Europa reflexiona sobre las alternativas para adaptar su flota de pesca al declive de los recursos marinos, tras la oposición de una quincena de países contra la idea de vender las concesiones de pesca, considerada como una forma de "privatización de los mares".
Reunidos el viernes en Luxemburgo, los ministros europeos del sector
se tenían que pronunciar sobre este punto de la reforma de la comisaria
europea del ramo Maria Damanaki.
La idea es simple: dotar a los pesqueros europeos con concesiones que podrán vender en un mercado de "concesiones transferibles" cuando deseen abandonar la profesión.
Esto es urgente puesto que la sobrepesca afecta a más del 60% de las reservas en el Atlántico y al 80% en el mediterráneo.
El sistema ya está en vigor en Estonia, que es favorable a que se
implante a escala europea, al igual que España, Gran Bretaña u Holanda.
Pero la ministra danesa Mette Gjerskov, cuyo país preside actualmente la
Unión Europea, constató el viernes que hay muchos países "escépticos".
El ministro irlandés Simon Coveney dejó claro que se "opone
estrictamente a este sistema", y una quincena de países han criticado la
idea, con Francia a la cabeza.
"Francia se opone de plano y seguirá oponiéndose", dijo el embajador
francés Philippe Léglise-Costa, al subrayar que la riqueza marina es un
"bien público no privatizable que no se puede ceder".
El secretario de Estado alemán Robert Kloos enarboló el riesgo de la
concentración de derechos en manos de algunas "empresas ricas".
Bélgica, Finlandia o Chipre consideran que el sistema no funcionaría
en sus países, y como mucho podrían aceptar que se deje a los Estados la
elección de aplicarlo.
Saskia Richartz,
de Greenpeace, se alegró de constatar la "muerte" de este proyecto que
habría contribuido, con toda seguridad, a refozar "el dominio de una
pesca industrializada y destructora" de recursos.
Pero "los gobiernos europeos deben comprometerse de manera
constructiva" para encontrar soluciones rápidas, ya que las
negociaciones para esta reforma que debe entrar en vigor a principios de
2014 "ya se han retrasado", agregó.
Al recordar que el objetivo principal es luchar contra la
sobreexplotación, Maria Damanaki exhortó a los minstros que le presenten
otras soluciones: "Quiero escucharles", dijo.
Los Estados podrían verse obligados a elegir "entre introducir
concesiones de pesca transferibles o poner en marcha planes nacionales"
de reducción del número de buques de pesca, propone Gjerskov.
Varios Estados abogaron por el mantenimiento de las "subvenciones" para el desguace de los buques de pesca, que la reforma de Damanaki contemplaba suprimir dado que el Tribunal de Cuentas europeo había criticado su eficacia.
"Hemos intentando el desguace en el pasado y ha sido un fracaso",
comentó Damanaki. De hecho, numerosos estudios han demostrado que
contribuyen indirectamente a la fabricación de navíos de pesca todavía
más grandes y más sofisticados que los anteriores, cuya eliminación se
había financiado.
Por el momento, Damanaki asegura que su propuesta de concesiones de pesca transferibles "se mantiene sobre la mesa".
También señaló que contempla otras propuestas "muy interesantes",
como la idea de establecer un "vínculo" entre el nivel de subvenciones
concedido a un país y el progreso realizado en materia de reducción de
su capacidad. Lo que sin duda no gustará demasiado en algunos países.
Europa reflexiona sobre las alternativas para adaptar su flota de
pesca al declive de los recursos marinos, tras la oposición de una
quincena de países contra la idea de vender las concesiones de pesca,
considerada como una forma de "privatización de los mares".
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