El caso del Dibromo Cloropropano (DBCP) es un ejemplo –un triste, a
la vez que nítido, ejemplo– del poco valor que adquiere la salud
pública cuando los intereses económicos aparecen en escena. Este
menosprecio por la vida se incrementa en los países empobrecidos, a la
vez que se ignora y se frena cualquier intento de la justicia por
indemnizar el daño causado. Pocos casos reúnen tantas pruebas,
documentación y testimonios como el que a continuación se relata.
El DBCP fue un producto químico aplicado en numerosos cultivos de varias
naciones de mundo como Estados Unidos (EEUU), Israel o España, aunque
destacó su uso en las grandes plantaciones bananeras de varios países
del sur (Costa Rica, Filipinas, Honduras, Nicaragua, Burkina Faso,
Guatemala, Costa de Marfil y Panamá, entre otros).
Se sintetizó por primera vez a mediados del siglo pasado, gracias al
trabajo realizado por el Dr. Karl T. Schmidt, miembro en aquellos años
del Instituto de Investigaciones de la Piña en Hawaii. Sin embargo,
sería otro científico de esta institución, el Dr. Earl J. Anderson,
quién casualmente descubriría en 1953 el poder esterilizante del
producto en ciertas plagas de las piñas.
Dos años después empezó a utilizarse como nematicida en EEUU,
combatiendo a una especie de gusanos parásitos que se alimentan
generalmente de las raíces de las plantas. Se denominan nemátodos y
dentro del mundo de la agricultura industrial se hizo urgente la
fabricación de un compuesto que pudiera frenarlos, ya que ocasionaban
innumerables mermas en la producción. El DBCP no eliminaba la plaga,
sino que esterilizaba a sus miembros y evitaba así su reproducción y
propagación.
En aquellas épocas, este tipo de productos no necesitaron registros
especiales en EEUU y, por tanto, durante los primeros años el DBCP se
comercializó sin valorar, estudiar y determinar su posible toxicidad.
Conforme explica Susanna Bohme, historiadora y editora adjunta de la
International Journal of Occupational and Environmental Health «Los
nematicidas como el DBCP no fueron incluidos en la legislación para el
control de plaguicidas cuando se aprobó en 1947. Entonces era legal
venderlo sin registro alguno. En 1959 la cosa cambió y una nueva ley
obligó a dicho registro».(2)
Los efectos tóxicos y la aprobación del DBCP
Ya en 1955, Shell Oil Company había iniciado su fabricación y lo vendía
con el nombre de Nemagon. Meses después lo hizo Dow Chemical que lo
bautizó como Fumazone. En los primeros años ambas empresas produjeron y
vendieron DBCP sin la obligación de tenerlo registrado y sólo
proporcionando una ligera información sobre su uso. Pero con los cambios
legislativos que se avecinaron, tuvieron que enfrentar conjuntamente el
registro y el estudio de los impactos en la salud humana.
Fue así como sus efectos negativos empezaron a vislumbrarse en las
primeras pruebas en animales de laboratorio. El Dr. Charles Hine
–científico de la Escuela de Medicina de la Universidad de California,
contratado por Shell para realizar los estudios sobre este producto– en
una carta fechada en marzo de 1957 y dirigida al científico de Dow, el
Dr. Ted Torkelson, ya advertía de «…lecturas incidentales de daño y
atrofia testicular…».(3)
Un escrito interno de Shell redactado un año después incidía en los
efectos tóxicos del DBCP, ratificaba el contacto entre las dos
multinacionales y desvelaba que ambas conocían las primeras
conclusiones. Esta carta decía: «Le adjunto copia del informe
confidencial del Dr. Hine y otros, de la Universidad de California,
sobre la toxicidad del vapor de Nemagon. Me he enterado por
conversaciones con el doctor Hine que información de este tipo es
conocida también por Dow Chemical Company. Dow ha estado particularmente
afligida por los efectos causados en los testículos».(4)
Durante los siguientes años los dos científicos mantendrían
correspondencia sobre sus avances. De hecho, en marzo de 1961, un equipo
de especialistas encabezado por ambos publicaría en la revista
Toxicology and Applied Pharmacology lo que sería el primer estudio
científico con información abundante sobre los efectos del DBCP. Dicho
trabajo fue parcialmente financiado por Shell Development Company como
se especificaba en la misma publicación. El estudio desveló diversos
efectos adversos a concentraciones elevadas y confirmaba al DBCP como un
tóxico capaz de inducir infertilidad masculina a concentraciones bajas.
También se proponían medidas de diversa índole para frenar sus efectos,
y finalmente, se sugería una concentración en el aire menor a una parte
por millón (ppm).
A pesar del riesgo evidente fruto de investigaciones científicas, el
producto siguió expandiéndose. En EEUU, una tercera compañía, Occidental
Chemical Company, lo empezó a distribuir al adquirirlo primero de Shell
y luego de Dow. Por su parte, éstas iniciaron los trámites legales para
registrar el DBCP. En aquella época era el Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) quien estaba
encargado de registrar y ponderar la seguridad de un determinado
producto. Inicialmente, dicho organismo se comunicó con Shell para
solicitarle información médica de los operarios que trabajaban en la
elaboración del DBCP en varias factorías diseminadas por Estados Unidos.
También indicaron algunos comentarios que debían estar incluidos en las
futuras etiquetas del producto.
Ante estas peticiones los responsables de la compañía se quejaron por la
posición tomada por la USDA, alegando textualmente que «La División de
Control de Pesticidas del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos se mostró preocupada por los peligros asociados con los usos del
fumigante de tierra Nemagon y han propuesto etiquetados para las
diversas fórmulas ahora en venta. Existe consenso entre nosotros de que
las autoridades son demasiado cautas y que la advertencia de las
etiquetas que propugnan tendría un efecto adverso en la venta de este
producto».(5)
Las presiones de Shell surgieron efecto y la USDA suavizó su postura
inicial a cambio de la realización de nuevas pruebas médicas a operarios
que manipulaban el DBCP. Los controles se realizaron en la planta de
Shell en Denver (Colorado), con la salvedad, según la documentación
recabada, de que el médico encargado de las mismas no fue informado de
que se buscaban probables daños en los testículos.
Paralelamente el Dr. Hine fue designado por ambas empresas para apoyar
la aprobación del DBCP. Para ello elaboró un informe similar al
publicado en la revista Toxicology and Applied Pharmacology. En él
aconsejaba concentraciones menores a un ppm y advertía sobre la
utilización de equipos de protección individual para evitar la
inhalación y el contacto cutáneo con la sustancia. Pero en marzo de 1962
un encargado de Shell devolvió dicho informe con una serie de
anotaciones, entre ellas la de eliminar cierta información comprometida.
Con este documento retocado y con unos exámenes médicos de los operarios
de Denver que, como era de esperar, mostraron resultados positivos, los
fabricantes informaron que el Nemagon y el Fumazone podían ser
utilizados sin «riesgo excesivo». El gobierno rebajó su posición inicial
registrando el producto y permitiendo unas etiquetas con advertencias
suaves. Era ya 1964.
Los campos bañados
En EEUU el DBCP fue utilizado mayoritariamente por agricultores
autónomos desde la década de los cincuenta. En las Islas Canarias
(España) también fue aplicado por campesinos locales y en 1963 el
Nemagon y el Fumazone eran publicitados ampliamente en periódicos
canarios. Una Orden del gobierno español fechada en 1962 autorizaba a
una empresa barcelonesa a importar el ingrediente activo para la
fabricación del DBCP. Además, la información encontrada abre la
posibilidad de que ambas marcas pudieron ser comercializadas en Canarias
en 1960, es decir, cuatro años antes de su aprobación en EEUU.
En los países empobrecidos de Asia, África y, fundamentalmente,
Centroamérica, el DBCP no fue utilizado, al menos de forma notoria, por
agricultores locales independientes. En estas naciones el nematicida
empezó a diseminarse entre finales de los años sesenta e inicios de los
setenta, mayoritariamente en plantaciones bananeras pertenecientes o que
vendían su producción, a compañías englobadas en las multinacionales
agroexportadoras Chiquita Brands, Del Monte y, sobre todo, Dole Food
Company.
En estas grandes fincas laboraron decenas de miles de peones realizando
funciones variadas. Diversos testimonios de ex trabajadores bananeros de
diferentes países han coincidido al afirmar que no fueron informados
sobre los riesgos del DBCP, ni tampoco recibieron formación, ni equipos
adecuados de protección y algunos han declarado que las etiquetas no se
entendían porque venían en inglés.
