El alto precio del oro desencadena una catástrofe en la selva peruana

Mientras el precio del oro se dispara en los mercados internacionales, una “zona muerta” se extiende por el sur del bosque húmedo peruano. Los turistas que viajan a Manu o Tambopata, las joyas de la corona de los parques nacionales amazónicos, pueden ver desde el aire un paisaje lunar, fangoso, lleno de cráteres… seguido de otro similar… y luego otro… y uno más… Todo ello en la región de la que los peruanos afirman con orgullo es la capital de la biodiversidad nacional.

La minería aluvial de oro en el Amazonas probablemente se remonte a un tiempo anterior a los Incas. Los mineros modernos, sin embargo, usan equipos de succión motorizados, enormes dragadoras flotantes y mangueras que alteran el paisaje de una forma que carece de precedentes históricos. Las cicatrices causadas por la minería en la región pueden ser vistas desde el espacio.

Fuentes cercanas al Ministerio del Ambiente del Perú afirman que el gobierno está considerando declarar una emergencia ecológica en la región, aunque las medidas de emergencia aprobadas hace dos años no fueron suficientes para contener la destrucción, y algunos observadores dudan que un nuevo decreto vaya a tener impacto alguno.

Vista aérea de la mina de oro del río Huepetuhue en Perú. Más fotografías sobre la minería del oro en Perú..

Mientras tanto, el 1 de octubre un juez del estado en Madre de Dios, la región suroriental donde se encuentra el epicentro de la minería ilegal (o “informal”) en Perú, ordenó la detención del congresista Amado Romero, miembro del partido del presidente Ollanta Humala, por crímenes ambientales ligados a la minería ilegal.

El precio del oro ha subido considerablemente en los últimos años y los mineros se han ido moviendo desde los yacimientos antiguos en Madre de Dios a las nuevas regiones mineras. Una vez allí, reclaman concesiones de explotación y comienzan a trabajar aun antes de tener los permisos ambientales necesarios. Este año los mineros han ocupado una vasta región en la zona de seguridad de la Reserva Natural de Tambopata, en el corazón de una de las principales zonas ecoturísticas de Madre de Dios. Algunos incluso se han aventurado al interior mismo de la reserva.

La fiebre del oro ha llegado río arriba también, donde los operarios drenan pequeñas montañas de sedimentos a lo largo de ríos que atraviesan el denso bosque nublado del piedemonte andino, uno de los lugares de mayores diversidad –y menos estudiados– del planeta.


Diversidad ignota… y en peligro

El corredor que atraviesa desde las alturas de los Andes hasta las tierras bajas del Amazonas tiene una gran diversidad de especies, y en gran número, y también una enorme cantidad de endémicas, esto es, especies que no se encuentran en ningún otro lugar. Así lo afirma Kenneth Young, un botánico y biogeógrafo de la Universidad de Texas (Austin) que ha pasado décadas estudiando bosques de montaña.

Río en una zona minera, Amazonía peruana.

“Al ascender por las laderas, de repente, entre 700 y 1500 metros, te encuentras con un área donde la flora del bosque nublado se funde con la flora del bosque amazónico, y ahí también podemos encontrar cosas únicas”.

La falta de carreteras hace difícil –y caro– llevar a cabo investigaciones en las laderas orientales de los Andes. La información que existe proviene de unos cuantos estudios someros en los que los científicos llegaron en helicóptero a zonas remotas, o bien de estudios a largo plazo en lugares cercanos a las pocas carreteras transitables.

“Esta región está a menudo cubierta por un manto de nubes. La ciencia apenas la conoce. Sólo hay caminos en lugares muy específicos”, afirma el ecólogo tropical Gregory Asner del Instituto Carnegie para la Ciencia, de la Universidad de Stanford. “No conocemos la composición de los ecosistemas. No sabemos cómo están hechos”.

Los ecologistas, en efecto, podrían perder su oportunidad de saber más acerca de lugares de importancia en el bosque ecuatorial. La deforestación se ha incrementado a medida que la minería desplazaba a la agricultura como el principal motor de la deforestación en la región suroriental de Madre de Dios.

Una simple gráfica de los precios del oro en las últimas tres décadas cuenta la historia con claridad. A mediados de los años 70, el oro se vendía en los mercados internacionales a menos de $200 la onza (una onza equivale a 28,35 gramos). Un incremento agudo a comienzos de la década de 1980 –llegó a valer más de $800 la onza en un determinado momento, antes de circundar la región de los $600– produjo una fiebre del oro, que además vino acompañada de acusaciones de trabajo infantil en la difícil, sucia y peligrosa persecución del preciado metal.

Hace un lustro, el precio del oro comenzó a subir como la espuma, desde los $400/onza en 2005 hasta casi los $1.900 a finales de agosto de 2011, antes de caer a sus niveles actuales, en torno a los $1.600.




With prices under $400 in the late 1990s and the first years of this century, the gold rush petered out, although areas like Huepetuhue – which shows up as a white blotch on satellite photos – and Laberinto remained mining centers.

Eso hace la minería del oro más lucrativa que –literalmente– cualquier otro trabajo, especialmente para obreros no especializados. Se cuentan unos 200 migrantes diarios en el Madre de Dios, provenientes de otras partes de Perú, de acuerdo con las autoridades del gobierno regional. Entre 1993 y 2007, la población de la región creció un 3,5 por ciento anual, la tasa más alta del país, según las estadísticas del Censo de Perú.


El precio del oro, la deforestación y las importaciones de mercurio van de la mano

El creciente precio del oro y la llegada de los prospectores han estado acompañados de un aumento de la deforestación y otros problemas ambientales. Un estudio de investigadores franceses, estadounidenses y peruanos, publicado en abril, indicó una correlación entre los precios del oro, la deforestación y las importaciones peruanas de mercurio. Este material es usado por los mineros para separar el metal precioso del sedimento aluvial.

Imagen de satélite (Google Earth) de la mina de oro de Río Huepetuhue en Perú.

Mientras que los precios del oro se han incrementado un 18 por ciento cada año durante la pasada década, los científicos han determinado que la deforestación en regiones mineras se ha sextuplicado, de 292 hectáreas anuales de media entre 2003 y 2006, a 1.915 entre 2006 y 2009.

Tales tasas de deforestación podrían hacer descarrilar los planes de Perú de conseguir fondos de los programas REDD y REDD+ de almacenamiento de carbono, si el país no garantiza que sus bosques continuarán intactos.

Las marismas de palmeras son lugares frecuentados por los mineros. Aunque difíciles de alcanzar, proveen una fuente de agua constante para operar las mangueras a presión que los mineros usan para crear enormes cráteres en la jungla, dejando así al descubierto la roca base donde el oro de los Andes llegó arrastrado por el río hace millones de años. A través del paisaje, las marismas están salteadas con manchas marrones: donde los mineros han ido creando sus hoyos, de hasta 20 o 30 pies de profundidad.

La minería en marismas de palma puede resultar incluso más peligrosa para el equilibrio del carbono de Perú, ya que varios estudios indican que la turba de esos lugares podría contener las concentraciones más altas de ese elemento químico. La minería, pues, no sólo aparta a Perú de sus cálculos sobre el almacenamiento de carbono, sino que también podría emitir grandes cantidades de gases de efecto invernadero.

Luis Fernández (right) measures fish in the Puerto Maldonado market before buying them to test for mercury accumulation. Luis Fernández (izquierda) y Calvin Whitfield instalan filtros para capturar y medir el mercurio emitido cuando el oro se recalienta en las tiendas con el fin de vaporizar el mercurio. Fotos de Barbara Fraser.

Los bosques de la región no son las únicas víctimas de la minería ilegal. El estudio publicado en abril por Jennifer Swenson, de la Universidad de Duke, y sus colegas, junto con la Escuela Francesa de Ingenieros y Trabajos Agrícolas y CESEL Ingenieros de Lima, determinó que las importaciones de mercurio en Perú habían crecido paralelamente a los precios del oro y la tasa de deforestación.

Los mineros usan el mercurio para amalgamar el oro, separándolo del sedimento. A continuación, calientan la amalgama, generalmente sobre una llama, para vaporizar el mercurio. Cuando venden un trozo de oro en una tienda de Puerto Maldonado o en una ciudad de menor tamaño, un empleado de la tienda vuelve a calentar el oro, con el fin de evitar pagar al minero por el precio residual del mercurio.

Los mineros dejan escapar mercurio sobre el suelo y en las corrientes de agua durante la amalgación. Además, no sólo los trabajadores de los yacimientos, sino también el personal de las tiendas de oro y todo el que se encuentre cerca, respira el vapor de mercurio. Luis Fernández, un ecólogo tropical del Instituto Carnegie para la Ciencia de la Universidad de Stanford, ha advertido que hay altos niveles de mercurio en algunos peces del mercado Puerto Maldonado , así como en el aire dentro y fuera de las tiendas de oro de la ciudad.


Faltan leyes y quienes las impongan

En un esfuerzo por salvaguardar los bosques de Madre de Dios, el primer ministro ambiental peruano, Antonio Brack, quien dejó su cargo en julio cuando el nuevo gobierno comenzó su andadura, se enfrentó al asunto sin rodeos y llamó a los mineros “ilegales”.

La mayoría, de hecho, tiene concesiones legales, aunque sólo un puñado cumple con todos los requisitos para operar. Estos incluyen la aprobación de estudios sobre impacto ambiental. Los mineros se quejan de que el proceso de conseguir la sanción ecológica es imposiblemente lento, algo que las autoridades regionales reconocen también. En lugar de esperar meses o años para conseguirlo, los mineros comienzan a trabajar tan pronto como hacen la petición, a sabiendas de que el gobierno no tiene los medios para, y quizás tampoco la voluntad de, imponer la ley.

La situación se complica todavía más a causa de que es el gobierno regional el que cuenta con el poder para otorgar pequeñas concesiones mineras, mientras que el gobierno nacional otorga concesiones para otras actividades, tales como la agricultura, la recolección de nueces de Brasil, la tala y el ecoturismo.

La mina de Guacamayo y el bosque prístino que la rodea en el Amazonas peruano. Fotos de Rhett A. Butler.

El resultado es un puzzle de peticiones de explotación, muchas de ellas sobre terrenos superpuestos, que casi resulta imposible de solucionar. Los observadores llevan mucho tiempo pidiendo un plan de uso del terreno en la región; y aunque planes ha habido desde los años 70, estos nunca se han llevado a la práctica.

Lo que complica aún más las cosas es la atmósfera anárquica y fronteriza que se respira en la región del Madre de Dios. Allí imperan la tala ilegal, la minería ilegal y el contrabando de drogas y otros productos a lo largo de la recientemente pavimentada carretera. Y esta, claro, facilita el transporte del equipamiento minero.

Brack intentó imponer un orden en este caos, mediante la promulgación de un “decreto urgente” en enero de 2010, que ilegalizaba las enormes dragadoras que operan en los ríos de la región, a la vez que limitaba las operaciones a la región del río Madre de Dios, donde se concentran la mayoría de peticiones y concesiones.

El decreto también suspendía las concesiones de nuevas tierras durante un año. Tan pronto como expiró esta prohibición, sin embargo, los mineros hicieron cola en la oficina regional de Puerto Maldonado, la capital de Madre de Dios, para hacer sus peticiones. Uno de los resultados de este nuevo impulso fue la creación de una nueva zona minera: una región plagada de cráteres que no aparecía en las imágenes de satélite hace tan solo 15 meses.

La nueva zona se encuentra a unas millas de, y está paralela a, otra franja devastada, llamada Guacamayo, donde la extracción minera comenzó hacia 2007. En 2010, el depósito aurífero de Guacamayo, muy superficial, se había agotado, y lo que quedaba era un barrizal lleno de piscinas de agua, y por supuesto deforestado. Entonces los mineros se fueron en busca de nuevos yacimientos. Algunos llegaron al nuevo depósito, que corre paralelo a Guacamayo, mientras que otros cruzaron la Carretera Interoceánica en dirección a la Reserva de Tambopata, y se establecieron en sus límites, a lo largo del río Malinowsky.




Los intentos de control encuentran resistencia

Todo empeño de expulsar a los mineros del área protegida ha tenido un éxito limitado. Cuando la policía o los enviados del poder judicial llegan a los campos de explotación, los encuentran vacíos… o se encuentran ellos mismos rodeados de mineros enfurecidos, machete en mano. Si destruyen el equipo, los trabajadores sencillamente los reemplazan.

