Montes públicos en el punto de mira de la ‘privatización’

La actual Ley de Montes establece una eficaz protección de los Montes de Utilidad Pública (MUP) y unos complejos trámites para su desafección. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente lleva varios meses trabajando en una nueva Ley

 ECOticias.

La ola de privatizaciones de bienes y servicios básicos también llega a las fincas y montes públicos. Son varias las administraciones que preparan ventas o alquileres de terrenos. Una tendencia que se agrava con iniciativas estatales, como la próxima reforma de la Ley de Montes y modificaciones de entidades locales. Ecologistas en Acción repasa las amenazas que se ciernen sobre los montes públicos, con graves efectos económicos, sociales y ambientales.
La actual Ley de Montes establece una eficaz protección de los Montes de Utilidad Pública (MUP) y unos complejos trámites para su desafección. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente lleva varios meses trabajando en una nueva Ley de Montes que muy posiblemente rebaje las trabas para el alquiler o venta y desvirtúe la protección legal de los MUP.
Además, se han puesto en marcha reformas que afectan a las entidades locales. La llamada "Ley Montoro" ( proyecto de ley sobre Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) y el anteproyecto de ley de entidades menores que se está tramitando en Castilla y León, amenazan con hacer desaparecer centeneras de pedanías y entidades locales menores que son titulares de montes públicos. Una vez cambiada la titularidad de estas superficies sería más fácil su venta o alquiler.
A nivel autonómico también existen diversos intentos de venta o cesión de fincas públicas. En la Comunidad de Madrid están en marcha varias iniciativas de cesión de terrenos públicos para ponerlo a disposición de proyectos especulativos. Son los casos del monte de El Garzo o de la Dehesa de Quijorna, que se pretenden ceder a empresas por un largo periodo de tiempo para instalar clubes privados de golf. También es el caso de la Casa de la Monta en Aranjuez, un terreno vinculado a las caballerías del palacio real, en el que hay planes de construir campo de golf y un complejo deportivo.
En el caso de la Generalitat de Valencia, se decidió sacar a subasta a mediados de febrero el alquiler de cinco Montes de Utilidad Pública en la provincia de Valencia destinados al aprovechamiento privado de madera, biomasa, caza y pastos, entre otros usos, con un precio de salida de 23.500 euros más IVA para una concesión por 20 años. Esta subasta se suspendió a última hora. Sin embargo, sí se produjo una subasta de 26.000 hectáreas de monte público en 2012 para el aprovechamiento por empresas madereras y durante 20 años de la madera y la biomasa forestal. Del total de 18.200 hectáreas ya subastadas en los montes del Valle de Ayora-Cofrentes y la Canal de Navarrés, el 89% cuenta con alguna figura de protección: Zona de Especial Protección para las Aves (Zepas) y Lugares de Interés Comunitario (LIC); se trata de montes públicos formados por los montes maduros supervivientes de los incendios de las últimas décadas. La explotación maderera y de la biomasa forestal por empresas privadas supone un golpe mortal para las escasas zonas forestales que todavía merecen tal nombre en el interior valenciano. Las pérdidas volverían a socializarse mientras que los beneficios a corto plazo pasarían a los bolsillos de tres empresas constituidas como UTE para realizar esta explotación.
En Castilla-La Mancha, Ecologistas en Acción desenmascaró hace unas semanas los planes del Gobierno Regional para privatizar una cuarta parte de los montes de utilidad pública de titularidad autonómica. Pero no es el único y a él le pueden suceder otros más graves, como el que se esconde tras la modificación de las Leyes estatal y autonómicas que rigen la gestión de las pequeñas entidades locales. Desde el ámbito local, se anuncia la venta de la finca La Galiana por parte de la Diputación de Ciudad Real y en diversos municipios están estudiando medidas similares.
Son muchas y muy diversas las iniciativas privatizadoras y aunque todas ellas tienen un negativo impacto social y económico, en el caso de los montes se añade un notable impacto ambiental, más importante si consideramos que España dispone de una reducida superficie de montes públicos.
El porcentaje medio de extensión de territorio bajo tutela del estado de los países de la Comunidad Europea es del 24%, y en muchos países de nuestro entorno supera el 30%, una cifra muy alejada de la de España, que es de solo un 7%. Este porcentaje, que nos sitúa a la cola de Europa, solo por encima de Portugal, es un indicativo de la carencia de una correcta atención del territorio por parte de las administraciones. Ecologistas en Acción denuncia que, lejos de reparar esta situación, se pretende dilapidar tan escaso patrimonio, olvidando que el deber de aumentarlo, conservarlo y, hasta donde sea posible, mejorarlo para las generaciones futuras.