Nuestro
estudio muestra cómo la transferencia de derechos ha sido generalmente
incompleta, de manera que las reformas que hubieran facilitado la
participación legal de las comunidades
Gabriela Ramirez Galindo
A pesar de la gran variedad de reformas de tenencia realizadas
los últimos 20 años que han abierto canales legales a las comunidades,
permitiéndoles obtener derechos sobre sus bosques, la distribución justa
de las responsabilidades del manejo forestal entre la población local y
los gobiernos continúa siendo un gran problema, asegura un nuevo
estudio de CIFOR.
“Nuestro estudio muestra cómo la transferencia de derechos ha sido
generalmente incompleta, de manera que las reformas que hubieran
facilitado la participación legal de las comunidades en el sector
forestal se ven limitadas por complicadas normativas y costos iniciales
que en realidad crean barreras a la participación comunitaria,” dijo
Peter Cronkleton, científico del Centro para la Investigación Forestal
Internacional y coautor del estudio, publicado en la revista
Conservation and Society.
“Si los grupos comunitarios están tratando de usar los recursos
forestales de manera sostenible, los gobiernos deberían apoyar estos
esfuerzos en lugar de crear obstáculos o imponer engorrosos trámites”.
Las comunidades estudiadas en Bolivia, Filipinas, India y Guatemala
operan en el marco de diferentes modelos de cogestión, en donde las
responsabilidades así como los beneficios obtenidos de la gestión de los
recursos forestales se comparten entre el Estado y otros actores y,
donde en teoría, la experiencia técnica de las entidades gubernamentales
se combina con el conocimiento indígena de la población local para
mejorar la gestión y fortalecer la gobernanza forestal.
Cronkleton observó que, a pesar de que las comunidades habían tenido
éxito al obtener derechos legales sobre sus recursos forestales, el peso
de las normas regulatorias vinculadas a estos arreglos de cogestión,
como por ejemplo renovar autorizaciones o demostrar que se satisfacen
estrictos estándares técnicos, por lo general recaen en forma
desproporcionada sobre los residentes de las comunidades forestales.
El estudio destaca la lucha del pueblo guarayo en las tierras bajas
de Bolivia, uno de los grupos indígenas más importantes de la región
amazónica del país. Después de la reforma de tenencia de 1996, el
gobierno boliviano reconoció la demanda presentada por los guarayo
otorgándoles una superficie de 1.3 millones de hectáreas de propiedad
comunal. Algunas comunidades indígenas guarayo vieron en la gestión
forestal una oportunidad para generar ingresos y también aumentar el
control sobre su territorio. No obstante, debido a que los bosques aún
son propiedad del Estado, ellos debían presentarle planes de manejo para
su aprobación.
Después de una importante inversión en términos de tiempo y dinero
para demarcar las áreas de manejo forestal, llevar a cabo inventarios y
censos de madera con valor comercial, así como inscribir a las
organizaciones comunitarias para satisfacer los requisitos técnicos
estipulados por el gobierno, los guarayo tuvieron que soportar largas y
repetidas demoras del gobierno para aprobar sus planes de manejo. Al
mismo tiempo, las entidades gubernamentales responsables de este proceso
fueron muy débiles al defender los bosques indígenas de los madereros
ilegales. Para poder convencer a las autoridades respectivas de cumplir
con sus actividades de fiscalización en el campo, las comunidades debían
por lo general asumir los gastos generados por dicha visita.
Aunque siete comunidades guarayo obtuvieron la aprobación de sus
planes de manejo forestal, representando apenas 11 % de la tierra
demandada por la comunidad, la mayor parte se sintió desalentada con
todo el proceso y decidió abandonar estos esfuerzos; muchas comunidades
vecinas incluso decidieron no adoptar planes similares.
Cuando los gobiernos imponen barreras que, en efecto, restringen la
capacidad de las comunidades de ejercer sus derechos y no pueden cumplir
con sus responsabilidades para facilitar la participación comunitaria,
la carga que implican los requisitos de la cogestión en realidad supera
los beneficios,” dijo Cronkleton.
Generalmente, la cogestión surge como parte de un proceso de reforma
de tenencia forestal en el que los gobiernos reconocen los derechos que
la población local tiene a los recursos forestales. Sin embargo, en
lugar de un solo derecho, los derechos otorgados a la población deberían
entenderse como un conjunto de derechos diferentes, como el derecho a
manejar los recursos, de excluir a otros de ese recurso o incluso de
vender derechos a otros, explicó Cronkleton.
En ocasiones, los gobiernos retienen ciertos derechos, como por
ejemplo el derecho a transferir la propiedad a otros cuando quieren
saber quién es el responsable de conservar los bosques. Aunque los
gobiernos con frecuencia otorgan el derecho de manejar los recursos
forestales a grupos comunitarios y a individuos, el Estado retiene la
propiedad de los bosques para poder controlar la forma en que se lleva a
cabo la gestión.
“Si bien la cogestión puede aumentar los beneficios percibidos por
los grupos comunitarios, generalmente implica mayores responsabilidades y
obligaciones. En la práctica, cuando el Estado otorga derechos de
manejo de forma parcial, impone también barreras, importantes y
prolongadas, a la adopción de la silvicultura comunitaria y, con
frecuencia, limita los beneficios de los participantes locales”.
“Para que la cogestión alcance todo su potencial, los gobiernos
necesitan ser más flexibles, deben aprender lo que funciona y lo que no y
adaptar las normas técnicas así como las políticas para apoyar una
mayor participación de las comunidades en los programas, garantizando
así sistemas de manejo más equitativos y efectivos,” añadió.
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