El
Congreso ha aprobado la regulación que modifica la norma de prevención y
control integrados de la contaminación y la de residuos y suelos
contaminados, que afectará a 6.100 industrias, y que persigue eliminar
trabas burocráticas y ampliar las limitaciones de contaminación al suelo
y subsuelo.
Las
enmiendas remitidas por el Senado, han salido adelante con los votos
del PP y de CIU, que no obstante ha votado en contra de un punto
concreto, la abstención del resto, y el "no" del BNG.
Tanto
Izquierda Plural, como el PNV y UPyD han criticado la "nula voluntad" y
la "cerrazón" del partido en el poder para negociar y han considerado
que aunque se trata de la trasposición de una directiva europea muy
técnica "se podía haber ido mucho más allá"
Además y durante el
debate, el portavoz de CIU, Martí Barberá , se ha quejado del trato
reservado a las CCAA y de la concepción centralista y ha advertido de
futuras dificultades administrativas.
La nueva norma, a juicio del
portavoz del Grupo Socialista, José Luis Ábalos, vuelve a reflejar la
creencia del PP de que el medio ambiente es un obstáculo para el
crecimiento económico y abre la puerta a la privatización de las
inspecciones de medio ambiente.Un medio ambiente, que ha recordado,
tiene una influencia negativa en la salud de los ciudadanos si no se
cuida.
La nueva regulación, según el Ejecutivo, es "más
garantista" en la protección frente a la contaminación ya que no se
limitará sólo a la atmósfera y al agua sino también al suelo y al
subsuelo, es decir a las aguas subterráneas.
También y según las
mismas fuentes, para alcanzar un elevado nivel de protección del medio
ambiente, la norma, con efectos en unas 6.100 instalaciones industriales
como refinerías, cementeras o siderúrgicas, entre otras, supedita su
puesta en marcha a la obtención de un permiso escrito, la autorización
ambiental integrada (AAI).
Otra medida de simplificación es la supresión del deber de renovación de la autorización.
Esta
renovación implicaba que el titular, transcurridos ocho años desde su
otorgamiento, debía solicitar su renovación al órgano competente con una
antelación mínima de diez meses antes del vencimiento del plazo.
Ahora,
será el órgano ambiental competente, de oficio y mediante un
procedimiento simplificado, quien garantice la adecuación de esta
autorización.EFEverde
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