Las respuestas al medio ambiente y al cumplimiento de los acuerdos
comerciales. ¿Pero qué pasa cuando los contratos atentan contra los
derechos de las personas y el ecosistema, como sucede con los convenios
energéticos que proyectan colmar la Amazonía de hidroeléctricas?
Como ha denunciado nuestro Diario, los ex presidentes Alan García e
Inácio Lula da Silva acordaron, entre el 2008 y el 2010, levantar por lo
menos 15 hidroeléctricas que, además de inundar bosques y alterar el
ecosistema amazónico, ocasionarían el desplazamiento inconsulto de miles
de asháninkas que obviamente no están dispuestos a abandonar
territorios que han ocupado ancestralmente.
Peruanos que por segunda vez en sus vidas tendrían que huir, ya no
del terrorismo que los asoló en los años 80, sino de una supuesta
modernidad que no respeta a las minorías.
Los proyectos Tambo 40 y Pakitzapango
son también abominablemente inequitativos. Plantean abastecer de
electricidad al Perú y exportar a Brasil, por 30 años, un ‘excedente’
que, en realidad, no es tal. Significaría enviar al vecino país 80% de
la producción en el primer decenio, 60% en el segundo y 40% durante el
tercero. Recién después de 30 años la electricidad se quedaría en el
país, y con una Amazonía bastante menoscabada.
La situación se complica si, como precisa la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental, el Perú no tiene un estudio de demanda energética que
le permita estar seguro de que puede dar porcentajes tan altos de
electricidad a Brasil.
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