En las bananeras fueron tres las posibles vías de exposición con el ser
humano. Primero, por contacto dérmico cuando se aplicaba el agroquímico.
Segundo, vía oral, ya que el DBCP, tras sus aplicaciones, pudo
filtrarse hasta alcanzar los pozos de agua y los acuíferos y en aquellos
años los obreros bananeros vivían dentro de las fincas y bebían,
cocinaban y se lavaban con las aguas de dichos pozos. La tercera vía
pudo ser la respiratoria mediante la inhalación en los campos. Sobre
este aspecto las transnacionales se han defendido aduciendo que el DBCP
se aplicaba entre una y tres veces al año. Sin embargo, el éxito del
producto una vez dispersado dependía de su transformación en un vapor
que actuaba sobre los nemátodos y que podía alargarse por días y
semanas, periodos en los que también pudo ser aspirado por las personas
que realizaban sus labores en las fincas.
La prohibición
Con el uso en los países empobrecidos el DBCP alcanzó su mayor volumen
de venta en la década de los setenta. En ese mismo periodo, las
investigaciones científicas siguieron avanzando. Nuevos estudios
certificaron los riesgos de infertilidad masculina y uno del National
Cancer Institute determinó que el agrotóxico era cancerígeno en animales
de laboratorio. Se cree que este estudio vio luz en 1978, pero pudo ser
conocido por Dow dos años antes.
A pesar de todas las nuevas evidencias en los laboratorios y a pesar del
opaco proceso de aprobación y registro, el DBCP siguió vendiéndose sin
que aparentemente se tomaran medidas para limitar sus posibles daños en
los humanos. Sólo una triste casualidad encendió definitivamente las
alarmas.
En 1976, Wesley Jones, trabajador de la planta de Occidental en Lathrop
(California), acudió a un hospital aquejado de problemas en los
testículos. Le realizaron pruebas, detectaron anomalías en el esperma y
le aconsejaron que abandonara su puesto de trabajo. Jones accedió y
reclamó una compensación por los daños, pero Occidental examinó el caso y
lo transfirió a un médico: el Dr. Charles Hine.
En una entrevista el trabajador reconoció al especialista que los
problemas testiculares evitaron que pudiera tener hijos y que sospechaba
de los compuestos que se elaboraban en la empresa, por eso el operario
facilitó un listado de productos con los que tenía contacto. No
obstante, Hine descartó la relación entre la infertilidad de Jones y su
puesto en Occidental. Añadió que no estaba incapacitado para seguir
trabajando en la planta y omitió cualquier comentario acerca del DBCP, a
pesar de sus claros conocimientos. Finalmente el médico manifestó que
no había encontrado nada en la literatura científica y en sus archivos,
que permitiera concluir que los problemas de Jones tenían como origen
algún producto químico.
Ante los hechos, un segundo obrero con síntomas idénticos a los de
Jones, contactó con el sindicato Oil, Chemical & Atomic Workers
Union (OCAW), que logró convencer a un grupo de siete trabajadores para
que se realizaran pruebas médicas. OCAW solicitó a Occidental
información toxicológica sobre ciertas sustancias y también que
financiara los siete exámenes. Pero la compañía se negó a todo y sólo la
casualidad (5) dio esperanzas a los trabajadores cuando unos cineastas
que estaban trabajando en un documental sobre salud laboral decidieron
financiar dichas pruebas médicas.
Los análisis estuvieron listos en julio de 1977 y las conclusiones
resultaron conmovedoras: los siete trabajadores sufrían diversos grados
de esterilidad. La noticia se hizo pública rápidamente y los problemas
testiculares se detectaron también en varias factorías de Shell y Dow,
que en agosto anunciaron que interrumpirían la elaboración de DBCP.
Semanas después, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas
en inglés), expresó su intención de suspender este producto químico. De
esta forma se iniciaba un procedimiento que duraría dos años, que
arrancó con la prohibición temporal del DBCP para ciertos usos. Para
justificar dicha decisión, la propia EPA reconoció los efectos adversos
en el aparato reproductor masculino y la posibilidad de que el DBCP
fuera cancerígeno. Sin embargo, determinó que el riesgo lo corrían los
operarios de las factorías que lo fabricaban, y no los trabajadores del
campo que lo aplicaban. De esta forma, en octubre de 1977, en EEUU se
prohibió el uso del DBCP en la mitad de los cultivos en los que se
utilizaba, de tal manera que continuó aplicándose en otros sembríos
aunque de una forma supuestamente más controlada, restringida y segura.
