Esta es una de
las conclusiones del análisis acerca de la nueva legislación sobre
rehabilitación energética realizado por la Oficina de Javier García
Breva (JGB).
ECOticias.
Las limitaciones al autoconsumo mediante el nuevo peaje de respaldo incluido en el borrador del real decreto sobre esta actividad elaborado por el Ministerio de Industria
entran en contradicción con la reciente ley 8/2013, en la que se
desarrolla la rehabilitación energética de edificios como un factor de
reactivación económica y de creación de empleo.
Esta es una de las conclusiones del análisis acerca de la nueva
legislación sobre rehabilitación energética realizado por la Oficina de
Javier García Breva (JGB). "Este objetivo que se ha planteado el Ministerio de Fomento a través de esta ley se contradice por completo con la normativa que está tramitando actualmente el Ministerio de Industria", asegura el propio García Breva.
Para el también presidente de N2E, el borrador de autoconsumo
incluye un incremento en los peajes del término de potencia y una rebaja
de la parte variable que "desincentiva cualquier política de ahorro de
energía y deja sin viabilidad económica a la generación de energía en
los propios edificios". La regulación española será, una vez aprobada, "la más restrictiva que existe en el mundo", añade.
En todo caso, la ley 8/2013 de rehabilitación urbana prioriza a
juicio de García Breva las energías renovables y combate la pobreza
energética, al tiempo que se plantea como objetivo la reactivación
económica del sector de la construcción mediante el uso racional de la
energía.
El experto en regulación considera que la norma de rehabilitación
puede ser capaz de impulsar "un nuevo modelo de ciudad donde el uso de
la energía se configura como un factor prioritario en el desarrollo
urbanístico".
Para defender esta idea, indica que en su artículo tres la norma
establece que uno de los fines de las políticas públicas para el medio
urbano será priorizar las energías renovables frente a los combustibles
fósiles y combatir la pobreza energética con medidas a favor de la
energía y del ahorro energético.
Además, considera que la certificación energética será una de las claves
que determinen los Informes de Evaluación de los edificios. Las
comunidades autónomas y ayuntamientos podrán exigir la ejecución de sus
recomendaciones y hacerlas obligatorias a todos los edificios aplicando
el régimen de infracciones y sanciones previsto en la ley.
García Breva también recuerda que los presupuestos de la UE para el periodo 2014-2020 obligan a destinar el 20% de los fondos del FEDER a financiar proyectos de eficiencia energética. Estos recursos más los procedentes de los Programas Horizon
2020 y Energía Inteligente pueden permitir que España acceda en los
próximos siete años a 4.000 millones de euros destinados a financiar
proyectos de eficiencia energética.
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