Amenaza de guerra del agua en 20 días. Es el plazo que dan al
Gobierno central más de un millar de agricultores de la zona del Condado
de Huelva, respaldados por todos los partidos políticos, las
organizaciones agrarias y los ayuntamientos de 13 municipios. Desde 2008
tienen concedidos 4,99 hectómetros cúbicos del sistema del Chanza, pero
el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente
ni siquiera ha sacado a información pública la Declaración de Impacto
Ambiental de las obras que permitirían su aprovechamiento y de las que
dependen una inversión de 17,5 millones ya asegurada, 700 puestos de
trabajo durante dos años, la eliminación de 900 pozos del acuífero de
Doñana y 3.500 hectáreas agrícolas.
La sequía ha convertido la espera en desesperación y urgencia. Esta
semana se han agrupado 1.300 agricultores en una plataforma en defensa
de los regadíos de El Condado, una zona agrícola onubense de gran
capacidad de producción.
A la cabeza de los agricultores se encuentra la comunidad de regantes El Fresno,
presidida por Ángel de Gorostidi, quien destaca que no solo la
inversión llevaría a la realización de obra nueva y la creación de
puestos de trabajo, sino que además permitiría aprovechar más
inversiones ya realizadas y, sobre todo, asegurar la producción de una
zona de la que dependen miles de familias y donde trabajan 80.000
personas.
Gorostedi destaca que El Fresno dispone ya de un patrimonio en
regadíos de 60 millones de euros y que en el proyecto paralizado, de
17,5 millones, se incluye la construcción de una estación de bombeo, una
red de distribución de riego desde la nueva balsa de Lucena del Puerto,
ya construida, y una subestación eléctrica que optimizaría actuaciones
ya realizadas y valoradas en 35 millones.
Esta nueva infraestructura es, por lo tanto, básica para la zona. Tanto que cuentan con el sello de Interés del Estado
y con financiación asegurada: un 30% lo aportan los agricultores y un
70% procede de fondos europeos. Sin embargo, ni así consiguen
desbloquear la situación.
Gorostedi añade una razón más. La garantía de agua superficial en la
zona permitiría el cierre de 900 pozos y aliviar la presión sobre el
acuífero 27, del que se abastece el parque de Doñana.
Sin embargo, el proyecto se presentó hace ya un año y ni siquiera ha
salido a información pública para que se presenten alegaciones.
La Subdelegación del Gobierno no ha aportado explicaciones de la
situación a este periódico, aunque en una pasada reunión con
agricultores afectados, atribuyó el problema al anterior Ejecutivo, del
PSOE.
El presidente de El Fresno, que es también concejal socialista,
admite que el proyecto se ha visto perjudicado por la “poca fortuna” de
un cambio en el Gobierno central. No obstante, aboga por acabar con que
“la burocracia se convierta en un muro imposible”.
Gorostedi advierte que está en juego el 60% de un sector puntero para
Huelva y Andalucía, por lo que está preparado para la movilización de
los agricultores si a final de mes no se resuelve la situación
Los agricultores de Huelva también esperan la resolución del plan de regadíos, pendiente de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Tras la última reunión del Consejo de Participación de Doñana, el
primero al que asistía Luis Planas como representante de la
administración andaluza, se emitió un comunicado en el que se afirmaba
que el Gobierno autonómico, tras una reunión con la plataforma de
regantes, se ha comprometido a que este plan especial “pueda estar concluido a la mayor brevedad posible”. También se acordó en esa reunión “acelerar los plazos para analizar y resolver las más de 3.800 alegaciones recibidas”.
Gorostedi destacó que estas alegaciones se presentaron en mayo del
pasado año y lamentó la tardanza en aprobar un marco que permitiría
acabar con la indefensión del agricultor y despejar las dudas de una
zona económica esencial que recibe fondos para la mejora de los regadíos
y después se cuestionan los mismos.
El presidente de la comunidad de El Fresno lamentó la constante
sospecha sobre el sector y resaltó la investigación que está llevando el
Seprona en la zona, donde está interrogando a los agricultores e
inspeccionando cada caseta, cada transformador y cada cultivo.
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