El pleno del
Parlamento Europeo debe refrendar las líneas rojas que ya pactó en
enero su comisión de Agricultura, aunque las más de 1.000 enmiendas que
se votarán podrían introducir cambios importantes para España como
ECOticias.
La Eurocámara definirá este miércoles su posición en las
negociaciones con los gobiernos europeos y Bruselas para reformar la
Política Agraria Común (PAC), una política en la que los eurodiputados
quieren ver un tope anual de las ayudas y un 30 % del pago directo
condicionado a prácticas medioambientales, aunque podrían abrir la
puerta a una "doble financiación" que permitiría al agricultor recibir
fondos adicionales por una misma práctica 'verde'.
El pleno del Parlamento Europeo debe refrendar las líneas rojas
que ya pactó en enero su comisión de Agricultura, aunque las más de
1.000 enmiendas que se votarán podrían introducir cambios importantes
para España como, por ejemplo, limitar la superficie elegible entre la
que repartir las ayudas.
El Gobierno español teme un fuerte aumento de las hectáreas con
opción a ayudas si esta medida no se limita y eurodiputados del Partido
Popular y del PSOE han pedido que se apruebe esta limitación.
Aunque el comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha celebrado en
un debate previo que la Eurocámara recoge en general sus propuestas
para una PAC "renovada, ambiciosa y pragmática", ha señalado
divergencias en cuanto a la prórroga del régimen de cuotas de producción
para el azúcar hasta 2020 que parece apoyar una mayoría de
eurodiputados, pero que él no ve con buenos ojos.
La Eurocámara también podría apostar por mantener la regulación de
los derechos de plantación de la viña, una medida que han pedido los
principales productores de vino, incluido España y que ha encontrado
resistencia en la Comisión Europea.
El texto pide "restablecer" los derechos de plantación al menos
hasta 2030 --frente al fin previsto en 2016-- y pretende ser "la cuna
para albergar el trabajo del grupo de alto nivel (que creó Bruselas para
revisar la situación", según explicó el eurodiputado responsable de
redactar esta parte de la posición, el galo Michel Dantin (PPE).
PAGO VERDE MÁS FLEXIBLE
Los eurodiputados respaldan, aunque con matices, las tres
prácticas propuestas por Bruselas para recibir este apoyo: la rotación
de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y la disposición de
un área de valor ecológico. Con ello, dejan fuera la petición de varios
Estados miembros, incluido España, de incluir un 'menú' más amplio de
medidas, pero introducen una mayor flexibilidad y plantean que se
reconozcan medidas "equivalentes" que ya cumplen muchos productores.
Pero esta flexibilidad abre la puerta a una "doble financiación"
de determinadas prácticas medioambientales, al permitir el cobro del
'pago verde' y de fondos de desarrollo rural por una misma actividad,
que enfrenta a los grupos.
Una mayoría de eurodiputados justifica esta posibilidad para
evitar que agricultores abandonen determinadas acciones 'ecológicas'
porque no se vean recogidas por el 'greening', pero el socialista
portugués responsable del informe sobre este asunto, Luis Manuel
Capoulas Santos, ha dejado claro en un debate el martes que su grupo
votará en contra de esta posibilidad porque la considera "inaceptable" e
"inmoral".
Otra de las iniciativas que ha defendido Bruselas para tratar de
justificar mejor el gasto agrícola a ojos del contribuyente europeo y
que cuenta con el respaldo mayoritario de los eurodiputados es la de
definir con claridad la figura de "agricultor activo" para evitar
productores 'de salón' que reciben subsidios pese a no tener actividad
agraria.
También gusta a los eurodiputados la idea de fijar un techo máximo
a las ayudas anuales que pueda recibir cada explotación y que Bruselas
propone limitar a 300.000 euros, aunque teniendo en cuenta factores
socioeconómicos al calcular los montos. Los eurodiputados apoyan esta
medida históricamente defendida por la Comisión y frenada por los
Estados miembros, aunque grupos como el de los Verdes apuesta por
rebajar a 100.000 euros el subsidio máximo.
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