El valle ourensano de Valdeorras, devorado por las canteras de
pizarra, es una gran cloaca. Unos 25 kilómetros de los ríos San Xil,
Valborraz y Casaio —afluentes del Sil— han sido secados y contaminados
con metales pesados hasta fulminar cualquier forma de vida. Y las
empresas mineras que arrasan desde hace medio siglo 30 kilómetros
cuadrados de la Serra do Eixo, continúan contaminando cualquier río o
regato que se cruce ante las descomunales escombreras de hasta 400
metros de altura en las que depositan desechos que no pueden
comercializar. Algunas de esas empresas ni siquiera han pagado las
multas impuestas por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS)
tras los evidentes destrozos. Solo en el municipio de Carballeda, zona
cero de la pizarra, se han incoado 43 expedientes sancionadores en los
últimos siete años vinculados directamente a la “afección del dominio
público hidráulico”. Sin embargo, no todos los responsables del destrozo
han abonado las multas: una docena fueron recurridas ante la justicia.
Las sanciones impuestas desde 2005 suman 781.000 euros, pero una
estrategia evasiva urdida por las empresas que exprimen los montes ha
mermado esa cantidad hasta 491.000 euros. En once de los doce recursos
contencioso-administrativos planteados se ha dictado sentencia y los
tribunales han estimado total o parcialmente seis de ellas.
Prácticamente todos los recursos aceptados aprovecharon un vacío legal
surgido tras la anulación de la orden ministerial de valoración de daños
al dominio público acordada en noviembre de 2011 por el Tribunal
Supremo. Un vacío que aún no se ha resuelto ya que el Gobierno central
mantiene paralizada desde diciembre de 2012 la aprobación del Real
Decreto que desarrolla esos mismos criterios de valoración en
sustitución de la orden tumbada por el Supremo.
Algunas de esas sanciones incluyen la obligación de reponer los
cauces a su estado primitivo, algo “imposible”, según explica la
Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN). Por ejemplo, los dos
últimos kilómetros del San Xil discurren por tubos de hierro oxidado y
el valle que formaba su cauce es ahora un enorme agujero gris de 150
metros de profundidad. Una dentellada descomunal en la montaña, justo al
lado de una balsa artificial de agua azul eléctrico que acumula
toneladas de residuos en medio del cauce original. Todavía no se ha
restituido ni un solo metro de río, así que la Confederación mantiene
abierta la posibilidad de imponer nuevas multas coercitivas.
El vaciado de cauces no es el único problema. Estos tres ríos
presentan un elevadísimo grado de contaminación apreciable a simple
vista: tonos ferruginosos, partículas en suspensión y aguas teñidas de
verde salpican el curso del Casaio hasta su desembocadura en el Sil. Los
informes técnicos internos que maneja la Confederación del Miño-Sil
certifican el desastre. La red CEMA (Control del Estado de las Masas de
Agua) dispone de dos puntos de registro en este río, que revelan datos
alarmantes. Los controles realizados mensual y trimestralmente indican
que el estado del agua “es malo”, según reconoce el propio organismo a
este diario. Tiene una “concentración elevada de metales pesados como
níquel, hierro, manganeso o zinc” y su PH (que da el nivel de ácido) es
similar al del vinagre. Estas aguas desembocan directamente en el Sil,
desde el que se bombea el abastecimiento del municipios de O Barco
(15.000 habitantes) de forma puntual.
Ante estos preocupantes datos, el servicio de calidad de las aguas de
la CHMS realiza periódicamente campañas de investigación en las cuencas
del San Xil, Valborraz y Casaio para determinar el origen de los
vertidos. La última se llevó a cabo el pasado mes de mayo pero, por
ahora, no ha concluido qué empresas siguen contaminando los cauces a
pesar de las sanciones. La investigación ha establecido ocho puntos de
control en el valle de la pizarra (tres en el río Valvorraz, dos en el
San Xil, uno en el Riodolas y dos más en el Casaio, que se suman a la
red CEMA). A falta de concluir las pesquisas, de la información
recopilada hasta la fecha por los técnicos de la CHMS se deduce que “los
problemas se originan por la presencia de pirita en distintas zonas de
los cauces, disolviéndose los metales presentes en la mineralogía a
causa de la acidez”. La pirita es uno de los minerales más usados para
la obtención del ácido sulfúrico y uno de los desechos habituales en el
proceso de extracción de la pizarra. Por el momento las autoridades no
concretan ni medidas correctoras ni responsabilidades legales, ya que
continúan intentando “detectar con precisión la localización del
material contaminante”.
Pero las canteras de Valdeorras —controladas mayoritariamente por el
gigante gallego Cupa Group y por empresas alemanas— quieren más. El 7 de
mayo de 2012, la patronal de la pizarra se reunió con el presidente de
la Confederación Hidrográfica, Francisco Marín, y con la alcaldesa de
Carballeda, María de Carmen González (PP). En el encuentro reclamaron
desviar más ríos “ante la carencia de escombreras que amenaza el futuro
del sector”. La patronal aseguró entonces que el presidente de la cuenca
“se mostró receptivo a la idea”. Desde la CHMS matizan ahora que
“habría que estudiar caso por caso ya que lo importante no solo es si se
puede o no desviar un cauce, sino que es fundamental comprobar los
valores ambientales y naturales del tramo y las posibilidades de
restauración de no existir otra alternativa”.
Ofensiva judicial
P.T.
A pesar de la impunidad con la que algunas empresas siguen provocando
el “mayor destrozo ambiental reciente de Galicia”, según denuncian
agrupaciones ecologistas, la legislación es clara en materia de
protección de ríos. Al detectarse una actividad que dañe el dominio
público hidráulico proveniente de trabajos extractivos relacionadas con
la minería, se tramita la correspondiente denuncia administrativa y se
incoa un expediente sancionador que se resolverá, si procede, con una
imposición de multas y la obligación de reponer lo destrozado a su
estado primitivo. En el caso de vertidos con material contaminante (como
en la comarca de Valdeorras), al no ser posible su reposición, se
impone la obligación de abonar económicamente los daños causados,
calculando la sanción a través del canon de control de vertidos no
autorizados regulado en la Ley de Aguas.
No es la primera vez que las empresas mineras recurren a la justicia
para intentar frenar normas que regulan la protección del medio ambiente
a pesar de los destrozos
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