Por otro lado,
AEE está haciendo todo lo posible para que el Real Decreto-Ley 2/2013,
que elimina la posibilidad de acogerse a la opción de mercado más prima
(lo que afecta a más del 80% de los parques eólicos españoles)
ECOticias.
La Asociación Empresarial Eólica (AEE)
ha presentado ante la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sus
alegaciones a la propuesta de Orden de Peajes que reduce los parámetros
por los que se actualiza la retribución del sector. Entre
sus argumentos, figuran que esta norma infringe los principios de
rentabilidad razonable, seguridad jurídica y confianza legítima.
Por otro lado, AEE
está haciendo todo lo posible para que el Real Decreto-Ley 2/2013, que
elimina la posibilidad de acogerse a la opción de mercado más prima (lo
que afecta a más del 80% de los parques eólicos españoles), se tramite
como proyecto de ley, lo que permitiría modificar aspectos
injustificados y perniciosos para el sector. Para ello, ha pedido una
reunión urgente con el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y
ha enviado una carta tanto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
como a todas las autoridades que pueden tener algo que decir al
respecto.
En sus alegaciones a la propuesta de Orden de Peajes, AEE
argumenta que las empresas de energía eólica efectuaron sus inversiones
al amparo del Real Decreto 661/2007, que preveía la revisión de las
tarifas, primas, complementos y límites inferior y superior tomando en
consideración los costes asociados a cada una de las tecnologías del
régimen especial, garantizando siempre unas tasas de rentabilidad
razonable. El mismo principio de rentabilidad razonable se consagra en
la propia Ley 54/1997 del sector eléctrico. Sin embargo, ninguno de
estos principios se ha respetado al fijar los valores que se incluyen en
la propuesta de orden, ya que la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de
los parques eólicos se reducirá en unos 400 puntos básicos. Ello
vulnera además el principio de confianza legítima, lo que contribuirá a
alejar la inversión del sector y del país.
El
cambio del índice de actualización de la retribución propuesto supone
un caso de retroactividad pura o propia, al aplicarse desde el 1 de
enero de 2013, por lo que vulnera los derechos adquiridos de las
empresas, e implica una importante reducción en la retribución, con la
consiguiente inseguridad jurídica. La financiación de los parques por
entidades de crédito se realiza teniendo en cuenta el índice de precios
al consumo y la aplicación de un nuevo indicador -la inflación
subyacente-, y de la reducción de los parámetros supondrá una menor
generación de caja, lo que pone en riesgo la capacidad de las empresas
para hacer frente a sus obligaciones de pago. Cerca del 70% de los
parques eólicos españoles está financiado a través de créditos, por lo
que está en riesgo su viabilidad.
La
justificación de la Propuesta de Orden se basa en el impacto de la
eólica en el déficit de tarifa, lo que no se sustenta en un análisis
objetivo. El Gobierno no ha tenido en cuenta dos factores importantes:
el primero, que en 2013 el sector eólico ya iba a contribuir a bajar el
déficit tarifario, como consecuencia de la finalización de la
Disposición Transitoria 1ª del Real Decreto 661/2007, que supone que
todos los parques pasaban el pasado 31 de diciembre a uno de los
regímenes económicos previstos en el Real Decreto 661/2007. Esto implica
que las primas al sector iban a disminuir en aproximadamente 100
millones de euros en el año sin necesidad de nuevas medidas. Tampoco se
tiene en cuenta que en 2013 la eólica generó el 47% de la electricidad
del Régimen Especial y percibió tan solo el 23% de las primas.
Por todos estos motivos, AEE
opina que las medidas tomadas por el Gobierno en relación al sector son
inaceptables, y debería reconsiderarlas ya que hacen más daño que los
beneficios que generan.
AEE
está estudiando todas las acciones legales a su alcance, tanto a nivel
nacional como europeo, para ir contra unas normas que ponen en serio
peligro al sector eólico, y que tendrán como consecuencia el cierre de
fábricas y la destrucción de empleo. Según los cálculos de AEE,
el impacto de estas medidas, sumado al del nuevo impuesto del 7% sobre
la generación, mermará los ingresos del sector en unos 600 millones de
euros sólo en 2013. Sin duda, la eólica es la tecnología más afectada por las medidas del Gobierno.
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