La moratoria verde ‘paraliza’ la energía eólica

Las previsiones de la CNE indican que en 2015 se habrán instalado 1.975 MW eólicos menos de lo estimado hace un año, antes de que entrase en vigor la moratoria.

 ECOticias.

La tecnología que más megavatios dejará de instalar a consecuencia del Real Decreto-Ley 1/2012 que instauró la moratoria a las energías renovables es la eólica, según el reciente Informe Marco de gas y electricidad para 2011 de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Asimismo, la CNE insiste en que la eólica es la energía renovable más competitiva.

Las previsiones de la CNE indican que en 2015 se habrán instalado 1.975 MW eólicos menos de lo estimado hace un año, antes de que entrase en vigor la moratoria. Para la fotovoltaica, el impacto sería de 1.142 W, y para la termosolar, de 250 MW (ver gráfico adjunto). El dato no resulta especialmente sorprendente, ya que la potencia a instalar eólica en las planificaciones suele ser mayor que la de otras tecnologías.

Comparativa entre previsión CNE pre-RDL1/2012 y post RDL

La CNE pronostica que se instalarán 1.474 MW eólicos entre 2012 y 2015 (fundamentalmente en 2013). Sin embargo, en el contexto actual es difícil prever nuevos megavatios para el año próximo. Primero, el Real Decreto-Ley 1/2012 implica que sólo se podrán instalar los parques inscritos en el Registro de Preasignación y éste vence a finales de 2012. Si no se pone fin a la moratoria y se instaura un nuevo marco regulatorio que dicte las reglas del juego a partir de 2013, difícilmente se instalará nueva potencia eólica más allá de este año. El mejor ejemplo de ello es que los fabricantes de aerogeneradores presentes en España declaran que en lo que va de 2012 no han recibido pedidos en fábrica –que deben hacerse entre uno y medio y dos años antes de la instalación de un parque- para el mercado doméstico.

Con el fin de desbloquear esta situación, seguir adelante con su desarrollo ordenado y evitar la deslocalización de la industria y la pérdida de empleo, AEE solicita al Gobierno la apertura de una mesa de diálogo en la que ambas partes colaboren en el diseño de un marco regulatorio para el sector que sea sostenible para la economía española, a la vez que garantice la supervivencia del sector.