La aprobación de una ley que ordena consultar a grupos
indígenas sobre la construcción de una carretera amazónica en Bolivia
agravó el viernes un largo enfrentamiento entre el Gobierno izquierdista
de Evo Morales, que impulsó la norma, y sectores que se oponen
tenazmente a la obra.
Líderes indígenas anunciaron una demanda internacional
contra el Gobierno y movilizaciones en protesta por la ley sancionada el
jueves por el parlamento oficialista, la cual echaría por tierra otra
ley del año pasado que suspendió la construcción de un tramo de la
carretera financiada por Brasil.
Morales aún arrastra un fuerte desgaste por el
conflicto desatado el año pasado, cuando la presión de una primera
marcha indígena llevó a la Asamblea Plurinacional a aprobar la ley que
declaró "intangible" al parque nacional Tipnis, en el centro del país,
cuyo ecosistema dicen defender grupos autóctonos respaldados por la
oposición y sectores no gubernamentales.
Esa ley pareció dejar saldado el conflicto, pero
recientemente otros sectores indígenas del mismo parque, identificados
con el Gobierno, reclamaron con otra caminata hasta La Paz la
reanudación de la obra y exigieron la consulta.
Según la nueva ley, la consulta sobre si debería o no
afectarse al Tipnis con una carretera será hecha en un plazo de cuatro
meses a las 63 comunidades indígenas del parque, principalmente mediante
asambleas y cabildos.
"La consulta es extemporánea, ya hemos dicho que no
queremos la carretera (.) porque plantea un riesgo de etnocidio", dijo
el viernes a reporteros el diputado indígena Pedro Nuni, al anunciar una
demanda contra el Gobierno de Morales ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
Aunque aparentemente divididos y minoritarios, los
indígenas amazónicos agrupados en la Confederación Indígena del Oriente
Boliviano (CIDOB) han liderado desde el año pasado la oposición a
Morales, quien por el contrario tiene gran respaldo entre las etnias
aymaras y quechuas del occidente andino.
Según Nuni, "Morales pretende consumar un atentado
contra la propiedad colectiva indígena violando la Convención Americana
de Derechos Humanos, el Convenio 160 de la Organización Internacional
del Trabajo (sobre indígenas) y la Declaración de Naciones Unidas sobre
Derechos de los Pueblos Indígenas".
La demanda fue presentada el viernes a nombre de la
CIDOB y del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade),
según precisó este último, uno de varios grupos no gubernamentales que
respaldan el rechazo indígena al proyecto carretero.
Morales desacreditó previamente a la CIDOB y al
Fobomade, asegurando en varias declaraciones esta semana que la consulta
"es una conquista democrática que respeta tratados internacionales y
normas nacionales".
La carretera que atravesaría el Tipnis -parque
selvático de 1,2 millones de hectáreas en el que viven unos 12.000
indígenas, la mayoría en extrema pobreza- uniría el departamento de
Cochabamba, donde están los sindicatos de cocaleros liderados por
Morales, y el distrito amazónico de Beni.
La obra de 306 kilómetros y un costo de 420 millones de
dólares, está a cargo de la constructora brasileña OAS, la mayor
contratista vial del Gobierno boliviano.
OAS trabaja en los dos extremos de la vía pero no ha
podido iniciar los trabajos en el tramo central de la ruta, de 177
kilómetros, en el corazón del parque.
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