Pese a la
dificultad para determinar con detalle el impacto de las medidas sobre
esta actividad, la agencia considera que "podrían tener un efecto
significativamente adverso sobre la calidad crediticia del sector de
rápido
ECOticias.
La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's
(SP) considera que las medidas incluidas en la reforma energética, entre
las que figura una nueva metodología de retribución para el régimen
especial, "podría golpear duro al sector de las renovables".
Pese a la dificultad para determinar con detalle el impacto de las
medidas sobre esta actividad, la agencia considera que "podrían tener
un efecto significativamente adverso sobre la calidad crediticia del
sector de rápido crecimiento de las renovables en el país".
"Las cifras finales de cómo las inversiones específicas resultarán
remuneradas no podrán conocerse hasta la publicación de todas las
cargas regulatorias", pero "somos de la opinión de que las medidas
suponen una completa revisión del sistema que remunera a los productores
de renovables", indica.
S&P considera que el nuevo mecanismo de retribución, en el que
las renovables cobrarán el precio de mercado y recibirán un pago
complementario que garantice una rentabilidad del 7,5% con respecto al
coste de inversión, ofrece "un mayor grado de discrecionalidad al
Gobierno a la hora de determinar la remuneración".
Por este motivo, la reforma "reduce la visibilidad y
predictibilidad en el flujo de caja de los productores de renovables",
lo que ya es de por sí "negativo" para el perfil crediticio,
especialmente en proyectos en los que S&P analiza la capacidad de
cobertura de los servicios de la deuda.
El cambio sería además "retroactivo" en la medida en que afectará a
los proyectos existentes en operación. "En un primer vistazo, nos
parece que los proyectos y tecnologías más antiguos van a resultar más
dañados, ya que muchos de ellos ya han alcanzado e incluso superado el
nivel de 'rentabilidad razonable', por lo que podrían dejar de recibir
apoyo
financiero por parte del Gobierno", señala.
S&P indica que, hasta que el Gobierno no detalle los costes
estándar de los proyectos, no es posible realizar una valoración
"clara", si bien es consciente de que el sector fotovoltaico ya prevé un
recorte de ingresos que puede alcanzar el 40%, o de que alguna planta
de cogeneración se puede ver forzada a parar.
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