El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) autorizó la reanudación de las obras de la hidroeléctrica de Belo Monte, un polémico proyecto energético que se construye en la selva amazónica y que había sido interrumpido el pasado día 14 por orden de la Justicia brasileña.
Según informó la estatal Agencia Brasil, el presidente del Alto
Tribunal, Carlos Ayres Britto, precisó que el fallo favorable a la
reanudación no impide que su decisión sea revisada tras un análisis más
detallado del caso.
De acuerdo con esta versión, en su fallo el
magistrado solicita más información al Tribunal Federal de la Primera
Región, con sede en Brasilia, que determinó la paralización de las
obras.
Previamente a la decisión del STF, la Procuradoría General
de la República manifestó su postura favorable a la paralización de la
construcción.
El Tribunal Federal de la Primera Región basó su
decisión de suspender las obras debido a la identificación de
irregularidades en dos etapas del proceso, una en STF y otra en el
Congreso.
La tercera mayor hidroeléctrica del mundo
Belo Monte, que será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo,
comenzó a ser construida en marzo del año pasado en la localidad de
Altamira, en el estado norteño de Pará, pese a la resistencia de los
indios y ecologistas, que alegan que la obra tendrá un impacto
irreversible en la Amazonía.
La decisión de suspender las obras
fue tomada a petición del Ministerio Público del estado de Pará, que
cuestionó una decisión "unilateral" del STF, en cabeza de su entonces
presidenta Ellen Gracie, quien declaró la "constitucionalidad" del
proyecto sin tener en cuenta a los demás miembros de la máxima corte de
Justicia.
El Tribunal también consideró que el Congreso actuó de
manera irregular cuando avaló la obra sin la discusión ampliada en el
Legislativo de los informes técnicos previos.
Cuando esté
operativa, Belo Monte tendrá una capacidad de generación media de 4.571
megavatios hora, alcanzará un tope de 11.233 megavatios en las épocas de
máxima crecida del río Xingú y exigirá inversiones de cerca de 10.600
millones de dólares, según cálculos del Gobierno. EFEverde
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