El Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia
Civil de Castellón acusa a 11 personas de supuestos delitos contra la
ordenación del territorio y a uno de ellos también de un delito contra
los recursos naturales. Una inspección de la Guardia Civil relacionada
con el cumplimiento de las normativas urbanísticas derivó en la
Operación Atalaya, que ha destapado la explotación minera de un cantera
en terreno de dominio público y en el entorno de un espacio protegido.
Así, los guardias civiles detectaron una cantera a cielo abierto
entre los términos municipales de Borriol y La Pobla Tornesa cuya
actividad podía afectar al paraje natural del Desert de les Palmes y su
zona de influencia. Según un comunicado del instituto armado, se inició
una investigación en la que se detectó que la licencia urbanística de
los terrenos donde se encontraba la cantera había sido recalificada de
cultivo agrícola pasando a ser cultivo de especies forestales para
biomasa. Sin embargo, ese cultivo "no se estaba realizando".
Los investigadores averiguaron que los terrenos en los que se sitúa
la cantera son terrenos protegidos, según el plan urbanístico de La
Pobla Tornesa, y cuentan con protección paisajística. Además, detectaron
que la explotación del terreno afectaba a bienes de dominio público en
los que se extraía pizarra y arcillas sin haberlo solicitado, con
movimientos de tierra en el cauce del Barranco de la Bodega. Esta
actividad irregular "pudo afectar a la biodiversidad de la fauna y flora
circundante protegida por la normativa europea".
En total, se han extraído cerca de 9.000 toneladas de pizarra y arcilla con un valor aproximado superior a los 100.000 euros.
Como resultado de la investigación del Seprona se realizaron siete
denuncias tramitadas a distintas administraciones, entre ellas la
Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de
Castellón; la de Agricultura, Pesca, Alimentación y Energía de
Castellón; la de Economía, Industria, Turismo y Empleo; la Confederación
Hidrográfica del Júcar y los ayuntamientos de Borriol y La Pobla
Tornesa.
Además, la Guardia Civil ha imputado a 11 personas como supuestos
autores de un delito contra la ordenación del territorio, imputando a
una de ellas además un delito contra los recursos naturales.
El alcalde de La Pobla Tornesa, Carles Selma (PSPV), ha confirmado
que ha recibido este viernes la denuncia del Seprona pero no ha mostrado
sorpresa por las extracciones. “A mediados del pasado año comenzamos a
ver todo el trajín de camiones que entraban y salían por los caminos de
nuestro municipio y lo comunicamos al Ayuntamiento de Borriol y a la
Generalitat”, afirma el regidor. Según explica, desconocían que
existiera una cantera pero sí sospechaban de que “se estaba haciendo
algo que sobrepasaba lo que decía el expediente”.
El alcalde de Borriol, Adelino Santamaría (PP), en cambio, ha negado
que conociera esta actividad. “El Ayuntamiento dio permiso para un
proyecto de cambio de cultivo, estaba todo en regla”, ha indicado. Los
agentes del Seprona han confirmado que la actividad no se correspondía
con la licencia otorgada. Santamaría ha concretado que la cantera fue
clausurada hace unos meses tras detectarse movimientos irregulares de
tierras.
Por su parte, desde la Consejería de Territorio han apuntado que
estudiarán la denuncia del Seprona para determinar posibles
responsabilidades.
Los imputados son R.A.E., de 68 años de edad; M. A. C., de 43 años;
M.G., de 27 años; A.C.M., de 44 años; A.G.G., de 35 años; S.M.R., de 33
años; J.P.F., de 58 años; J.S.P., de 52 años; M.G.B., de 36 años;
G.C.T., de 46 años; V.N.M., de 55 años; todos de nacionalidad española y
vecinos de Onda, La Vall d’Alba, Castellón de la Plana, Valencia y
Ribarroja de Turia (Valencia). Están en libertad y las diligencias
instruidas se han entregado al decanato de los juzgados de Castellón y a
la fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón.
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