El
presidente del Consorcio de Servicios Públicos Medioambientales de la
Diputación de Toledo, Jaime Ramos, se mostró ayer «muy sorprendido» por
las declaraciones realizadas desde el Ayuntamiento sobre el incremento
de la tasa por el tratamiento de residuos, «no sólo porque la subida no
será del 43 por ciento, sino del 4,2 por ciento; sino porque además
corresponde a un acuerdo de julio de 2010, cuando el presidente del
consorcio era el socialista Gustavo Figueroa, y votado por unanimidad de
todos los representantes, entre los que estaba el propio concejal de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Toledo, Gabriel González». Fue
presicamente este concejal quien en rueda de Prensa tachó de
«insostenible» la subida que le ha aplicado ya el Consorcio de Gestión
Medioambiental de la Diputación de Toledo en la tasa para el tratamiento
de residuos sólidos, cuyo incremento cifró en un 43 por ciento.
Según
explicó Jaime Ramos en un comunicado, «el aumento de la tasa de
tratamiento de residuos será en realidad de 1,12 euros por tonelada,
concretamente de 26,65 euros que el Ayuntamiento pagaba hasta ahora por
tonelada, pasará a pagar 27,77 euros, nada que ver con lo que han
apuntado los responsables del Equipo de Gobierno del PSOE», unas
declaraciones que, en su opinión, «están fuera de lugar».
Sin
embargo, Gabriel González explicó que el Ayuntamiento dispone de una
empresa concesionaria que realiza la recogida de residuos que,
posteriormente, son llevados al vertedero. Es la Diputación la que cobra
al Ayuntamiento para que pueda depositar allí los residuos y este pago
es el que, según González, la Institución provincial quiere subir en un
43% y. A esto hay que sumar la subida del IPC anual más 1,90%, según
dijo.
Este
incremento supondría que los toledanos, a través del Ayuntamiento,
habrían de pagar en la actualidad 1.300.000 euros en lugar de los
700.000 que se vienen pagando hasta el momento. Gabriel González informó
de que el hecho de que el Ayuntamiento de Toledo deba pagar una tasa a
la Diputación viene fijado en el convenio que se firmó en el año 2010,
con vigencia hasta el año 2032, para el sellado del vertedero, cuyos
olores afectaban a varios barrios de la ciudad, y su posterior traslado a
la finca «El Aceituno» pero consideró desproporcionado el incremento
del 43% la subida del IPC anual más 1,90%, dadas las actuales
circunstancias de las haciendas locales. González mostró su disposición
de entrar a negociar con la Diputación porque esta subida es
«disparatada» e «insostenible».
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