Los responsables de Gas Natural Fenosa y el consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, se han reunido este martes en Sevilla para abordar la paralización de la tramitación del proyecto de extracción y almacenaje que esta compañía quiere acometer en Doñana.
Tras el encuentro, la compañía ha asegurado que su compromiso es que la
actuación "se desarrolle con las máximas exigencias medioambientales".
Además, ha insistido en que los estudios de evaluación ambiental
incluyen "la caracterización y valoración de los impactos acumulativos",
siguiendo "las exigencias marcadas por la normativa ambiental".
Gas Natural ha rebatido así los argumentos que ha empleado la Junta
para suspender la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada, un
requisito que la empresa debe completar si quiere obtener el último
permiso del Ministerio de Industria para operar. El problema reside,
según la consejería, en que al haberse troceado el proyecto en cuatro
partes para su tramitación no se pueden evaluar bien los impactos que
tendría esta actuación sobre Doñana. Por eso, según ha recordado el
departamento de Planas, la Junta ha reclamado al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que haga "una valoración
conjunta", que debería incluir "el análisis de los efectos acumulativos y
sinérgicos" que se puedan producir "en el medio ambiente y,
especialmente, en los espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000".
Gas Natural ha afirmado que prevé invertir 200 millones y que lleva
trabajando en la extracción de gas en el entorno de las marismas de
Doñana "durante casi tres décadas aportando empleo y actividad económica
a una zona con difíciles alternativas laborales". Ha recordado que ha
operado "sin ninguna incidencia".
Lo que pretende hacer ahora la empresa es ampliar su actividad.
Quiere construir unos 20 kilómetros nuevos de gasoductos, para unirlos a
la red que ya tiene, y cinco sondeos más de extracción. Además, cuando
se agote el gas, prevé utilizar las cavidades para el almacenamiento. El
proyecto se remonta a mediados de la década pasada. En 2010, la
compañía logró —sin la oposición de la Junta— una primera Declaración de
Impacto Ambiental (DIA) favorable. En enero de este año, el
departamento de Miguel Arias Cañete concedió a la empresa las otras tres DIA positivas.
El problema surge en dos de ellas, que contemplan actuaciones dentro
del espacio natural de Doñana. Ante esta circunstancia, la normativa
obliga a que la comunidad autónoma emita un certificado de no afección a
la Red Natura 2.000, el sistema europeo de zonas protegidas
del que forma parte Doñana. La Junta afirma que no puede completar ese
trámite porque no se han evaluado los impactos conjuntos del proyecto.
Tras la reunión de este martes, el jueves está previsto un encuentro
del consejero Planas con los grupos ecologistas para abordar este mismo
asunto. Estas organizaciones ya han mostrado su rechazo al proyecto.
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