por
el Gobierno gallego, incluso ayer el alcalde de Arnoia, José Camilo
Fariñas, confirmó que ya tiene preparadas sus alegaciones a un proyecto
que busca minerales estratégicos en el sur de Ourense.
“No se autorizará bajo ningún concepto”, expone, rotundo, José
Fervenza, alcalde de Moaña, sobre el parque eólico que la Consellería de
Industria adjudicó en las cumbres más elevadas de la península de O
Morrazo. Juzga “imposible” que el Estudio de Impacto Ambiental
presentado por Enel Green Power para la colocación de 14 aerogeneradores
de 120 metros obtenga el visto bueno del Gobierno autonómico. Enumera
una retahíla de “carencias” en ese documento —faltan los informes sobre
patrimonio, paisaje, el de Augas de Galicia—, al que ha presentado
alegación.
Está convencido, porque así se lo han transmitido los técnicos, de
que la Declaración de Impacto Ambiental que emita Medio Ambiente
resultará negativa. Se sitúa así con los colectivos vecinales y
ecologistas que, desde el principio, han venido criticando este proyecto
enclavado en tierra quemada en la ola de 2006 —la empresa lo ha
bautizado Pedras Negras, con poca fortuna o mucho sarcasmo— y en
terrenos protegidos por las normas urbanísticas vigentes.
Fervenza gobierna en minoría porque BNG y PSdeG no se pusieron de
acuerdo para reeditar una coalición. Sobre él pende la espada de
Damocles de una moción de censura, pero en este asunto las tres fuerzas
políticas están de acuerdo, y así lo han expresado con la aprobación de
una declaración contraria al parque en el pleno del pasado jueves.
“Cumplo con mi deber”, zanja cuando se le pregunta si esta posición le
puede traer problemas con el partido. El rechazo no se queda en este
municipio, sino que en Marín, gobernado por los conservadores y también
afectado, se ha aprobado una moción crítica gracias a la abstención de
los populares.
La misma línea combativa de Fervenza la mantiene Fernando Guitián,
regidor de Gondomar, contra el eólico que el mismo concurso habilitó en
la Serra do Galiñeiro. En este caso, la reacción social ha sido quizás
más intensa que al otro lado de la ría de Vigo. De hecho, todos los
municipios afectados (el citado Gondomar, Mos y O Porriño, del PP y
Vigo, del PSdeG) han aprobado mociones y remitido alegaciones. Guitián
habla de “unidad de acción” con los otros dos alcaldes del PP para
intentar parar la instalación de los 13 aerogeneradores. De hecho, si la
Xunta no atiende a su petición, barrunta un “frente común” por otras
vías.
Con todo, es el Gobierno gallego quien tiene la sartén por el mango
para la aprobación de los proyectos. Fraga diseñó un desarrollo eólico
en el que la Xunta puede obviar las reivindicaciones municipales. A los
regidores solo les queda la baza de la presión política basada en el
apoyo vecinal. El tiempo dirá si tienen cartas para ello o van de farol.
Como de farol pensaban bastantes vecinos de Quiroga que iba su
gobernante, el popular Julio Álvarez, hasta que esta semana, en el
primer pleno municipal del año, representó con todo lujo su firme
defensa de lo que él llama “el marco” o “la foto” de Montefurado: “Todo
lo que se percibe desde el mirador tiene que quedar intacto”, advierte.
En noviembre, el alcalde había restado importancia al proyecto,
asegurando que afectaba sobre todo al municipio ourensano de Larouco.
Pero las denuncias, primero de un particular (que promovió una recogida
de firmas al descubrir en un DOG de hacía varios meses que la Xunta
había dado el visto bueno a la apertura de una pizarrera a escasa
distancia del lugar), y después de la Asociación Boca do Monte y del
BNG, fueron en aumento. Así que al final “sucedió algo inédito”, comenta
el edil nacionalista Xabier Castro: oposición y gobierno aprobaron “por
unanimidad” ampliar a lo máximo imaginable las protecciones
urbanísticas y patrimoniales de Montefurado. Ahora mismo, insiste el
regidor, es “imposible”, “inviable”, cualquier mina que dañe aquel
paisaje.
Existía ya para el túnel que perforaron los romanos con el fin de
desviar el agua del Sil y secar el meandro para extraer oro la máxima
protección en el PXOM y tras el acuerdo de esta semana se amplió varios
metros. Además, se acordó solicitar la declaración de BIC a Cultura y la
de Patrimonio de la Humanidad a la Unesco. La protección no solo sería
para el túnel grande (en tiempos de 120 metros y ahora reducido a la
mitad por un derrumbe) y su hermano pequeño, sino para todas las minas
de oro o medorras y los castros que salpican la zona.
“La Xunta tiene una normativa y el Ayuntamiento otra. Al final, el
territorio depende de nosotros”, avisa Julio Álvarez cuando explica que
está extrañado porque el promotor de la cantera aún no se ha dirigido a
él para resolver los pertinentes permisos municipales. Efectivamente, el
beneficiario de la concesión minera, Carlos López Navaza, exdirectivo
de Fenosa, confirma que lo hará cuando escampe la crisis del ladrillo.
El empresario cuenta también que inició los trámites de la licencia en
el ministerio en 1982 y que ahora está en contacto con “pizarreros de la
zona” para este proyecto. Por último se compromete: “Mientras yo siga
en esto buscaré el consenso, y velaré por el medio y el efecto visual”.
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