Las obras hidráulicas del Ministerio de Medio Ambiente sufrieron
entre 2004 y 2012 un sobrecoste de 1.531 millones respecto al
presupuesto de adjudicación, según un documento del Gobierno al que ha
tenido acceso este diario y que analiza 1.237 expedientes de
contratación con desviaciones significativas. En esos expedientes hay
una desviación media del 29%. Los modificados en los proyectos —en este
caso desaladoras, presas, trasvases...— son una práctica tradicional
entre las constructoras y la Administración. El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya les ha dicho a las patronales del sector que está decidido a terminar con esta situación.
Los modificados permiten que, si surgen imprevistos o cambios de
planes en la obra pública, se pueda seguir sin un nuevo proceso de
adjudicación. Pero, según fuentes del sector, con los años se había
convertido en frecuente que las constructoras fueran a los concursos con
ofertas a la baja y luego presentaran modificados a la Administración,
lo que encarecía el proyecto.
Fuentes del Gobierno señalan que eso no implica que alguien de la
Administración se haya enriquecido ilegalmente, sino que era una
práctica habitual en Fomento y en la dirección general del Agua,
desgajada de ese ministerio cuando en 1996 José María Aznar
creó el de Medio Ambiente. La cuantía de modificados en Fomento es
previsiblemente mayor, pero el ministerio no ha facilitado datos.
Con la crisis, el Gobierno endureció las condiciones para los modificados. La Ley de Economía Sostenible, de 2011,
fijó que con ese procedimiento no podía encarecer el proyecto en más de
10% (más otro 10% en las mediciones de la obra una vez terminada).
El ministerio ha revisado 1.237 expedientes de contratación de obras
hidráulicas entre 2004 y el primer trimestre de 2012 en los que ha
habido “una desviación económica, entendida la misma como la diferencia
entre el importe de adjudicación del contrato y el importe finalmente
pagado”. No son todas las obras, pero sí “aquellas en los que se ha
producido una desviación económica más significativa”.
En los expedientes evaluados “se ha producido una desviación de 1.531
millones de euros, es decir, un 29,82% del importe contratado al
inicio”, según un documento de tres páginas de Medio Ambiente fechado el
5 de julio. Los expedientes incluyen los contratos de la Dirección
General del Agua, de las confederaciones hidrográficas y las sociedades
estatales de agua. Estos últimos organismos fueron criticados por el
PSOE en la oposición por su opacidad. El programa electoral de los
socialistas en 2004 llegó a prometer su desaparición, aunque finalmente
recurrió a ellas.
El organismo con mayor desviación (un 69,8% más de sobre adjudicado)
es la propia dirección general del Agua, algo que el texto achaca “a la
tipología de las obras que se acometen”, principalmente embalses, en los
que “la dificultad de los trabajos hace que sean frecuentes las
desviaciones”. Y detalla tres casos: el recrecimiento del embalse de
Yesa (Navarra), con una desviación de 165,87 millones más; la presa de Castrovido (Burgos), que ha costado 115,95 millones más, y el embalse de Enciso (La Rioja), cuyas obras acumulan sobrecostes de 59 millones.
La explicación está en que cuando el PSOE llegó al poder, paró
Castrovido para replantearlo y bajar la cota del embalse. Al estar años
sin obras hubo movimientos en las laderas y con la cimentación y cuando
arrancaron años después hubo problemas. Algo parecido ocurrió en Yesa y
pasará con el parón actual en obras del AVE. Los retrasos obligan a
“prorrogar los contratos de las asistencias técnicas asociadas que
llegan, incluso, hasta duplicar el importe de su contrato”.
El trasvase Tajo-Guadiana
(conocido como tubería de la llanura manchega) acumula un sobrecoste de
100 millones, una desviación del 78,75%. La construye OHL desde 2005
para la Confederación Hidrográfica del Guadiana y por las peticiones de
Castilla-La Mancha fue variando de trazado. Cada vez era un tubo más
largo para abastecer a más municipios.
Acuamed, la sociedad estatal encargada de construir la mayoría de las
desaladoras del Mediterráneo y el trasvase Júcar-Vinalopó, pasó de un
presupuesto de adjudicación de sus obras de 1.302 millones a 1.619
millones, un incremento de 316 millones (el 24,31%). La desaladora de
Torrevieja, por ejemplo, ha sufrido retrasos y cambios en el proyecto,
entre otras cosas por las pegas del Ayuntamiento, del PP.
El ministro Arias Cañete avisó el pasado 9 de abril en el Senado:
“¡Ha habido tanto reformado! Esa es otra: el festival de los reformados
en las adjudicaciones de obra, y algún día compareceré para contarlo y
para que puedan ver la diferencia. Porque en una presa puedo entender
los reformados, siempre pueden moverse los pilares; pero en una
desaladora, no los entiendo”. En un acto con la asociación de constructores Anci les advirtió: “No nos temblará la mano si tenemos que rescindir un contrato cuando se aparte del presupuesto”.
Fuentes del Ejecutivo socialista afirman que la mayoría de los
desvíos se produjeron en la primera legislatura y que ha ocurrido en
todas las Administraciones. Añaden que los mayores modificados se
firmaron antes de la crisis y recuerdan que la Ley de Economía
Sostenible ya limitó la posibilidad. El secretario de Estado de Agua
entre 2008 y 2011, Josep Puxeu, afirma que ya se puso coto a la
práctica: “Cuando llegué pusimos un tope en los modificados del 20%. Si
se iba más había que hacer un nuevo proyecto”. Y añade que los casos de
Yesa o Castrovido tiene explicación porque son obras que se pararon.
El actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos,
afirmó el 16 de mayo en el Congreso que pensaba poner en marcha las
desaladoras: “Tendremos que poner esas desaladoras, de una forma o de
otra, en funcionamiento y en valor. Algún día tendremos que explicar los
desvíos que se produjeron en los precios adjudicados a esas obras y por
qué luego se aprobaron modificados en cantidades astronómicas”.
Preguntado por la portavoz socialista, añadió: “Nos hemos encontrado
con determinadas desaladoras, que adjudicadas a un precio en concurso
público, luego ha habido modificados que han subido ese precio a más de
un 100% del precio de adjudicación. Entendemos que dichos modificados
son difícilmente justificables y que merece la pena estudiar por qué se
han producido, entre otras cosas para que no se vuelvan a repetir esas
circunstancias”. La desviación máxima en los 67 expedientes revisados de
Acuamed es del 87%, aunque el informe no detalla de qué obra se trata.
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