El Gobierno, consciente de que en España “aún existen niveles de
contaminación preocupantes para la salud humana y el medio ambiente”,
quiere penalizar fiscalmente a los coches más sucios. Y tiene previsto hacerlo reformando el impuesto de circulación, según recoge el Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera 2013-2016, que ayer salió a información pública.
El texto prevé reformar el impuesto, que se paga cada año y recaudan
los consistorios, mediante “la inclusión de criterios ambientales”. La
filosofía que subyace es que “quien contamina, paga”.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colgó
ayer por la tarde en su página web una versión ligeramente modificada de
un borrador previo, con fecha de 10 de enero y al que tuvo acceso EL
PAÍS, en la que suaviza el enunciado de esta medida, la 12.1., que pasa
de titularse “reforma del impuesto” a “creación de un grupo de trabajo
para la evaluación de la reforma del impuesto”. El cambio puede deberse a
que alguna instancia ha pedido modificar el borrador de enero, que
circuló entre comunidades autónomas, ministerios y algún Ayuntamiento.
Hacienda, por ejemplo, siempre se ha opuesto a que Medio Ambiente
entrara en cuestiones fiscales.
Actualmente, el impuesto de circulación grava en función de la
potencia fiscal de los motores. Lo que pretende el ministerio es que lo
haga según el grado de contaminación que emiten los vehículos (dióxido
de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas). El plan señala que el
cambio se acordará con la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) para que “ningún Ayuntamiento pierda ingresos por aplicar el
nuevo impuesto”. Los vehículos más antiguos, que son también los que más
contaminan, pagarán más. El borrador propone fijar un tipo impositivo
mínimo y otro máximo para que las ciudades tengan margen de maniobra:
“La contaminación atmosférica no reviste la misma gravedad en ciudades
como Barcelona, Madrid o Sevilla que en centros urbanos poco poblados”.
La propuesta del plan de calidad del aire es muy similar a la que hizo el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), a principios de 2011. Un episodio prolongado de boina
sobre la capital había obligado al Ayuntamiento a alertar de los altos
niveles de contaminación en los paneles de la M-30, la vía de
circunvalación de la ciudad. Gallardón anunció que iba a “instar” al
Gobierno a que “iguale o penalice la tributación del combustible diésel”
—responsable de los altos niveles de dióxido de nitrógeno en las
ciudades— sobre el de gasolina. La FEMP tumbó su iniciativa.
También la entonces ministra de Medio Ambiente Rosa Aguilar propuso en el plan de calidad del aire elaborado por el anterior Gobierno socialista
medidas para equiparar la fiscalidad del diésel y la gasolina. No eran
obligatorias. El último Consejo de Ministros de la legislatura, del 4 de
noviembre de 2011, aprobó el plan. A los pocos meses, el nuevo
ministro, Miguel Arias Cañete (PP), aseguró que pensaba cambiar el plan
heredado de su antecesora para hacerlo “más realista”. La reforma fiscal
se justifica así —y es igual en los dos textos—: “A pesar de las
medidas medioambientales que se vienen adoptando en los últimos años, la
calidad del aire, fundamentalmente en los centros urbanos más
importantes, continúa estando por debajo de los estándares regulados.
Esta reflexión nos lleva a concluir que es preciso abordar este problema
utilizando instrumentos hasta ahora no considerados”.
El plan, al que se puede alegar hasta el 4 de marzo, incluye:
» Limitar o prohibir la entrada de coches ‘sucios’. Son los
Ayuntamientos “los que tienen que actuar sobre el tráfico circulante”,
afirma el texto. Según el plan, fueron las Administraciones locales las
que pidieron al Gobierno que modificara “el marco legal para poder
actuar de forma armonizada y coordinada [...] ante episodios de
contaminación o en zonas en las que sea necesario proteger su atmósfera
limitando o prohibiendo la entrada de los vehículos más contaminadores”.
» Qué es un episodio de contaminación. Los Ayuntamientos tienen sus
propios protocolos, puesto que no existe una normativa estatal. El
ministerio quiere determinar en qué casos hay que alertar y tomar otras
medidas como “restricciones a la circulación o estacionamiento de
determinados vehículos, en función de su grupo de clasificación de
acuerdo con su potencial contaminador”. También podría haber limitación a
la circulación de taxis en vacío y restricción a vehículos comerciales y
de reparto.
» Zonas de bajas emisiones en las ciudades. Muy habituales en muchos
países europeos, como Alemania o Italia, en estas zonas solo se puede
circular si el vehículo cumple unas determinadas características de
emisiones. Habrá un “marco normativo estatal”, asegura el borrador del
plan, y será en 2015. Dirá cómo se designarán y cómo se señalizarán.
» Pegatinas de colores. El Gobierno tiene previsto identificar con
pegatinas de colores a los vehículos según su grado de contaminación.
Los más sucios tendrán el acceso restringido en 2015. Habrá
seis categorías. El sistema de colores, y el régimen sancionador en caso
de infracción, se regulará mediante una normativa específica. “Se
pretende fomentar el empleo de vehículos con tecnologías menos
contaminantes, posibilitando la priorización del empleo de ciertos
vehículos en determinadas vías, la exención del pago en estacionamientos
regulados, la aplicación de beneficios en su empleo por profesionales o
la restricción al uso en determinados supuestos, zonas u horarios”.
» Reducir la velocidad a la entrada de las ciudades. El plan habla de
“coronas de velocidad” para regular la velocidad en las áreas
metropolitanas y entornos de las ciudades en 2015. Exige modificar el
Reglamento General de Circulación. En función de la proximidad a la
ciudad, habrá tramos de 120, 100, 90, 80 y 70 kilómetros por hora.
» Estudiar contaminación en Secundaria. El ministerio quiere incluir
la calidad del aire “en la formación académica del ciclo de Secundaria”.
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