El negro balance medioambiental 2011

Una institucionalidad a medias, un aumento de la contaminación y la indefinición de políticas a nivel país son las principales deudas del gobierno.

Coja quedó nuestra institucionalidad ambiental este 2011 ante la falta de aprobación de los esperados Tribunales Ambientales, que implicó que a más de un año de su entrada en vigencia, no se recupere la capacidad fiscalizadora y sancionatoria, ni se creen las normativas necesarias para establecer el llamado “delito ambiental”.

Esta fue una de las principales críticas que emanaron desde todos los sectores a la gestión en la materia. El diputado DC Patricio Vallespín, miembro de la comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja, afirmó que, pese a ser una pieza clave de la nueva institucionalidad, no fue considerada entre las prioridades a tramitar en el Congreso.

“Efectivamente el gobierno no otorgó la urgencia necesaria para terminar con la institucionalidad ambiental, que tenía cuatro grandes soportes: el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Superintendencia y los tribunales. Desgraciadamente el gobierno nunca de dio la urgencia necesaria a esto y hoy tenemos una Superintendencia que está implementada, pero vedada de poder actuar”, sostuvo el parlamentario.

Para el diputado esto es un “retraso inexcusable”, al igual que la falta de una mirada clara sobre cómo reducir gases efecto invernadero y la indefinición de gobierno en esa materia. Vallespín afirmó que, si bien se han dictado normas como la del material particulado 2,5 o la que regula las fundiciones termoeléctricas, también se han aprobado proyectos aberrantes en materia medioambiental.

Por lo mismo, la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, advirtió que la contaminación a gran escala es el sello de este 2011.

“Es un año donde hemos visto sucesivos episodios de contaminación. El caso más emblemático sin duda es la escuela La Greda , pero también está lo que pasó en la planta de Pureo y Paipote. Yo diría que este fue el año de la polución, que pasa de ser la atmosférica de la Región Metropolitana a ser de las empresas y de la contaminación genética como la de la miel contaminada con polen transgénico que fue rechazada en Europa”, comentó Liberona.

La ambientalista añadió que otro de los sellos de esta administración ha sido alinearse con las firmas, sin escuchar a la ciudadanía. “Piñera se presentó como un candidato verde, pero hoy podemos decir que su gestión ambiental ha sido muy mala”, afirmó.

Sin embargo el director de Greenpeace, Matías Asún, advirtió que no todo ha sido perdido.

“Ha sido un buen año en términos de un malestar social que todavía tiene que madurar, pero que ha permitido ir vinculando la justicia social con la recuperación medioambiental y con defensa patrimonial. Chile ha empezado a entender que la superación de la pobreza, de las desigualdades e inequidades no es solo un problema de las grandes ciudades o de quienes tienen más recursos económicos sino que trasciende a todo Chile y eso ha quedado marcado este año”, afirmó el dirigente.

Y si bien Asún señaló que las autoridades no están haciendo eco de las demandas, la presión social aumenta. En este sentido llaman a las autoridades a no ceder en su compromiso de establecer por ley la necesidad de contar con 20 por ciento de la matriz energética en energías renovables no convencionales para el año 2020.