Ecologistas piden que Brasil vete la ley que hace peligrar logros en Amazonía

Los grupos ecologistas WWF y Greenpeace denunciaron hoy la reforma del Código Forestal que ha aprobado la Cámara de Diputados de Brasil y pidieron a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que se oponga a estos cambios que "ponen en peligro" los avances conseguidos en la Amazonía.

En sendos comunicados difundidos en Madrid, las organizaciones ecologistas señalan que esta nueva ley supone "un duro golpe" a las promesas de la presidenta brasileña, que se había comprometido a luchar contra la amnistía para delitos forestales del pasado.

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó el miércoles la reforma de las leyes que regulan el uso de los suelos y que supone una reducción de las áreas protegidas en favor de la actividad agropecuaria.

La reforma incluye, además, una amplia amnistía para los hacendados que, durante las últimas décadas y en contra de las leyes actuales, desforestaron en territorios donde estaba prohibido hacerlo.

"La presidenta Rousseff hizo la promesa de que no toleraría las leyes que promovieran nuevas oleadas de deforestación o amnistiaran crímenes forestales del pasado. Ella sabe que estos cambios son negativos para Brasil y para el medio ambiente. Le pedimos que mantenga sus promesas", señala en la nota la directora general de WWF Brasil, María Cecilia Wey de Brito.

En el mismo sentido se pronuncia Greenpeace, que subraya que Brasil "ha dado un paso decisivo hacia atrás" y la aprobación de esta reforma "es una derrota para la selva amazónica y para la presidenta Dilma".

El director de la campaña de la Amazonía en Greenpeace Brasil, Paulo Adario, destaca que "el voto del Gobierno en los cambios del Código Forestal arroja una sombra oscura a la reputación de Brasil como líder global en la lucha contra la deforestación y el cambio climático".

WWF advierte, por su parte, que de esta manera Brasil no podrá cumplir sus compromisos internacionales de reducción de emisiones de CO2 ni las tasas de deforestación, ya que la nueva legislación podría derivar "en una pérdida de más de 76,5 millones de hectáreas forestales", lo que supondría "la emisión a la atmósfera de 28.000 millones de toneladas de CO2".

La organización alerta de que las amnistías propuestas, "no solamente significarían dejar de perseguir a los criminales ambientales, sino también unas pérdidas de unos 4.800 millones de dólares en multas", y además, añade, la reputación de la economía brasileña sufriría "un grave daño a nivel global".