En este
sentido, y dentro del marco del proyecto europeo Life+ 'Veneno' que
coordina la asociación, se ha personado en 22 procedimientos judiciales
en la vía penal y ha obtenido cinco sentencias condenatorias.
ECOticias.
SEO/BirdLife recuerda que el uso ilegal de veneno para matar
animales considerados como dañinos en actividades como la caza, la
ganadería, la agricultura o la apicultura, está considerado, por el
Código Penal, como un delito penado con hasta dos años de cárcel y la
inhabilitación para cazar o ejercer una profesión, según ha informado la
ONG.
En este sentido, y dentro del marco del proyecto europeo Life+
'Veneno' que coordina la asociación, se ha personado en 22
procedimientos judiciales en la vía penal y ha obtenido cinco sentencias
condenatorias.
Así, la ONG señala que el en el último proceso judicial que ganó,
el pasado 19 de julio de 2013, tres personas fueron condenadas a catorce
meses de cárcel por el envenenamiento de nueve aguiluchos laguneros en
un coto privado de Mendavia (Navarra). Los condenados --el guarda de
caza del coto, el presidente y el tesorero-- deberán indemnizar, además,
al Gobierno de Navarra por la muerte de las aves con 5.409 euros, y, el
guarda de caza no podrá ejercer de guardés durante un año.
También ha indicado que, de los 22 procedimientos judiciales en
los que se ha personado la organización ecologista, doce afectan a
especies amenazadas. Este es el caso de las seis águilas imperiales
ibéricas envenenadas en 2012 en la Encomienda de Mudela (Ciudad Real) o
las más de 130 aves rapaces muertas aparecidas en un coto de caza de
Tudela (Navarra) en el mismo año.
Recuerda que más de 7.000 ejemplares de especies amenazadas han
muerto por envenenamiento en la última década y que 88 personas han sido
condenadas en España por estos delitos, principalmente en aquellas
comunidades autónomas que cuentan con planes y protocolos de lucha
contra el veneno o tienen patrullas especializadas para la investigación
de estos sucesos como son Andalucía, Aragón, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Valencia y Cataluña.
En este sentido ha señalado que de las investigaciones del Grupo
de Investigación de Venenos y Antifurtivismo del Cos d'Agents Rurals
(Cataluña) --"referente" en este campo--, se ha constatado que el perfil
de todos los condenados es "bastante similar", siendo, en general
"varones con una edad media de 55 años y generalmente relacionados con
la caza".
Del mismo estudio, se desprende que el origen del veneno en el
campo está relacionado con el sector cinegético en el 65 por ciento de
los casos y con el sector ganadero en el 23 por ciento.
Por todo ello, desde el proyecto Life+ 'Veneno', la ONG insista a
las comunidades autónomas a que "aprueben planes y protocolos de lucha
contra el veneno y apuesten por la especialización de los agentes de
medio ambiente".
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