El conocido activista de Greenpeace Toru Suzuki,
juzgado y condenado por robar carne de ballena en Japón, ha decidido
emigrar a Suecia porque cree que su país "no es seguro" después de
Fukushima.
Durante una visita a Madrid, Suzuki ha expuesto en una entrevista con
EFE sus actuales proyectos, entre ellos la construcción de un
incipiente movimiento antinuclear en el país nórdico donde ahora reside.
En 2010, él y otro activista de Greenpeace, Junichi Sato, fueron
declarados culpables de robar 23 kilos de carne de ballena y condenados a
un año de prisión, pero se conmutó la pena por la de tres años en
libertad condicional.
Ambos robaron carne capturada por un ballenero, traspasando los
límites de una propiedad privada, para demostrar que esos cetáceos eran
cazados con fines comerciales y no científicos.
Durante la entrevista, Suzuki explica que ha emigrado a Suecia,
porque "Japón "no es seguro" después del accidente de la central nuclear
de Fukushima, el 11 de marzo de 2011.
Y no tiene intención de volver a su país, "porque la situación tras
Fukushima no es segura, no puedes ir a comprar al supermercado sin tener
miedo de que los productos contengan radiación".
"La mayoría de la población ha decidido creer que no existe la
radiación y que los alimentos son seguros, si no, verían la realidad y
se marcharían de Japón", ha dicho.
En su opinión, el accidente ha servido para consolidar la imagen de
credibilidad de Greenpeace ante la sociedad japonesa, debido a la
respuesta que ofreció ante este hecho.
A raíz de ello, ha razonado, "mucha gente" ha mirado hacia atrás y
recordado las acciones de la organización ecologista frente a la
industria ballenera.
Suzuki, ex director de campañas de Greenpeace Japón, explica que la
acción por la que se le juzgó y condenó "no fue un robo; no queríamos la
carne para nosotros, sino denunciar los fines comerciales de la caza de
ballenas, que no se corresponden con fines científicos como decía el
Gobierno".
Según sus palabras, fueron detenidos en una operación llevada a cabo
por 75 policías, pasaron 23 días retenidos sin juicio (en Japón se
permite una detención preventiva de esa duración) y fueron condenados a
doce años de prisión si cometían algún delito en los siguientes tres
años.
"La caza de ballenas estaba impregnada de corrupción gubernamental,
hasta el punto de estar subvencionada con ayudas públicas", ha
asegurado.
Tras criticar "el control gubernamental" de la prensa, también
durante su juicio, Suzuki ha señalado que la caza de ballenas no es
tradicional en su país: "se impuso por necesidad tras la Segunda Guerra
Mundial, cuando en Japón casi no había alimentos y la carne de ballena
era barata de conseguir y muy proteínica".
"Ahora no tiene sentido mantener esta industria, ya que no hay una escasez de alimentos como entonces", ha aseverado.
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