La fecha tope es 2020. Para entonces, solo quedarán espacios
protegidos en suelo valenciano donde poder abrir agujeros para verter
residuos. Es la estimación de la propia Consejería de Infraestructuras,
Territorio y Medio Ambiente. En 2020, siete millones de personas
habitarán en la Comunidad Valenciana y cada una de ellas producirá una
media de 600 kilos de residuos al año. Entretanto, el negocio de la
basura emite sensaciones de caos. Se nutre de más de 2,6 millones de
toneladas de residuos por año con resultados lejanos a los niveles de
eficiencia requeridos por la legislación europea y se rige por el Plan
Integral de Residuos (PIR) de 1997, que tiene a la basura valenciana
viajando de provincia a provincia por la falta de infraestructuras
de eliminación suficientes. El resultado del PIR es hoy un conjunto
deslavazado de plantas obsoletas e ineficientes y con tecnologías no
homogéneas que generan malos olores. En algún caso, además, emiten un
cierto tufo a corrupción.
“El caos es total y el sistema está próximo al colapso”, advierte el
diputado socialista, Francesc Signes, que conoce bien el problema de los
residuos. “Si la consejera Isabel Bonig no se pone las pilas, habrá un colapso parecido al de Nápoles. No habrá lugar donde meter la basura”, advierte.
“El PIR de 1997 es un fiasco total”, asegura Signes. En 2006 trató un
nuevo plan de residuos con el entonces consejero Rafael Blasco: “Lo
llegué a tener en la mano, faltaban unos remates. ¿Qué está pasando?”,
se pregunta. Desde la consejería, el director de Calidad Ambiental,
Vicente Tejedo, asegura que el nuevo plan cuenta ya “con todas las
bendiciones” pero está a la espera de que Bonig lo ponga en común con
Signes. El socialista sigue esperando la llamada sin atreverse a
aventurar cuándo saldrá el nuevo plan que ponga remedio al caos.
Radiografía de la basura
La nueva planta de Quart de Poblet (Valencia). Su presupuesto inicial fue de 50 millones de euros y ha acabado costando 120. De ahí la subida de la tasa por el tratamiento y eliminación de basura en el área metropolitana de Valencia. La gestiona la UTE Sufi Corporación/Turia-Almenar.Vertedero de Dos Aguas (Valencia). El segundo vaso está previsto en un terreno incendiado. La Administración valenciana cambió en 2012 la legislación que impedía construir en terrenos quemados hace menos de 30 años. Sin embargo, la legislación nacional lo sigue prohibiendo.
Planta de Elche (Alicante). Inaugurada en 2001 y con un coste de 12 millones, se presentó como una planta con todos los avances tecnológicos y resulta que carece de procedimiento de fermentación para compostar residuos. Además, produce malos olores. Urbaser la gestiona.
Algimia d’Alfara (Valencia). Es la planta más nueva. Su capacidad de vertido inicial era de 15 años. En apenas cinco se ha colmatado. Tetma-Lubasa la gestiona.
Cervera del Maestre. Una planta nueva que utiliza otros vertederos, una de las razones por las que el de Algimia rebosará en breve. Teconma, con un 65% de la UTE que gestiona la planta, fue liquidada en el último consejo de ministros del Gobierno Zapatero y hoy es gestionada por la Sociedad Estatal de Propiedades Industriales (SEPI).
El Campello (Alicante). El vertedero recibe residuos de 51 pueblos, ninguno de su comarca. El pleno del Ayuntamiento (PP) ha pedido por unanimidad su cierre provisional tras cinco años de vida y protestas desde el primer año de funcionamiento por malos olores. El PSPV pedirá el cierre provisional en Las Cortes. La Consejería de Medio Ambiente ha admitido "unos problemitas" y ha pedido a FCC que para febrero los tenga resueltos.
Albatera (Alicante) y Llanera de Ranes (Valencia). Dos instalaciones aún por construir desde 1997. La alicantina ha sido adjudicada a Cespa-Ortiz. La valenciana a FCC y a Dimesa. Tienen en común el enfrentamiento político en los consorcios de ambos planes zonales, así como la resistencia vecinal. Sus basuras, entretanto, parece que se repartirán por la provincia de Alicante.
La Murada-Orihuela (Alicante). Cuna del caso Brugal. El vertedero está clausurado. La UE investiga la actividad de los últimos años en el lugar, donde estudios privados encargados por vecinos de La Murada detectaron presencias desmesuradas de lixiviados.
La gestión será un fiasco, según la oposición, pero la basura es todo
un negocio con un lucro difícil de calcular por las ingentes cantidades
de dinero que mueve y las distintas tasas que paga cada uno de los
valencianos por su tratamiento y eliminación. La gestión de residuos es
la partida más grande del presupuesto de un municipio y, por tanto, es
un negocio con una indudable perspectiva de seguridad y rentabilidad.
En la Comunidad Valenciana, cinco constructoras que entraron hace
tiempo en el negocio de los residuos —FCC, Ortiz e Hijos, Lubasa,
Urbaser-ACS y Ferrovial a través de Cespa— gestionan casi el 70% de las
instalaciones de los 18 planes zonales en los que la Generalitat dividió
el territorio valenciano y pretendía dar salida a la basura.
