El Consejo de
Ministros ha aprobado una resolución en la que selecciona al municipio
conquense de Villar de Cañas para albergar el almacén temporal
centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y
combustible gastado del parque atómico español y su complementario
centro tecnológico.
ECOticias.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez
de Santa María, en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros, en donde ha subrayado que se trataba de una decisión que se
venía demorando 7 años --desde que el Congreso de los Diputados instó
en 2004 al Ejecutivo a iniciar el proyecto--, y que el nuevo equipo ha
tomado en su segundo consejo de Ministros. A este respecto, la
vicepresidenta ha añadido que por cada día que desde 2011 no se
construye el ATC a España le cuesta 60.000 euros diarios.
Según el Gobierno, la decisión se ha tomado tras analizar "en
profundidad" el informe sobre las candidaturas que fue elaborado por la
Comisión Interministerial que se creó para seleccionar el emplazamiento
del ATC.
Ahora, una vez elegido el emplazamiento, el Gobierno iniciará los
trámites para la construcción del proyecto, que incluirá la obtención
de las correspondientes autorizaciones nucleares y medioambientales.
El ATC es una instalación que el Gobierno estima "indispensable"
en un país con centrales nucleares y que se trata de la solución "más
segura y económica" para tratar unos residuos que comenzaron a generarse
en 1968, cuando se puso en marcha la primera central atómica, la de
José Cabrera (Guadalajara) --en estos momentos en fase de
desmantelamiento--
Para el Ejecutivo "se trata de dar ahora una solución cabal a un
problema anterior, el de los residuos radiactivos, que vienen
generándose hace décadas y que se seguirán generando en los próximos
años, pues en la actualidad España no está en condiciones de prescindir
de la energía nuclear".
Respecto al informe, recuerda que cualquiera de los ocho
emplazamientos analizados y finalistas eran "aptos" para albergar la
instalación y añade que para redactar el informe se han tenido en cuenta
distintos parámetros, como los terrenos ofertados, el apoyo al
proyecto, la situación geográfica y el impacto social y económico en la
zona.
VALORA EL IMPACTO ECONÓMICO POSITIVO
De este modo, el Gobierno "teniendo en cuenta todos estos
requisitos" considera que la candidatura del municipio de Villar de
Cañas reúne "todas las características técnicas exigidas" para este tipo
de emplazamiento y el entorno tiene una tasa de paro elevada, por lo
que el proyecto tendrá un impacto socioeconómico positivo.
Concretamente, señala que Villar de Cañas obtuvo la calificación
de MB (Muy Bueno) en apartados como extensión y geometría, topografía,
geotecnia, sismicidad, meteorología, hidrología, instalaciones de riesgo
alrededor, zonas de interés estratégico o distancias a núcleos
principales. El parámetro de contribución de los ayuntamientos también
ha obtenido una alta calificación.
Por otro lado, valora que el proceso de selección del
emplazamiento para el ATC ha sido "en todo momento transparente y
público" ya que el 29 de diciembre de 2009 se abrió el plazo de
presentación de candidaturas, en el que se postularon 13 municipios, de
los que fueron admitidos 8 y descartados 5 por errores de forma o
presentación fuera de plazo.
Posteriormente, una vez analizado el término municipal de los
candidatos definitivos y después del trámite se comunicó los afectados
las zonas no aptas para albergar el ATC y su centro tecnológico.
En este contexto, se calificaron de "no aptas" las áreas que
formaban parte de la Red Europea de la Conservación de la Naturaleza,
Natura 2000, incluyendo Parques Nacionales, Parques Naturales y otras
figuras equivalentes cuya gestión corresponde a las Comunidades
Autónomas, los Lugares de Importancia Comunitaria (LICS) y las Zonas de
Especial Protección de Aves (ZEPAS).
Igualmente, quedaron excluidas las zonas protegidas del Ministerio
de Defensa, Montes de Utilidad Pública y terrenos que formasen parte
de la Red Española de Vías Pecuarias, así como áreas en las que existan
elementos de interés patrimonial y emplazamientos que requirieran que
el transporte se lleve a cabo necesariamente por vía aérea o marítima.
A continuación, se abrió el trámite de alegaciones e información
pública del procedimiento para que todos los interesados puedan exponer
su posición ante cada una de las candidaturas existentes y finalmente,
la Comisión Interministerial estudió los terrenos propuestos y elaboró
el informe de propuesta que ha analizado este viernes el Consejo de
Ministros para designar el emplazamiento del ATC.
Hace algo más de un año, el anterior Gobierno también estudió la
propuesta presentada por el entonces ministro de Industria Miguel
Sebastián, aunque la opción planteada, Zarra (Valencia) se quedó sobre
la mesa por no haber acuerdo entre el Consejo de Ministros.
HISTORIA DEL PROYECTO
El proyecto de ATC se contempla en el Plan General de Residuos
Radiactivos vigente, que apunta a un almacenamiento de estos residuos en
una solución centralizada que atienda a las consideraciones
estratégicas, técnicas, económicas y de seguridad.
Así, la instalación ha sido considerada también la "mejor opción
según la opinión mayoritaria de los componentes de la Mesa de Diálogo
sobre la evolución de la energía nuclear", que se celebró entre
noviembre de 2005 y mayo de 2006.
En el contexto parlamentario, el 14 de diciembre de 2004 la
comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados
aprobó por unanimidad una resolución que instaba al Gobierno a
desarrollar, con la colaboración de ENRESA, los criterios para construir
en España un Almacén Temporal Centralizado.
Dos años más tarde, el 27 de julio de 2006, la práctica totalidad
de grupos parlamentarios aprobó en la Comisión de Industria del
Congreso una Proposición no de Ley para al establecimiento de una
Comisión Interministerial para establecer los criterios que deberá
cumplir el emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado.
El proyecto consiste en la construcción de un ATC para el
almacenamiento en seco, durante un periodo de 60 años, del combustible
gastado y residuos vitrificados de alta actividad, y un centro
tecnológico que facilitará las actividades necesarias para el
asentamiento de empresas. Asimismo, como apoyo a estas dos instalaciones
el proyecto contará con las infraestructuras necesarias para el
asentamiento de empresas, para lo que se prevé inicialmente una
superficie de unas 5 hectáreas.
La previsión de inversión total es de unos 700 millones de euros.
Para la construcción de las instalaciones se estima un promedio diario
de unos 300 trabajadores durante los cinco años de la primera etapa,
con algún pico de hasta 500 trabajadores.
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