España gastó 770 millones de euros para poder emitir CO2

El Estado español se gastó 770 millones de euros en comprar derechos de emisión de CO2 durante la pasada legislatura, y se convirtió en el segundo país, tras Japón, que más derechos de emisión de dióxido de carbono ha comprado debido al alto consumo energético de su transporte, ciudadanos y hogares.

Así lo ha informado a los medios el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras recordar que los países firmantes del Protocolo de Kioto tienen asignado un cupo y si lo sobrepasan tienen que comprar derechos de emisiones para amortiguar el exceso.

Actualmente el precio de la tonelada de C02 está a 7 euros.

Los 770 millones, ha indicado Ramos, han colocado a España como el segundo país que más ha comprado tras Japón, y lo que pretende la nueva administración es dar un giro, y en vez de tener que comprar derechos de emisiones, invertir en aquellos proyectos que fomentan la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Además el presupuesto para este año de compra de emisiones es de 42 millones.

A través del recién creado Fondo de Carbono, que cuenta con un presupuesto de algo más de 4 millones de euros, el Gobierno español, ha añadido, pretende incentivar a aquellas empresas y proyectos que fomenten la reducción de CO2, con el fin, además, de acercarse al objetivo fijado para España, una reducción del 15% de sus emisiones en relación a 1990.

El reto, ha concluido Ramos es crecer sin contaminar más y, por otro lado, "es interesante para la marca España" que se sepa que en este país se cuida el medio ambiente.

Medio Ambiente se propone además acercar al ciudadano el compromiso de reducción de dióxido de carbono (CO2).

Las empresas privadas del sector eléctrico, siderúrgico, cemento, vidrio, cerámica, papel y refinerías también tienen un cupo gratuito asignado, y si se exceden deben comprar asimismo derechos de emisiones.

Pero el año que viene, y en el marco de la UE, las empresas españolas verán reducida esta asignación gratuita en un 54 % , y tendrán que comprar en un sistema europeo de subasta el derecho a poder contaminar la atmósfera con CO2.