El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA) quiere dejar de comprar derechos de emisión fuera de España en
la medida en que sea posible y, en su lugar, invertir o fomentar
políticas internas que además generen empleo con el objetivo de cumplir
el Protocolo de Kioto.
"Hoy España está lejos de cumplir Kioto, ya que estamos por encima
del 20 por ciento (por encima)", ha reconocido el secretario de Estado
de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas.
Así, ha recordado que según el protocolo firmado por España el
tope de incremento de emisiones en 2012 debe ser como máximo del 15 por
ciento respecto a 1990 (año base) y ha manifestado que pese a los 770
millones de euros "que gastó" el Gobierno anterior en la pasada
legislatura, "no se está avanzando" en lograr el reto.
De este modo, ha indicado que uno de los mecanismos para cumplir
fue el que siguió el anterior Gobierno que destinó 770 millones de euros
a la compra de derechos "para amortiguar el exceso" y que, aún así le
habrían faltado emplear otros 440 millones para cumplir con los
compromisos adoptados como país.
Además, ha agregado que si España se ha acercado al cumplimiento
en los últimos años, se debe a la bajada de la actividad económica, pero
ha insistido en que en los sectores difusos no ha descendido. Por ello,
prevé que "probablemente" cuando mejore la actividad económica, las
emisiones de CO2 subirán "previsiblemente" y España se alejará más de
cumplir Kioto.
Ramos de Armas ha criticado la política que siguió el anterior
Gobierno en esta materia porque colocó a España como el segundo país
--por detrás de Japón-- en compra de derechos. "Gastamos mucho dinero y
no avanzamos nada", ha valorado, "y hemos reducido poco más allá de lo
debido a la crisis económica". "A futuro esto sería insostenible", ha
agregado.
NUEVA POLÍTICA: PROYECTOS INTERNOS DE REDUCCIÓN
Por ello, ha explicado que "la nueva política de cambio climático
promoverá y apoyará proyectos de reducción de emisiones antes de seguir
comprando derechos fuera", al tiempo que ha reconocido el escaso
presupuesto para esta partida.
En ese sentido, ha admitido que la reducción de la asignación
presupuestaria para políticas de cambio climático es o tendrá que ser
"un estímulo para esforzarse en pensar y buscar nuevos proyectos
innovadores que además generen empleo y actividad económica dentro de
España", además de trasladar un "compromiso real" con el medio ambiente.
En este contexto, ha apuntado que, para todo 2012, el presupuesto
para compra de derechos de emisión es de 42 millones y habrá 4,2
millones para el fondo de carbono.
Así, ha destacado la creación del Fondo de carbono, con el que
buscarán incentivar y apoyar proyectos innovadores en cambio climático
y, especialmente, ha citado los de eficiencia energética, captación de
CO2 y tecnologías de reducción de emisiones que tienen "potencial" en
sectores como la agricultura o la construcción. A su juicio, la
eficiencia tiene un estímulo en sí mismo incluso para el ahorro de las
familias.
Sin embargo, no ha precisado qué proyectos piloto concretos se
incluirán, ya que en primer lugar esto deberá ser tratado en el Consejo
Rector del Fondo de Carbono, que se convocará en torno a mediados de
mayo. "La intención es ayudar con el fondo a todo aquel que presente un
proyecto de reducción de emisiones verificables, la administración se
compromete durante 4 años a comprarles estos derechos", ha precisado.
En definitiva, el secretario de Estado ha adelantado que, a falta
de varias semanas para la publicación de los datos definitivos de las
emisiones de 2011, "no parece que se haya mejorado en emisiones de CO2
en 2011" pese a gastar 92 millones de euros en comprar derechos de
emisión.
TERRITORIALIZAR LA POLÍTICA
En todo este proceso, considera que hay que bajar la política de
cambio climático al territorio, porque parece que ahora queda lejos del
ciudadano, que tiene más interiorizados otros temas como el reciclado.
Esto pasa, en su opinión, porque los ciudadanos se hagan con el control
de las emisiones de CO2 en los hogares, en el transporte, etcétera.
Igualmente, opina que la UE en su política medioambiental
ambiciosa no se equivoca, pero en determinadas circunstancias hay que
equilibrar la situación económica con los objetivos a corto, medio y
largo plazo.
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