Son
alrededor de 24.000 millones de euros la cantidad que las empresas de
UNESA, el oligopolio eléctrico español, reclaman a los consumidores en
lo que se ha dado en llamar
ECOticias.
El agujero económico, social y ecológico del sector eléctrico hace
urgente y necesaria una reforma del sector eléctrico, pero las medidas
que baraja el gobierno no garantizan el beneficio de la población.
Ecologistas en Acción considera que el sistema eléctrico debe reformarse
para garantizar la promoción de fuentes respetuosas con el medio
ambiente, la sostenibilidad social y económica, y la soberanía
energética de las personas, de las diferentes regiones y del Estado.
Son alrededor de 24.000 millones de euros la cantidad que las
empresas de UNESA, el oligopolio eléctrico español, reclaman a los
consumidores en lo que se ha dado en llamar "déficit tarifario". Una
cantidad que se ha ido acumulando especialmente a partir del año 2007,
por el desajuste entre los costes regulados reconocidos por la
Administración, especialmente a las empresas distribuidoras, y las
cantidades recaudadas sobre la base de los peajes de acceso que
establecía ella misma. Al mismo tiempo las empresas de UNESA,
principales acreedoras de la deuda a través de sus filiales de
distribución, generaban beneficios milmillonarios, superiores a dicha
deuda, gracias a las actividades de generación, separadas fiscalmente
por ley desde el año 1997.
El sistema implantado por la Ley del Sector Eléctrico en dicho año
permite situaciones tan absurdas como que las compañías obtengan grandes
beneficios y al mismo tiempo puedan reclamar grandes sumas de los
consumidores. La regulación realizada en este sector ha servido para
beneficiar a los grandes capitales en detrimento de la ciudadanía, en
materia de capacidad de elección o de implantación de energías
renovables. Lo intrincado de la legislación y del funcionamiento del
sistema eléctrico, además, no facilita el acceso a la información y la
comprensión de cómo y quién se beneficia del mismo.
Según Ecologistas en Acción la reforma del sector eléctrico es
urgente para poner fin a la deuda que reclaman las eléctricas, pero
también para diseñar un sistema más democrático y sostenible social y
ambientalmente. La deuda que reclaman las eléctricas es falsa y por
tanto ilegítima, y debe ser directamente anulada. Las fuentes
energéticas más contaminantes deben computar los costes sanitarios,
sociales y medioambientales, y deben desaparecer gradualmente, empezando
por las más sucias y peligrosas, como son la nuclear, el carbón y el
fuel, permitiendo de esta forma la transición hacia un sistema basado en
el ahorro, la eficiencia y las energías renovables, y garantizando una
transición justa en el ámbito laboral para las personas que trabajan en
dichas industrias.
El sistema eléctrico liberalizado actual es una farsa, ya que se
precisa una fuerte componente de control y de planificación de la
generación y el consumo, el mercado está concentrado prácticamente en su
totalidad en cinco empresas, y las dos terceras partes de la tarifa
corresponden a actividades reguladas, lo que distorsiona fuertemente los
precios.
Para Ecologistas en Acción un nuevo sistema debe, además, fomentar la
soberanía energética, reducir la dependencia del exterior, y promover
el autoconsumo a partir de renovables, para lo que resulta
imprescindible que el ejecutivo, por ejemplo, deje de bloquear el
balance neto, lo que supondría una reactivación del sector fotovoltaico,
y sería beneficioso para la ciudadanía, aunque suponga oponerse a los
intereses corporativos de UNESA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario