Las enmiendas
del Senado han contado en con el apoyo de PP, CiU, UPN y Foro de
Asturias, el voto en contra del BNG y la abstención del resto de grupos
parlamentarios.
ECOticias.
El Pleno de la Cámara Baja ha ratificado las enmiendas
procedentes del Senado al proyecto de ley por el que se modifican la
normativa de 2002 de prevención y control integrados de la
Contaminación y la de residuos y suelos contaminados de 2011, con el
apoyo del PP, UPN y Foro de Asturias.
Las enmiendas del Senado han contado en con el apoyo de PP, CiU,
UPN y Foro de Asturias, el voto en contra del BNG y la abstención del
resto de grupos parlamentarios.
Una vez votados los cambios introducidos por la Cámara Alta, este
proyecto de ley culmina así su tramitación parlamentaria y queda listo
para ser publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE)
y al día siguiente entrará en vigor.
Esta ley refunda dos textos normativos de acuerdo con la
directiva europea sobre emisiones industriales, que da plazo a España
hasta el mes de julio para su puesta en marcha y así prevenir y
controlar las emisiones a la atmósfera, agua y suelo. Además, la norma
se ha tramitado por el procedimiento de urgencia ya que las directivas
de la UE que traspone entrarán en vigor el 7 de enero de 2014.
Su trámite se inició a finales de enero con su aprobación en
Consejo de Ministros. Posteriormente, ya en abril, la normativa superó
su primer 'examen' del Congreso con los votos a favor del PP, UPyD y
UPN, mientras que el resto de grupos parlamentarios se abstuvieron. En
el Senado, a principios de mayo, contó con el respaldo de PP, UPN y
Foro Asturias y la abstención de PSOE, CiU,y PNV.
Desde el PP, Manuel Mora ha defendido que esta ley representa una
"muestra más" de la apuesta del PP por defender el medioambiente y de
la competitividad de la industria española. "Está basado en la
prevención de las emisiones y en la protección del Medio Ambiente
evitando emisiones a la atmósfera al suelo y al agua en el principio de
quien contamina paga", ha recalcado.
Igualmente, ha subrayado que este proyecto de ley ha recibido un
informe favorable del Consejo de Estado, y ha destacado que con este
proyecto de ley se pretende garantizar la eficacia legislativa en
términos medioambientales; simplificar y unificar la normativa en
materia de misiones industriales y evitar los costes administrativos
innecesarios.
NULA VOLUNTAD DEL GOBIERNO A CONSENSUAR
El portavoz del PSOE en la materia, José Luis Ábalos, ha señalado
que este texto refleja la concepción del PP "de que el medio ambiente
es un obstáculo para la competitividad y el crecimiento económico".
Además, Ábalos ha argumentado que la abstención del grupo
parlamentario socialista en que el plazo para esta trasposición venció
el pasado enero, al mismo tiempo que reprocha al PP que no haya
incorporado a la ley ninguna de sus 16 enmiendas presentadas. "Sólo
incluye autoenmiendas del PP en el Senado sin ninguna significación,
limitándose a precisiones técnicas y de estilo", ha criticado.
Joseba Agirretxea, del PNV, ha subrayado que su grupo
parlamentario se ha abstenido en la votación de esta ley porque no se
han aprobado ninguna de sus enmiendas. "La cerrazón del PP con leyes,
incluso técnicas como éstas, está llevando a que optemos por la
abstención porque el voto no puede ser en contra al tratarse de una ley
necesaria y una trasposición de una directiva", ha justificado.
En este punto también se ha pronunciado Toni Cantó, de UPyD,
quien ha criticado la "nula voluntad" del PP a aceptar las enmiendas,
mientras, Laia Ortiz, de IU-ICV-CHA, ha mostrado su rechazo a la falta
de voluntad de diálogo del PP y entiende que la trasposición de la
directiva "podría ir mucho más allá".
Los grupos de la oposición han criticado durante la tramitación
parlamentaria también que esta modificación normativa realiza una "mala"
trasposición europea que además afecta a unas 6.100 empresas españolas
y puede abrir la vía de la privatización en la inspección
medioambiental.
SIMPLIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN
La nueva normativa es, según el texto, una simplificación de la
legislación y pretende una reducción de las cargas administrativas, al
tiempo que recoge las demandas ciudadanas para garantizar más rapidez en
la tramitación de autorizaciones ambientales integradas.
En esta línea, se suprime la necesidad de aportar documentos en
los procedimientos de revisión y actualización de la autorización,
cuando ya hubiesen sido aportados con motivo de la solicitud de
autorización original.
Otra medida de simplificación administrativa es la supresión del
deber de renovación de la autorización. Ahora es el órgano ambiental
competente, mediante un procedimiento simplificado, quien garantiza la
adecuación de la autorización.
En materia de emisiones industriales se establece un
procedimiento de actualización de las autorizaciones ya otorgadas, en
virtud del cual, el órgano ambiental competente de oficio comprobara,
mediante un procedimiento simplificado, la adecuación de la
autorización a las prescripciones de la nueva Directiva.
Es más, se dispone como fecha límite para la actualización de las
autorizaciones el 7 de enero de 2014. Tras el proceso de actualización
de las autorizaciones ya otorgadas, estas se revisarán siguiendo las
nuevas pautas en materia de revisión que esta ley incorpora.
En relación con la protección del suelo y de las aguas
subterráneas, el texto incorpora la necesidad de presentar un informe
para solicitar la autorización ambiental integrada que permita conocer
la "situación de partida" que permita hacer una comparación
cuantitativa del estado del emplazamiento de la instalación del informe y
el estado de dicho emplazamiento tras el cese de la actividad.
De este modo se podrá determinar si se ha producido u aumento
significativo de la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario