La Fiscalía de Chile informa de que en febrero próximo solicitará la
formalización de un grupo de civiles y militares por su responsabilidad
en la fallida alerta del tsunami de 2010. El proceso empezará casi dos
años después de que el terremoto de 8,8 grados de magnitud en la escala
de Richter y el posterior tsunami dejaran un saldo de 524 muertos,
800.000 damnificados y 30.000 millones de dólares en pérdidas, según la
cifra oficial.
La Fiscalía no entregó los nombres de los imputados, pero comunicó:
"Efectivamente hay responsabilidades que determinan un delito que podría
ser compartido. Esa es la convicción nuestra a través de la
investigación". Detalló que se ha definido un núcleo de personas que
serán procesadas y que la audiencia tendrá lugar tras concluirse los
estudios de los fiscales y preparar el informe final de la Policía de
Investigaciones.
Para el caso se ha tomado declaración en calidad de imputados a los ex
ministros Edmundo Pérez Yoma y Francisco Vidal, al ex subsecretario
Patricio Rosende y a la ex directora de la Oficina Nacional de
Emergencia (Onemi) Carmen Fernández, así como a personal del Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.
Fernández dijo en sus declaraciones por radio, fuerte y claro, la frase
"se repite, se repite, descartada posibilidad de tsunami". "A lo menos,
tres veces el operador del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la
Armada dijo no hay probabilidad de tsunami", enfatizó.
Según reclaman los afectados por la catástrofe, este anuncio aumentó
mucho el número de víctimas mortales. Tras el sismo, la gente buscó
refugio en los cerros vecinos pero, al escuchar que la alerta de tsunami
era descartada, bajaron a sus casas para buscar sus cosas.
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