El encuentro “Se llevan nuestros bienes,
dejándonos sus males”, organizado por el Observatorio Latinoamericano
de Conflictos Ambientales (Olca), congregó a comunidades impactadas por
proyectos energéticos, agroalimentarios, forestales y mineros, que
buscan fortalecer sus resistencias locales mediante la articulación y el
aprendizaje de las diferentes respuestas que en los últimos 20 años se
han generado. Esto, luego de constatarse que los modos de intervención
de las empresas -y el comportamiento de las autoridades- es
prácticamente idéntico en todos los rubros y regiones.
Uno
de los temas que surgió con fuerza en medio de la crisis hídrica,
territorial, sociocultural y ambiental que sufren los territorios, fue
la ruptura de las confianzas, principal capital social de las
comunidades, mediante mecanismos promovidos por el Estado como leyes,
decretos o la línea “técnica política” en la que operan servicios como
Indap, Sercotec, Corfo, Prodesal y otros; o también mediante las
prácticas internas de las empresas, que invierten más dinero en cooptar
dirigentes y financiar campañas publicitarias que las posicionen como
“buen vecino”, que en mejorar las condiciones laborales, ambientales y
de producción con las que nefastamente operan.
El
panorama dibujado durante estos tres días, aunque desolador en términos
de degradación de suelos, contaminación de aguas, división del tejido
comunitario, cooptación de las autoridades y de los funcionarios
públicos, sumado a una voluntad política nula para reformular el sistema
político y económico que nos rige; resultó, sin embargo, tremendamente
esperanzador. Las organizaciones representantes dieron cuenta de la
enorme convicción y valentía que acompaña el caminar de sus comunidades,
se elaboraron diagnósticos claros y contundentes y se inició el camino
hacia la configuración de una matriz estratégica que re posicione el
valor de lo colectivo, que anteponga el deseo por sobre la necesidad y
que cuestione la base de la egoísta y peligrosa cultura de muerte que se
pretende consolidar.
Esta estrategia
común acordó dar cuenta de la fuerza propositiva que anima la
resistencia, diseñar mecanismos efectivos de fiscalización comunitaria a
empresas y autoridades, configurar mecanismos eficientes de generación y
difusión de información en medio del poderoso cerco mediático
existente, denunciar la fuerte criminalización (judicial, militar,
mediática y administrativa) que recae sobre quienes se oponen al falso
slogan de progreso y desarrollo que ha sistemáticamente empobrecido a
las comunidades locales y enriquecido a los clanes Matte, Angellini,
Luksic y otras corporaciones transnacionales que operan en el territorio
con extremas facilidades.
Fue
relevante asimismo, la constatación que pese a las muertes, el miedo y
las sendas amenazas que acompañan el cotidiano de las comunidades, hay
una convicción transversal por defender el agua, la vida, la identidad y
el territorio, promoviendo la soberanía, la autogestión y la
autodeterminación, y fortaleciendo las experiencias de intercambio hacia
el mutuo aprendizaje.

No hay comentarios:
Publicar un comentario