Que la suspensión sólo fuera parcial y sobre todo la segmentación entre
operarios de factorías y de campos, dio alas a varias empresas para
seguir utilizando el agrotóxico en los países empobrecidos. Occidental
dio muestras de querer seguir fabricándolo. Una cuarta empresa, AMVAC
Chemical, lo continuó vendiendo pero adquiriéndolo de dos factorías
situadas en México. El DBCP se siguió empleando en las fincas propiedad o
que vendían su producción a Dole, en al menos Nicaragua y Honduras. A
principios de 1978, Dow y Standard Fruit Company (Dole) firmaron un
contrato por el cual la primera le vendía a la segunda parte del
inventario existente de DBCP, pero para ser utilizado fuera de EEUU.
Documentación encontrada sitúan al Nemagon y al Fumazone en Nicaragua hasta por lo menos finales de 1978.
La gravedad del caso no sólo estriba en que el agroquímico se siguió
utilizando en aquellas naciones donde no había sido prohibido o
limitado. Lo más preocupante de todo es que, a pesar del aviso de
Lathrop, no se tiene constancia de que los obreros en los países del sur
fueran informados y provistos de equipos de protección.
En 1978 se estableció la concentración definitiva en 0,001 ppm (mil
veces menor a la aconsejada por el Dr. Hine años atrás). Y en octubre de
1979, la EPA prohibió prácticamente todos los usos de DBCP en EEUU. Al
parecer, nuevas investigaciones realizadas en los dos años anteriores
situaron al DBCP como un importante riesgo para la salud pública. Los
nuevos estudios determinaron que el DBCP ocasiona cáncer en animales y
es posible que en humanos; que es capaz de afectar adversamente la
función testicular en hombres y que es mutagénico (6) en animales y
humanos. Además la EPA se desdecía respecto a 1977 al concluir que la
exposición y el riesgo también podía tener lugar en el campo de cultivo,
incluso días después de la aplicación, y en zonas aledañas a la finca
tratada.
¿Prohibido?
En 1979 también se suspendió el DBCP en Costa Rica al descubrirse sus
riesgos y Dole trasladó el remanente a Honduras ya que allí no existían
restricciones. Testimonios de un ejecutivo de AMVAC en el libro Circle
of poison, desvelarían que la frutera, para evitar problemas legales,
inició la adquisición de forma indirecta a través de importadores
locales.7 Informes internos de Standard presentados en juicios probarían
que en 1980 lo regaba en Nicaragua, y en 1986 lo empleaba en Filipinas
según datos citados por el Toxics Use Reduction Institute de la
Universidad de Massachusetts.(8)
En EEUU dejó de fabricarse supuestamente en 1977, pero dos plantas
mexicanas siguieron suministrando DBCP a AMVAC. En ambas existieron
damnificados, pero en 1978 se aplicaron estrictas medidas de seguridad.
El encargado de recomendarlas fue el Dr. Enrique Márquez –en esos años
director de Higiene y Saneamiento Ocupacional de la Subsecretaría del
Mejoramiento del Ambiente en México– que manifestó: «De hecho toda la
planta se reacondicionó de modo que el trabajador llegaba a una sala
donde se quitaba toda su ropa y entraba a otra donde tenía su equipo de
protección que constaba de traje tipo astronauta con escafandra
conectada a una manguera que del exterior les proporcionaba aire
filtrado. Se les restringía el tiempo de exposición en la sala cerrada
donde se producía el DBCP. Al terminar su turno, pasaban a otra sala
donde se quitaban todo el equipo y luego entraban al cuarto de baño a
ducharse profusamente y salían a la sala donde habían dejado sus ropas.
Además todos eran sujetos a examen clínico periódico…».(9)
Es interesante esta descripción porque permite vislumbrar la
peligrosidad del DBCP y las rigurosas medidas que se implantaron, con lo
cual surge un interrogante sumamente importante: ¿Informaría y
aplicaría Dole protocolos de seguridad similares en las bananeras?
