Se trata
del proyecto de Ley por la que se modifican la Ley de 2002 de
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley de 2011 de
residuos y suelos contaminados
ECOticias.
El portavoz del PSOE en el Congreso en medio ambiente, José
Luis Ábalos, ha rechazado la privatización de la inspección ambiental
que a su juicio impone el Gobierno en la refundada Ley de Contaminación
que se encuentra actualmente en trámite parlamentario.
Se trata del proyecto de Ley por la que se modifican la Ley de
2002 de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley de
2011 de residuos y suelos contaminados, actualmente en trámite
parlamentario, que refunda dos textos normativos para trasponer la
directiva europea de 2010 sobre emisiones industriales.
"Este proyecto de ley refleja en su conjunto la absoluta falta de
convicción del Gobierno a la hora de articular un sistema creíble de
protección ambiental", según ha destacado Ábalos.
A su juicio, privatizar la inspección ambiental prevista por el
proyecto de ley pone en riesgo su independencia y es "otra expresión
evidente más" de que el Gobierno no conoce límites en su afán por
privatizar absolutamente todo lo que hasta ahora es servicio o bien
públicos".
Es más, considera que sólo una autoridad pública tiene las máximas
garantías de independencia y sujeción a la Ley, sin influencia del
interés privado.
El portavoz socialista advierte además de que el proyecto de ley
del PP permite sustituir los inspectores ambientales, funcionarios
independientes y especializados, sometidos a la Ley y con obligación de
velar su estricto cumplimiento, "por una especie de controladores de
aparcamiento sin exigencia de formación que se deben a empresas
privadas".
Con ello, deduce que de "esas empresas terminan por cobrar un alto
precio a las Administraciones, así que finalmente resulta una pérdida
de calidad y fiabilidad del servicio con nulo ahorro para el
presupuesto público".
Además de ese aspecto, el Grupo Socialista quiere eliminar de la
Ley la facultad de exceptuar sin control previo los valores límite de
emisión que, precisamente, cree que son el objeto fundamental de la
tarea preventiva.
"La posibilidad de autorizar una contaminación excesiva y a la
carta, termina de completar un panorama que desvirtúa la esencia de la
Ley, que debería ser la que menciona su título: la prevención y el
control de la contaminación", ha subrayado Ábalos.
Es más, considera que el Gobierno ha desoído las observaciones del
dictamen del Consejo de Estado, al mismo tiempo que lamenta que, pese a
su impacto económico sobre una parte importante del tejido
empresarial, cifrado por el Gobierno en 6.100 instalaciones
industriales, "ni se ha pedido informe al Consejo Económico y Social,
ni existe ninguna mención en la Memoria de acompañamiento al impacto
económico de la Ley".
En relación a la directiva que se incorpora a través del proyecto,
el Grupo Socialista considera que contiene aspectos positivos, pero la
orientación gubernamental se ha dirigido a reducir al mínimo las
normas y el sistema de protección ambiental, "por lo que resulta por
completo rechazable", ha insistido Ábalos, porque "en la regulación
añadida por el Gobierno existe una firme voluntad de desmantelar el
valor y la efectividad de esta norma".
Es más, ve "claramente insuficiente" la regulación de los aspectos
de información pública y de participación de los interesados para que
puedan complementar la inspección y el control públicos de las empresas
que contaminan.
En su opinión, falta transparencia y proactividad porque no se
contempla la publicación de las informaciones sobre los expedientes de
Autorización Ambiental Integrada de las que dispone la Administración y
tampoco se prevén fórmulas de denuncia de los interesados para poner en
marcha inspecciones cuando detecten incumplimientos.
Por otro lado, el portavoz socialista ha criticado el
comportamiento del PP y del Gobierno por "menospreciar a la oposición"
cuando "impiden los debates en el pleno y fuerzan el trámite de urgencia
para atropellar a la oposición con el rodillo de su mayoría, para más
tarde concederse todo el tiempo del mundo en estudiar las enmiendas",
poniendo en evidencia "la incapacidad del Gobierno para asumir los
plazos que impone.
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