Desde que el complejo metalúrgico La Oroya
reanudó operaciones -el pasado 29 de julio-, la Dirección General de
Salud Ambiental (Digesa), alertó tres situaciones de emergencia, siete
de peligro y 15 de cuidado, según un reportaje de El Comercio publicado
el día de ayer. El estado de alerta advierte los altos niveles de
concentración de gases que pueden causar daños en la salud de las
personas.
Entre el 1 y el 24 de agosto, la Digesa registró en La Oroya
los valores del dióxido de azufre superaron -al menos durante 10 días-
los estándares de calidad ambiental del aire, que establece un promedio
máximo de 80 microgramos por metro cúbico (ug/m3) cada 24 horas.
Meses atrás, el Gobierno había asegurado que el complejo metalúrgico
no reanudaría sus actividades mientras no se garantizara el cuidado de
la salud de las personas, sin embargo el complejo ha vuelto a trabajar,
generando nuevamente el peligro de contaminación.
Sobre el permiso para reanudar las actividades, el Ministerio de
Energía y Minas (MEM) señaló que “la decisión es responsabilidad de la
empresa liquidadora (Right Business), la cual fue comunicada a la
Dirección General de Minería, que luego de requerir la documentación
pertinente señaló que Doe Run Perú solo cuenta con marco normativo para
operar el circuito de zinc y de plomo”. Las autoridades explican que por
eso ahora solo funciona el circuito de zinc.
COMPLEJO NO CUENTA CON PAMA
Respecto a la reanudación de operaciones, César Ipenza, abogado de la
Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), indica que hasta ahora el
complejo no cuenta con un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA) concluido, por lo que se pregunta “¿con qué instrumento de
gestión ambiental el MEM dio luz verde a la vuelta de las operaciones?”.
Según el MEM, “Right Business está operando el circuito de zinc bajo
el marco normativo de la Resolución N° 257-2006, que otorgó un plazo
adicional para la construcción de cada una de las plantas de ácido
sulfúrico del complejo (zinc, plomo y cobre)”. Sin embargo, precisa
Ipenza, solo hay dos instrumentos ambientales: el estudio de impacto
ambiental y el PAMA, y el complejo de La Oroya no cuenta con ninguno de
ellos.
“Nadie puede negar el gran problema social y las exigencias de los
trabajadores en La Oroya, pero no se puede permitir que se vulneren las
normas ambientales”, insiste el abogado.
RIGHT BUSINESS RECHAZÓ DENUNCIAS POR CONTAMINACIÓN
Rocío Chávez, representante de Right Business, empresa liquidadora de
la metalúrgica Doe Run Perú, rechazó la denuncia por contaminación en
La Oroya, indicando que “nosotros hemos venido con pruebas que
demuestran que cada una de esas aseveraciones son falsas”.
Chávez, calificó la información propalada por El Comercio como
“alarmista” y que “no se ajusta a la verdad”. Señaló además que el
complejo no necesita un PAMA, ya que la normatividad a la que éste se
rige no exigía realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para
ejecutar la obra, por lo que remarcó que es suficiente que el proyecto
de modificación del circuito de zinc y la planta de ácido sulfúrico haya
sido “culminado y fiscalizado” por el Osinergmín para iniciar su
funcionamiento.
En declaraciones a RPP,
indicó también que de los ocho proyectos establecidos por el PAMA, no
se finalizó con uno: la modificación del circuito de cobre y la planta
de ácido sulfúrico, hecho que impediría el inicio de sus operaciones.
“Si nosotros hiciéramos funcionar ese circuito a la fecha, como lo
que quería hacer Doe Run con la anterior administración -con el plan
presentado en mayo de este año- ahí sí estaríamos incumpliendo la
norma”, argumentó.
EL PAMA ES OBLIGATORIO
Respondiendo a Right Business, César Ipenza recuerda que “los PAMA se
dieron para aquellas empresas que venían desarrollando actividades y
que no tenían EIA. Sin embargo, ambos constituyen instrumentos de
gestión ambiental y son de obligatorio cumplimiento para cualquier
empresa del rubro minero”.
“No se le puede eximir de contar con un instrumento de gestión
ambiental a dicho complejo metalúrgico. Si bien es cierto que los PAMA
no existen hoy en día, la labor de fiscalización la ejerce hoy en día el
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), quien deberá
fiscalizar en base a los compromisos ambientales recogidos en el
instrumento de gestión ambiental, que podría ser el PAMA, el cual
actualmente no está aprobado”, agregó.
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