Decenas de testimonios de bananeros dicen que no. Además documentos
internos de la empresa corroboran que se eludieron ciertas pautas y
nunca en un juicio presentaron evidencias sobre normas de protección
adecuadas. El documental Bananeras, producido en 1982 por los cineastas
nicaragüenses Ramiro Lacayo y Frank Pineda, es un estremecedor documento
gráfico sobre las infrahumanas condiciones en las que vivían y
trabajaban los bananeros de la Standard Fruit de Nicaragua. En la
película se pueden ver grandes aspersores rociando agua y químicos sobre
las matas de banano a los peones desprotegidos caminando descalzos
sobre el barro formado y a estas personas y a sus familias viviendo en
chabolas dentro de las fincas.(10)
Ya en los años ochenta y sobre todo en los noventa, el DBCP se fue
prohibiendo y su uso se extinguió, aunque noticias periodísticas lo han
ubicado en Filipinas y Panamá en 1991 y 2000 respectivamente.
Las noticias del caso que acaecieron en los campos hasta mediados de los
ochenta, se han trasladado en la actualidad a juzgados de varios países
del mundo, donde miles de ex trabajadores bananeros infértiles por el
DBCP, provenientes de naciones empobrecidas, siguen buscando hoy en día
una gota de justicia. La actual lucha legal de los obreros afectados es
más interesante, enrevesada y esperanzadora. Se resumiría en la
siguiente idea: el entramado que dio vida al DBCP y que lo toleró
permitiendo el enriquecimiento de ciertas transnacionales en detrimento
de la salud, es el mismo que ahora elude responsabilidades y obstaculiza
cualquier conato de justicia. Las multinacionales, lógicamente, han
evitado y torpedeado los procesos legales, gracias a unos sistemas
jurídicos que las protegen. Por motivos de espacio no se ha mencionado
en el presente artículo este interesante capítulo en la vida del DBCP.
Conclusión: Irresponsabilidad por triplicado
Durante la aprobación del producto las autoridades norteamericanas
fueron muy permisivas, hasta el extremo de aceptar las sugerencias
interesadas de unas multinacionales que ansiaban un registro rápido y un
etiquetado débil que no dificultara unas prometedoras ventas.
Cuando estalló el escándalo en la factoría de Lathrop no se aplicó el
principio de precaución y por dos años más se siguió utilizando
parcialmente en EEUU. La segmentación inicial entre los obreros de las
factorías que lo fabricaban y los del campo que lo aplicaban significó
el recoveco por donde se colaron las transnacionales que quisieron
seguir elaborándolo y aplicándolo en las naciones empobrecidas.
En 1989, el Congreso de EEUU determinó que la EPA no tenía ningún
procedimiento normalizado que permitiera dar a conocer y avisar a otros
países, sobre las características y riesgos de un determinado químico.
Esto, junto a las débiles legislaciones y los casi inexistentes sistemas
de control en los estados del sur, facilitó que el DBCP se siguiera
empleando en estas naciones después de 1977.
Por otra parte dos compañías fabricantes conocían desde finales de los
años cincuenta la toxicología del agroquímico y por eso han sido
acusadas de ocultar información. Socorro Toruño, juez nicaragüense
encargada de dirimir uno de los pleitos emprendidos por los afectados
del DBCP, declaró en una sentencia que «la empresa Shell no dijo la
verdad al Gobierno de EEUU omitiendo comunicarle la información que éste
requería y que la empresa Shell claramente poseía. Esto hubiera
demostrado la peligrosidad del Nemagon, puesto que las advertencias
sugeridas por las autoridades estadounidenses finalmente no fueron
impuestas (…). Queda claro que la empresa Shell pasó de la retención
pasiva de información (…) a la distorsión activa de los hechos, lo que
es peor».(11)
Algunas empresas siguieron interesadas en vender y aplicar el producto
tras la primera suspensión en 1977 y otras incluso tras la definitiva en
1979. Los testimonios existentes permiten concluir que en las bananeras
no se aplicaron las medidas de protección recomendadas, que ya existían
desde hacía años pero que en EEUU se endurecieron a partir de 1977.