Ya que la minería y los servicios que la apoyan –desde el transporte de alimentos hasta las transferencias de dinero a pequeñas poblaciones del altiplano– mueven la economía de Madre de Dios, cualquier intento de regular la situación encuentra una encendida resistencia.

Esto fue así también durante el último gobierno, cuando se hizo público un decreto que limitaba la zona minera e ilegalizaba las dragadoras en los ríos. Seguramente haya más resistencia ahora, ya que la región votó en masa al nuevo presidente peruano, Ollanta Humala, quien tomó posesión de su cargo el pasado 28 de julio.

Antes de ser elegido para representar a Madre de Dios en el Congreso peruano, Amado Romero era el líder de la federación regional de mineros y lideró las protestas contra el decreto y el entonces Ministro del Ambiente Antonio Brack. En agosto, Romero introdujo legislación en el Congreso para tratar de revocar el decreto. Varios medios de información peruanos entonces afirmaron que Romero operaba varias explotaciones ilegales en Madre de Dios: habría recibido dinero de mineros “invitados”, quienes pagaban un porcentaje de sus beneficios diarios a cambio de trabajar en su feudo.

Calvin Whitfield, un técnico miembro del equipo EPA, instala filtros para capturar y medir las emisiones de mercurio en una chimenea, dentro de una tienda de oro en Madre de Dios. Foto de Barbara Fraser.

A raíz de este escándalo, la coalición Humala Gana Perú suspendió a Romero. Mientras, una comisión todavía le investiga a causa de la supuesta actividad ilegal y los conflictos de interés. El 1 de octubre, un juez especial en Madre de Dios ordenó la detención de Romero, acusado de “crímenes ambientales” relacionados con sus actividades mineras.

Fuentes cercanas al Ministerio del Ambiente indicaron a finales de septiembre que el gobierno estaba considerando declarar una emergencia ecológica en Madre de Dios. Otros países amazónicos –incluyendo Bolivia y Ecuador– han enviado tropas para desalojar a los mineros ilegales. La medida peruana, de llevarse a cabo, no sería tan extrema, especialmente debido a que una buena parte de la base electoral del gobierno proviene de regiones como Madre de Dios y la vecina Puno, donde decenas de miles de personas trabajan como mineros de oro itinerantes.

Por ley, todo decreto de emergencia ambiental debe ir acompañado de un plan para solucionar el problema. Cualquier plan aplicado al caso de Madre de Dios habría conllevado la intervención de una larga lista de agencias gubernamentales, incluyendo a los ministerios de Ambiente, Salud, Educación, Transporte, Trabajo y Energía, y Minas, así como la Policía y el Poder Judicial, las autoridades dedicadas a la recolección de impuestos y, por fin, el gobierno regional.

El biólogo Ernesto Raez, director del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia de Lima, afirma que un decreto de emergencia no resolverá el problema del abandono de Madre de Dios por parte del gobierno. Allí, los camiones descargan gasolina de contrabando en los campos mineros a plena luz del día, mientras que mujeres menores de edad son traficadas en redes de prostitución, y no existe control sobre la maquinaria pesada que entra en la región a lo largo de la única carretera de importancia.

En lugar de aprobar medidas de emergencia, argumenta Raez, el gobierno debería comenzar por obligar al cumplimiento de la ley, lo cual requeriría tanto voluntad política como adjudicaciones de fondos públicos.

“No hay necesidad de ningún tipo de decreto legal”, dice Raez. “Lo que hace falta es la acción de las autoridades, y esta debe apoyarse en la ley”.

La autora: Barbara Fraser Barbara Fraser es una periodista freelance que vive y trabaja en Lima, Perú. Sus escritos han aparecido en EcoAmericas, The Daily Climate, The Lancet, Environmental Science & Technology, Environmental Health News, Science World, National Catholic Reporter, Catholic News Service y otras publicaciones. También trabajó durante siete años en calidad de directora y editora en lengua inglesa de Latinamerica Press, un boletín bilingüe de noticias y análisis desde Latinoamérica y el Caribe. Ha ganado el Premio Eioleen Egan por sus escritos sobre temas humanitarios, en la categoría de “circulación nacional”, en 2004, 2007 y 2010. Barbara es miembro de la Society of Environmental Journalists, la Association of Science Writers y the Foreign Press Association de Perú.