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Anpier, la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos, considera una
burla que las empresas eléctricas se consideren víctimas de la reforma
cuando en 2013, en un escenario económico calamitoso, han incrementado
su valor bursátil de manera sorprendente: Iberdrola 15,23 %;
Endesa 24,13 %; Gas Natural 39,14 %. Por el contario, los activos
fotovoltaicos han perdido más de un 50% de su valor en este mismo
periodo y los productores, asfixiados por los bancos, ni son
recibidos por el Ministro de Industria, ni se les ofrece ninguna
solución que les permita la viabilidad de unas plantas que fueron
instaladas por 55.000 familias españolas que, animadas por el Estado, y
con la garantía de un Boletín Oficial del Estado, hipotecaron
sus propios hogares y ahora sólo gozan de la consideración de los fondos
buitres, que pugnan por adquirir las instalaciones por el precio de su
deuda. Estos escenarios tan diferentes, evidencian el resultado previsto
con la aplicación de la nueva Ley del Sector Eléctrico.
Sin embargo, el oligopolio de compañías que dominan el sistema
eléctrico español ha logrado, una vez más, que el Gobierno les otorgue
el aval del Estado para titulizar el déficit de tarifa que se ha
generado en 2013. Esto supone que se mantiene tanto el actual sistema de formación de precios de la energía, que incrementa desorbitadamente los precios reales, como la forma de pago, que garantiza el cobro con la garantía del Estado, es decir que lo tendrán que abonar los contribuyentes. De esta manera se perpetua el curioso mecanismo de precios y pagos y la singularidad de ser el país de Europa que paga más cara la electricidad y que, sin embargo, acumula, además, un déficit de tarifa que excede los 30.000 millones de Euros, lo que equivale a 600 Euros por español.
Las eléctricas han trasladado a la sociedad, también con la “garantía del Estado”, que las energías renovables son las causantes del déficit tarifario, para expulsar del mercado a unas tecnologías que no engrosan sus balances y que en el futuro amenazan la propia viabilidad de sus compañías, puesto que cada pueblo, fábrica u hogar podría llegar a autoabastecerse, lo que supondría para estas empresas, por ejemplo, una pérdida de hasta de 2.000 € por familia y año.
La alternativa que ofrecen estás compañías, con la “garantía del
Estado”, es un abastecimiento eléctrico no distribuido, sino controlado
por un monopolio formado por cinco empresas que, para mantener su
hegemonía, tratan de imponer unas tecnologías basadas en combustibles
fósiles, como el gas, procedentes de países asiáticos.
Este modelo es sólo rentable para unos pocos y condena a nuestro país a una dependencia del exterior absolutamente innecesaria, sobre la que no se ha pronunciado el Ministro de Asuntos exteriores, José
Manuel García-Margallo, que parece haberse olvidado de que las
implicaciones geopolíticas que supone carecer de una soberanía
energética factible, en el caso de España a través de la fotovoltaica,
como propugna la Unión Europea y la propia lógica; en esa dirección
avanza Alemania, que está blindando el bienestar y la independencia de
su ciudadanía a través de la tecnología fotovoltaica, a pesar de las
pírricas horas de sol con las que cuentan en el norte de Europa. Los
alemanes han instalado en 2012 más paneles que España en toda su
historia y en 2013 han mantenido la progresión.
La ausencia del criterio del Ministerio de Exteriores resulta tan
sorprendente como que el responsable de la cartera que comprende Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, nada haya dicho sobre el modelo
energético fósil hacía el que nos orienta el Gobierno y sus
implicaciones para el entorno. Sin entrar en otras
consideraciones vinculadas al desarrollo rural, también de gran calado,
puesto que las renovables generan empleo y riqueza precisamente en las
zonas más desfavorecidas y con mayor índice de desempleo del país.
Anpier considera que la reforma del sector eléctrico debe de
contar ya no sólo con el apoyo de la mayoría de las fuerzas
parlamentarias y territorios que conforman el Estado, al tratarse una política esencial para el futuro de la ciudadanía, sino también con la coordinación y la implicación al máximo nivel de las carteras afectadas en mayor o menor medida,
como Exteriores, Agricultura y Medioambiente, Economía, Hacienda,
Empleo, Sanidad e, incluso, Defensa. Un escenario muy alejado del que
estamos contemplando, donde un Secretario de Estado de Energía, Alberto
Nadal, articula con secretismo, un nuevo modelo energético esencial para
nuestro futuro como país, que gusta sólo a unos pocos.
