Las comunidades aymara que habitan en los alrededores del valle de
Azapa denunciaron la presencia de millones de toneladas de plomo,
cianuro, arsénico, cadmio, aluminio y otros metales pesados nocivos para
la salud, que estarían cerca de los afluentes de la cuenca hidrográfica
del río San José y trasladarían estos elementos tóxicos hasta Arica.
Esta situación vulnera garantías constitucionales como el derecho a
la vida, a vivir en un ambiente libre de contaminación, la protección de
la salud que debe garantizar el Estado y atenta también contra normas
internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
Así lo indicó César Huanca, presidente del Consejo Territorial de
Chapiquiña, quien agregó que “nuestra preocupación, como comunidad
indígena, es primero defender los derechos y, a la vez, proteger la
naturaleza donde estamos habitando por miles de años. Pero la
contaminación de Copaquilla es realmente alarmante, porque no solamente
afecta a nuestras comunidades, que ya han sido discriminadas por la
política de Estado, ya que no hay una preocupación real por estos
territorios”.
Los comuneros rechazaron las expresiones de Francisca Buitano, seremi
de Medio Ambiente, y la declaración emitida por el seremi de Salud,
Luis Sandrock, sobre la inexistencia de contaminación sobre la cuenca de
Copaquilla, lo que se contradice con el informe de la Brigada
Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente (BIDEMA) y otro
informe del Colegio Médico.
Este último documento fue realizado por el toxicólogo de la
Universidad de Chile, Andrei Tchernichin, quien confirmó la presencia de
metales pesados en el sector y el temor de los dirigentes aymara:
“Tomamos muestras en el valle de Azapa y encontramos arsénico por diez
veces la norma. También encontramos arsénico en Livilcar, que queda por
debajo de Copaquilla, también superando en diez veces la norma chilena.
El riesgo es que las napas contaminadas, a la larga, contaminen todo el
valle de Azapa”, explicó.
El especialista añadió que el arsénico produce cáncer al pulmón, a la
vejiga, al riñón, al hígado y cáncer a la piel. Además, añadió que la
exposición a los primeros años aumenta la moralidad por bronquitis y
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
El conflicto no es nuevo, sino que data de unos 20 años. En este
contexto, los dirigentes enviaron misivas a la ministra de Medio
Ambiente, María Ignacia Benítez, pero no han tenido respuestas.
También entregaron a la Contraloría Regional información sobre la
contaminación de la cuenca, pero aseguran que las autoridades no los han
escuchado.
“Dijeron que iban a tomar medidas, pero ya estamos en 2012 y ni
siquiera vemos una medida de reparación o para sacar estos relaves y
llevarlos a un sitio más seguro, donde no contaminen el medio ambiente y
los recursos hídricos. Creemos que la autoridad no está cumpliendo, hay
abandono de deberes y se estaría vulnerando la ley, entonces la
situación es grave”, señaló el presidente de la Coordinadora Aymara en
Defensa de los Recursos Naturales, Richard Fernández.
Los dirigentes afirmaron que seguirán adelante con las denuncias y
enviarán una misiva al Presidente Sebastián Piñera solicitándole que
tome medidas urgentes.
También se dirigirá la información al Consejo de Defensa del Estado
(CDE), al Relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, al Alto
Comisionado de los Derechos Humanos, a la Organización Internacional
del Trabajo, al Consejo de Derechos Humanos, a la Convención sobre el
Racismo, Xenofobia y Formas de Intolerancia y a las Comisiones de Medio
Ambiente y Derechos Humanos de la Cámara y el Senado.
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