El
primer consenso detectado sobre el recurso hídrico enfatiza la urgencia
de tomar medidas que, junto con responder a la actual sequía, aborden
un problema estructural que está amenazando
Ximena Abogabir
Buena coincidencia: comenzamos el 2012 con dos trabajos de
construcción de consensos absolutamente pertinentes y complementarios.
En enero se presentó el resultado de dos comisiones que trabajaron sobre
la matriz energética; y recientemente, la Asociación Nacional de
Empresas de Servicios Sanitarios y CIPMA lanzaron el documento “Agua y
Medio Ambiente ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para una gestión
más sostenible, justa y transparente del recurso hídrico?”, resultado
de un debate intersectorial. Existe sinergia entre este documento y el
referido a la energía: mal que mal para desalar agua de mar, una opción
considerada como la panacea por muchos, se requiere mucha energía. Y
para generar hidroelectricidad, se necesita agua predecible y
abundante.
El primer consenso detectado sobre el recurso hídrico enfatiza la
urgencia de tomar medidas que, junto con responder a la actual sequía,
aborden un problema estructural que está amenazando, no sólo el recurso
para consumo humano y para actividades productivas, sino que para los
servicios ecosistémicos en general y a los modos de vida de grupos
poblacionales, tales como pequeños agricultores y comunidades
indígenas. El documento consigna que la disponibilidad de agua está bajo
la media para el 60% de la población de Chile y afecta a la producción
del 70% del PIB. Sin embargo, ni la opinión pública ni el Gobierno
parecen estar reaccionando con la profundidad y la velocidad que la
situación amerita.
El segundo consenso se refiere a la obsolescencia, precariedad e
incoherencia de la actual institucionalidad, fragmentada en 18 distintas
reparticiones públicas, a menudo con posiciones contradictorias. Se
consideró que el sistema de registro de los derechos de agua es
insuficiente; las organizaciones de usuarios son precarias; el mercado
es opaco y favorece a las grandes empresas; el Código de Aguas requiere
ser reformado, entre varios desafíos detectados. Todo ello redunda en la
creciente disociación entre la seguridad jurídica del título y la
inseguridad hídrica. Existió un cuestionamiento a la transparencia en la
asignación de derechos de aprovechamiento del recurso, así como de los
mecanismos de gobernabilidad, calificados de “extrema debilidad” por los
participantes, aludiendo a que sólo existen 51 Juntas de Vigilancia
establecidas (el río Loa, por ejemplo, no cuenta con una), cuya
fragilidad se ha visto demostrada en los recientes conflictos entre
regantes generados por la actual sequía.
Sobre los actores privados, el sector agrícola, representado por la
Sociedad Nacional de Agricultura, queda como el villano de la película,
por su negativa a sentarse a la mesa y participar en el debate, a pesar
de representar el 78% del consumo del recurso y tener un amplio espacio
para mejorar en el uso eficiente del recurso. La Gran Minería, si bien
siempre señalada con el dedo por su magnitud, representa a nivel
nacional sólo el 4% de la disponibilidad, aunque concentrada en los
lugares más áridos donde compite por el recurso con las comunidades
originarias, pero muestra la mayor capacidad de innovación, inversión y
uso eficiente del agua. Por su parte, se reconoce que el gremio
sanitario enfrenta el gran desafío de promover una cultura del uso
responsable y abordar las pérdidas del recurso.
Un obstáculo identificado por todos los actores participantes es la
falta de información completa, coherente y adecuada a la diversidad
geográfica de las cuencas. Claramente, por la variabilidad climática
chilena, los promedios y las cifras agregadas no sirven. Los
participantes constataron la falta general de información sobre las
aguas subterráneas y su interacción con las aguas superficiales. Tampoco
existe suficiente información sobre la calidad del recurso. Poco
probable es que el Estado pueda generar información en el corto plazo,
pero sí se puede recolectar toda la disponible, incluyendo las líneas de
base presentada al Sistema de Evaluación Ambiental, e invitar a las
comunidades a aportar su percepción de los cambios experimentados en el
período reciente así como sus conocimientos ancestrales sobre el
comportamiento hidrológico.
Algunos comentaron que el documento era pesimista. Sin embargo, en el
contexto de cambio climático, sólo puede esperarse la agudización de la
situación, de modo que es preferible un tono pesimista que nos mueva a
la acción, que un optimismo desinformado. Los datos son contundentes y
las evidencias ya son una realidad, por lo que sólo cabe innovar. Se
requieren soluciones del siglo XXI y comenzar por las que ya están
consensuadas. Otras, por ejemplo, el debate de los glaciares, tendrán
que seguir esperando.
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