Se acaba de
cerrar el plazo para comentar el nuevo "Proyecto de Real Decreto (RD)
para la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado",
que el Gobierno ha sometido a audiencia de los grupos interesados.
ECOticias.
Ecologistas en Acción ha presentado objeciones al Proyecto de Real
Decreto sobre gestión de residuos radiactivos que está elaborando el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Minetur). Lo más grave es
el intento de modificar la ley para permitir que Garoña pida una
prórroga en un año, pese a haberse producido su cese de explotación, y
así abrir un peligroso precedente para futuras clausuras de
instalaciones nucleares y radiactivas.
Se acaba de cerrar el plazo para comentar el nuevo "Proyecto de Real
Decreto (RD) para la gestión responsable y segura del combustible
nuclear gastado", que el Gobierno ha sometido a audiencia de los grupos
interesados. Con este RD el Minetur trata de transponer la Directiva
que emitió la Euratom para armonizar y aumentar la seguridad de la
gestión de los residuos de alta actividad en la UE. Sin embargo,
opinión de Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, el proyecto de
nuevo RD presentado no solo no mejora la seguridad, sino que introduce
elementos en que esta podría degradarse, contradiciendo el espíritu y
la letra de la antedicha Directiva.
Los principales problemas proceden de que se cambia el Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), básico para garantizar
unos mínimos de seguridad de las plantas españolas, a la medida de lo
que precisa Nuclenor para reabrir la central de Garoña, si a esta
empresa le interesara en el futuro. Además se daría lugar a un peligroso
precedente que permitiría hacer esto mismo con diferentes centrales.
Resulta escandaloso introducir estas importantes modificaciones en la
ley solo porque le interese a una empresa privada. En la actualidad para
reabrir la central es necesario pedir un permiso de explotación nuevo,
como si la planta fuese nueva, y someterse a todas las pruebas e
inspecciones de seguridad ordenados por el Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN).
El nuevo RD distingue entre motivos de seguridad y otros, como por
ejemplo económicos, lo que es inverosímil, ya que, finalmente, con
fuertes gastos, siempre se podrá llevar a la planta a los niveles de
seguridad exigidos por el CSN. El tiempo de parada supondría para la
empresa propietaria una merma en la cultura de seguridad, además de la
pérdida del conocimiento de los trabajadores por la relajación de estos
e, incluso, porque muchos de ellos pasen de trabajar en la central a
otra instalación.
Con este cambio en el RD se acortarían también los trámites para
conseguir la reapertura de la planta, de tal forma que el CSN tendría
menos tiempo y menos margen de maniobra para evaluar el estado de
seguridad de la instalación en cuestión.
Además de este importante problema, el nuevo RD ignora algunos de los
problemas de la gestión del combustible gastado que se arrastran en
España. Por ejemplo, se asegura que la gestión de los residuos de alta
correrá a cargo de quien los ha generado, olvidando varios hechos
fundamentales. El primero que no se sabe cual será el método de gestión
adoptado, por lo que resulta imposible calcular cuanto costará. En
segundo lugar, es improbable que las empresas que generaron los residuos
existan a la hora de gestionarlos, por lo que es también dudoso que
puedan pagar la totalidad de la gestión. En tercer lugar, el 70% de los
fondos dedicados a la gestión proceden hoy de dinero pagado por los
consumidores con cargo al recibo de la electricidad. Hace falta una gran
aportación de los generadores de residuos para poder devolver este
dinero a los consumidores.
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