
Perú enfrenta el dilema de
cuidar de poblaciones que ya fueron arrasados por las olas del caucho,
la madera y las primeras exploraciones de Schell en los años 80. La
promesa del presidente Ollanta Humala de gas barato colisiona, en este
caso, con quienes esperan que el Estado respete a los vulnerables, dada
la poca capacidad de la burocracia de fiscalizar los protocolos de las
empresas. “Estas nuevas
exploraciones son muy importantes porque del Lote 88 justamente proviene
el gas para el consumo local y tiene un precio regulado”, ha dicho el
ministro de Energía y Minas, Jorge Merino.
La zona, en la selva de Cusco
-departamento del sur del país- surgió como reserva del Estado en 1990.
En el año 2003 se elevó el nivel de protección designándola reserva
territorial para estas tres etnias a raíz de los perjuicios
causados a esos pueblos durante el inicio de las operaciones
gasísticas. Las nuevas operaciones previstas por Pluspetrol en el Lote
88 se intersectan también con la zona de amortiguamiento del Parque
Nacional del Manu, una reserva medioambiental. La concesión del Lote 88
fue otorgada en el 2000 al Consorcio Camisea, que integra Pluspetrol y
que busca la aprobación del estudio de impacto ambiental. La reserva
indígena tiene más de 456.000 hectáreas.
Camisea, a 430 kilómetros al
este de Lima, es el principal complejo gasífero del país y se estima que
también tiene las mayores reservas. “El factor de éxito geológico es
mayor en esta zona comparando con otras áreas en Perú”, explica Daniel
Guerra, jefe de relaciones institucionales de Pluspetrol en sus oficinas
de Lima.
El estudio de impacto
ambiental (EIA) de la exploración sísmica -mediante detonación debajo de
la superficie- y la perforación de pozos debe recibir cuatro opiniones
vinculantes. Hasta la fecha ha pasado por tres rondas de observaciones
del Ministerio de Energía y Minas, que la empresa ha subsanado, según
Nelson Soto, gerente de medio ambiente de Pluspetrol. En julio, el
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) emitió una
opinión técnica en la que cuestionaba varios aspectos de la operación,
pero al día siguiente la entidad aclaró que envió ese documento por error y lo reemplazó por una nueva versión positiva.
El viceministerio de
Interculturalidad también emitió el mes pasado una opinión técnica que
indicaba los severos daños que podría producir la operación a los
pueblos indígenas, lo cual impediría la aprobación del documento y la
demora del proyecto. Sin embargo, a los pocos días, por instrucciones
del Ejecutivo la entidad retiró su informe
que contenía 83 observaciones a los planes de la empresa.
Interculturalidad, que es el responsable de velar por la existencia e
integridad de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial, debe
emitir nuevamente un informe que apruebe o no el estudio presentado por
Pluspetrol.
La ampliación de actividades
en las áreas donde vive el pueblo kirineri en aislamiento y el nahua en
contacto inicial “conllevan un impacto de crítico a severo en la salud
de dichas poblaciones”, recuerda la antropóloga peruana Beatriz Huerta,
una de las pocas investigadoras de campo de estos pueblos de la
Amazonía. La experta también destaca que el documento de
Interculturalidad alude a impactos severos y moderados en la caza, pesca
y recolección. “El riesgo es muy grande, puede causar extinción. En el
norte pueden afectar territorio de nahuas en aislamiento voluntario que
pescan en Serjali. Por otro lado, quienes están en contacto inicial son
vulnerables no solo inmunológicamente, sino que no conocen ese medio con
el que se relacionan y pueden tomar decisiones que no les convienen”,
añade.
Durante la entrevista, Huerta
muestra en un mapa, un área amarilla de población en aislamiento
kirineri. Sin embargo, los representantes de Pluspetrol no reconocen la
existencia de estas personas. “En los últimos cinco años no hay
evidencia directa, solo evidencias de huellas de paso”, asegura Nelson
Soto. ¿Y eso no significa que están cerca?, se le consulta. El
funcionario responde que no: “No sabemos quiénes son, podrían ser
personas de las comunidades nativas o de contacto inicial que entran a
la reserva”. Los representantes de la empresa agregan que sus
trabajadores entran con vigías que hablan las lenguas nativas y que si
ocurriera un encuentro con población en aislamiento pueden disponer el
retiro de la cuadrilla.
El Defensor del Pueblo,
Eduardo Vega, envió una carta al primer ministro Juan Jiménez para
solicitar que el Poder Ejecutivo “cumpla con establecer y proteger las
reservas indígenas” e implemente un plan nacional para ello". El
documento pide que se tomen en cuenta las observaciones del Ministerio
de Interculturalidad y que dos entidades públicas garanticen el
cumplimiento del estudio de impacto ambiental y la protección de estos
grupos vulnerables. El primer ministro ha reaccionado indicando que el
proyecto sigue con normalidad.
En julio, dos dirigentes de
la comunidad Santa Rosa de Serjali, una de las comunidades beneficiarias
de la reserva Kugapakori, Nahua, Nanti, escribieron una carta al viceministerio
de Interculturalidad quejándose del “abandono y olvido” en que se
encuentran y de la propagación de tuberculosis, que no ha sido atendida.
También expresaron su rechazo a la ampliación de las actividades de
Camisea. “No vamos a pronunciarnos sobre declaraciones de terceros”,
dijo Daniel Guerra sobre esta comunicación.
Soto, de Pluspetrol, confía
en que los protocolos de vacunación de sus trabajadores -los 28 o 30
vigías bilingües para 490 hectáreas de operaciones-, las compensaciones
que han ofrecido por afectar la vida de estas poblaciones y el ingreso a
la zona solo por helicóptero serán algunas de las garantías para
recibir el visto bueno.
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