El Partido Popular aceptará este jueves en el Pleno del Congreso
la petición de los grupos de la oposición, entre los que se encuentra el
PSOE, de tramitar como proyecto de ley, sujeto a cambios, el decreto ley de medidas urgentes
en materia de medio ambiente, que incluye la centralización de las
competencias hidráulicas en materia sancionadora, según informaron a
Europa Press fuentes parlamentarias.
Este decreto ley de medidas urgentes en materia de medio ambiente fue aprobado en Consejo de Ministros a finales de abril, y el Gobierno ha justificado dichas medidas ante "el desorden legal" existente en la normativa española.
Entre otras medidas, este plantea una modificación de la Ley de Aguas, de forma que el Estado recupera la competencia sancionadora en la materia (policía hidráulica) en las confederaciones hidrográficas de las cuencas intercomunitarias.
Asimismo, también incorpora una disposición específica para la cesión de derechos
en el ámbito territorial del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya
aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita
mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y
una reordenación de los derechos de uso de las aguas, tendente a la
recuperación de acuíferos.
En materia de protección ambiental, plantea una modificación en la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad,
con la que se pretende coordinar y simplificar las distintas figuras de
protección que rigen sobre una misma hectárea. En concreto, simplifica
el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta
directamente a la Red Natura 2000, para que usuarios y municipios
"tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en
cada zona.
En materia de residuos, el decreto cambia el sistema de
notificaciones de traslados de residuos puesto que, en muchos casos,
señala que este transporte pasa por varias comunidades autónomas y se
necesitaba de un permiso notificado de cada una de ellas.
Referente a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR),
se precisa el alcance de estos sistemas con el objetivo de evitar
"imprecisiones, incoherencias e interpretaciones".
SUBASTAS DE DERECHOS DE EMISIÓN
Finalmente, según los cálculos del Gobierno recogidos en la
memoria aneja al decreto ley, a la que ha tenido acceso Europa Press,
España podría ingresar de 1.010 a 1.515 millones de euros anuales por
participar en las subastas mundiales de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
En concreto, este decreto incorpora la normativa europea y modifica así la de 1988 de Mercado de Valores,
de forma que España pueda acceder a participar en las subastas de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y en consecuencia,
cumplir los compromisos adquiridos en el protocolo de Kyoto, según explica la norma.
Es más, especifica que tales modificaciones consisten en someter
al control de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los
productos no financieros, como los contratos de contado a dos días, de
las subastas de derechos de emisión, que comenzarán en el segundo
semestre de este año, al mismo tiempo que otorga a la CNMV regular la
competencia sancionadora en la materia.
A modo global, el Ejecutivo detalla que, desde el punto de vista
de los Presupuestos, el decreto en sí implica un ingreso y a la vez una
reducción de las cargas administrativas. "No suponen un incremento de
gastos y sí se espera una aportación de beneficios directos, si bien no
es posible cuantificar los mismos", puntualiza.
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