La provincia de Alicante es un buen ejemplo de esta concentración del
negocio. Prácticamente el 70% del tratamiento de residuos depende
íntegra o parcialmente de FCC, Enrique Ortiz e Hijos o Cespa —el otro
30% se lo reparten Florentino Pérez (Urbaser) y Vaersa (entidad
pública)—. Las tres primeras empresas coinciden en Inusa, una UTE (Unión
Temporal de Empresas) que dirige la planta de tratamiento de
Fontcalent, una partida rural de Alicante a la que llegan residuos de distintos puntos
sin aparente orden ni concierto en un clima de constante polémica. Ya
sea porque los vecinos denuncian olores y vertidos masivos de residuos
sin tratar que producen lixiviados, o bien porque el Ayuntamiento
mantiene que es “una planta ejemplar”.
Lo cierto es que los números de Fontcalent son para sonrojarse. La planta ya acumula unas 1.500 quejas presentadas por vecinos y entidades
ecologistas en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Casi el
80% de las 135.190 toneladas que recibió en 2011 esta planta dependiente
del Ayuntamiento de Alicante fue rechazado durante su tratamiento. Es
decir, ni se pudo reciclar ni convertir en material orgánico
reutilizable (compost). Según datos de la memoria de 2011 del Comité
Económico y Social (CES) valenciano, la planta recicló un 1,1% de los
residuos entrantes y recuperó un 1,8% de compost. El estudio se refiere a
cifras que “no incluyen las 130.000 toneladas extra de basura que
Fontcalent recibirá de las comarcas del sur de Valencia a partir de 2013
y que llevará al borde del colapso a la planta”, destaca Carlos
Arribas, de Ecologistas en Acción. A fecha de hoy, la planta más que
tratar, entierra residuos. Fue inaugurada en 2008 y costó 17 millones de
euros.
“Lo que era una teórica planta de reciclaje es un auténtico
vertedero. Los malos olores llegan a veces hasta los barrios exteriores
de Alicante. Se está haciendo caja a costa del medio ambiente”, denuncia
Miguel Ángel Pavón, ecologista y edil de Esquerra Unida en el
Ayuntamiento de Alicante. “La contrata de la planta, que incluye la
recogida de residuos, no sabemos exactamente cuánto cuesta. Se
presupuestan 30 millones al año, pero acaban siendo casi 40. Al final
son contratas de más de 400 millones. Está pendiente la adjudicación de
los próximos 12 años y con los datos oficiales Inusa debería estar
descartada de entrada, pero aquí no se mueve un dedo para sancionar a
nadie”, remata el concejal.
Esta baja eficiencia para reciclar y recuperar residuos es la tónica
en la mayor parte de las plantas del territorio valenciano. Del
1.844.266 toneladas de basura que tratan las instalaciones
valencianas, solo acaba compostado un 7,2% de material y reciclado un
4,5% del total. Al mirar las cifras de reciclado en contenedor de 2011
—es decir, el esfuerzo que cada ciudadano hace en casa para separar su
basura en distintos contenedores—, el dato supone un 7,1% del total. El
ciudadano es casi tres puntos más eficiente en el reciclaje que las
plantas.
El director de Calidad Ambiental, Vicente Tejedo, lo admite: “En
general, el ciudadano se comporta mejor reciclando que las plantas. Hay
alguna que hay que modernizar y hay que invertir lo que revierte en las
tasas de la ciudad”.
En la memoria del CES
ninguna instalación de la Comunidad Valenciana se acerca remotamente al
40% estipulado por la ley europea o el 30% fijado por el plan nacional
integral de residuos rechazados en planta. Todas superan ampliamente
estas cifras. Plantas como las de El Campello (Alicante) o las nuevas
instalaciones de Quart de Poblet (Valencia), ambas inauguradas en 2009,
rozan el 70% de rechazo en planta, más incluso que la de Guadassuar,
creada en 1989 y que acaba enterrando el 62,5% de la basura que trata.
Según la memoria, la planta de Algimia d’Alfara, la joya de la
corona, inaugurada en 2011 y que recibe basura del norte de Valencia y
sur de Castellón, solo ha recuperado un 0,95% del material tratado y
tiene unos niveles de rechazo superiores al 50%, aunque la consejería
discute el dato y asegura que el rechazo está por debajo de lo que exige
Europa.
“La normativa europea de 2008”, explica el diputado provincial de
Alicante por el PSOE Raúl Medina, “establece una jerarquía de medidas a
tomar de cara a la gestión de residuos en territorio europeo que prevé
primero la prevención; luego la preparación para la reutilización, el
reciclado, otros tipos de valorización (como la energética) y finalmente
la eliminación en vertedero”. “Aquí pasamos claramente de prevenir y
reutilizar, amagamos con reciclar y nos hinchamos a eliminar”, resume
Medina.
Salvo sanciones aisladas y toques de atención, la única instalación clausurada por el momento ha sido el vertedero de La Murada-Orihuela, gestionado por Proambiente y propiedad de Ángel Fenoll, imputado en el caso Brugal.
Y es en La Vega Baja donde la gestión de los residuos ha quedado ligada
a la corrupción de Brugal con supuestos sobornos en la adjudicación de
la recogida de basuras en Orihuela y la investigación en torno a la
concesión del macrovertedero de la comarca, en la que están imputados el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll y el constructor Enrique Ortiz,
quien junto a Cespa logró el contrato que analiza la Justicia. Ortiz
también participa en la gestión de la planta de Fontcalent.
Arrancando en Castellón y con presencia hacia el sur en seis de los
18 planes zonales destaca también en el negocio la empresa Lubasa, cuya
filial medioambiental es Tetma. Luis Batalla, que era administrador
único de Lubasa, tuvo que dejar la construcción para la Administración a
raíz de una condena por falsedad documental y fraude a Hacienda.
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