Para defenderse de estas graves acusaciones, Dole siempre alegó que
desconocía los efectos del DBCP porque no había sido informada por las
empresas fabricantes. Sin embargo, hoy en día existen pruebas que
demostrarían que esta frutera debió conocer los efectos adversos del
DBCP incluso en el año 1963, fecha en la cual el Dr. Earl J. Anderson
resumía los riesgos de este producto en una publicación del Instituto de
Investigaciones de la Piña en Hawaii al cual pertenecía Dole.
En 1991, el senador Patrick Leahy presidió unas audiencias del Senado
estadounidense sobre los problemas en trabajadores del tercer mundo
ocasionados por pesticidas fabricados por empresas estadounidenses. El
senador Leahy reconoció que cuando la EPA prohibió el DBCP en EEUU para
casi todos sus usos, las multinacionales lo siguieron aplicando en otros
países. Advirtió que la búsqueda de beneficios por parte de las
empresas químicas que fabricaron el DBCP, las llevó a eludir la opinión
de sus propios científicos, mientras ocultaban información de estudios
secretos, volcaban sus venenos a otros países y devastaban la vida de
miles de personas.(12)
El tercer ángulo comprometido de esta historia es la actuación que tuvo
el Dr. Charles Hine y posiblemente otros científicos de menor rango.
Primero por su actitud con el obrero Wesley Jones, pero ante todo, por
haber seguido los dictados de los fabricantes y porque la concentración
de un ppm que sugirió en el trabajo científico de 1961 fue insuficiente,
como se demostraría años después. Además, hay sospechas de que fue
determinada irresponsablemente en base a que no se hicieron pruebas a
dicha concentración y la mínima estudiada fue de cinco ppm. Sobre este
pasaje, el Dr. Luc Multigner, toxicólogo del Instituto Nacional de
Investigaciones Médicas de Francia, señaló que «en este caso, lo que
deberían haber hecho los investigadores es realizar un nuevo protocolo
toxicológico con concentraciones inferiores a 5 ppm (…) En los años
sesenta estas reglas internacionales no estaban establecidas. Sin
embargo, el concluir que a la dosis de 1 ppm no había efecto era
evidentemente arbitrario dada la ausencia de datos experimentales y
supone cierta negligencia o ausencia de juicio científico».(13)
El Dr. Joseph Ladou, ex director del Centro Internacional de Medicina
Ocupacional de la Universidad de California–San Francisco y ex editor
jefe de la revista International Journal Occupational Environment
Health, en un artículo publicado en 1999 en dicha revista destacó que
algunos miembros de la comunidad científica criticaron el comportamiento
del Dr. Charles Hine en sus investigaciones sobre el DBCP, y animó a
los especialistas en salud de las empresas multinacionales a que no
fueran funcionarios pasivos de las corporaciones.(14)
Por tanto, la actitud tolerante o incluso negligente de autoridades,
compañías y científicos involucrados, permitió que el DBCP pudiera ser
fabricado y vendido a gran escala sin advertir claramente de sus
peligros intrínsecos. Las consecuencias ya las saben. www.ecoportal.net
Vicent Boix Bornay Investigador asociado de la Cátedra
Tierra Ciudadana – Fondation Charles Leopold Mayer, de la Universitat
Politècnica de València (1) - Boletín ECOS nº 17, CIP-Ecosocial (FUHEM),
diciembre 2011-febrero 2012.
Referencias:
(1) Vicent Boix es autor de El parque de las hamacas, libro que narra la historia completa del agroquímico DBCP.
(2) Correo electrónico de Susanna Bohme, 4 de octubre de 2011.
(3) Sentencia del caso «Miguel Sánchez Osorio y Otros v. Standard Fruit
Company y Otros», Juzgado Segundo Civil y Laboral del Distrito,
Chinandega, Nicaragua, 8 de agosto de 2005.
(4) Íbid.
(5) Sentencia del caso «Miguel Sánchez Osorio y Otros v. Standard Fruit Company y Otros», op. cit.
(6) Propiedad de algunos agentes físicos o químicos para inducir
mutaciones. Una mutación es un cambio heredable en el material genético
de una célula. En la naturaleza las mutaciones se originan al azar y,
aunque las causas siguen siendo inciertas, se conocen bastantes agentes
externos mutágenos que pueden producir mutaciones como las radiaciones
ambientales y sustancias químicas.
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