La producción nacional de gas y petróleo en EE UU se ha disparado en los últimos años debido en buena parte al fracking,
una técnica de extracción que se ha extendido por todo el país. Cada
año, se estima que se perforan 25.000 nuevos pozos. La regulación laxa y
los subsidios de los Gobiernos, tanto estatales como el federal, han
favorecido el desarrollo de la perforación hidráulica hasta el punto de
que en la actualidad los yacimientos de esquisto producen un cuarto de
todo el gas natural estadounidense, frente al 1% que representaba en
2000.
La Administración Obama se ha erigido en defensora del fracking,
una técnica a la que considera responsable del vuelco en el sector
energético, favoreciendo el descenso de los precios en el sector, la
reducción de la dependencia de combustibles fósiles del extranjero y la
disminución de las emisiones de CO2. Sin embargo, la oposición a la
política tendente a favorecer esta práctica en suelo federal cada vez
cuenta con más opositores. El viernes, a las puertas de un acto en la universidad de Binghampton,
en Nueva York, el presidente Barack Obama era recibido con pancartas en
contra de la perforación hidráulica. La presión ciudadana en ese
Estado, manifestada a través de la web ThirtyDaysOfFrackingRegs.com, provocó que este invierto se ampliara un año más la moratoria que prohibe el fracking en su territorio.
Los yacimientos de esquisto producen un cuarto de todo el gas natural estadounidense, frente al 1% que representaba en 2000
En EE UU, cada Estado regula esta técnica en su territorio
y el Gobierno federal establece las normas para las perforaciones en
suelo federal, del que se extrae el 13% de la producción total de gas
natural del país y el 5% de la de petróleo. A mediados de mayo de este
año, la Administración presentó las nuevas normas para regular el fracking en territorio federal
-la última legislación se remonta a 1988-. Se trata de una revisión de
una versión publicada en 2012 y que suscitó las críticas de la industria
del gas y el petróleo y del Partido Republicano.
La nueva normativa exige a las empresas que desglosen las sustancias químicas que van a emplear en el fracking
30 días después de que hayan comenzado la perforación -en la versión
inicial debían desvelarlas antes de iniciar la misma- y, en todo caso,
no están obligadas a dar a conocer todos los componentes utilizados en
virtud de una cláusula de “secreto industrial”. Respecto de la seguridad
de los pozos para evitar filtraciones y escapes de metano y otros
contaminantes químicos, a las empresas sólo se les exige informar sobre
el estado de un pozo -no de todos- por área geológica. La regulación
también prevé sanciones para quienes perforen en zonas próximas a
viviendas o escuelas y permite recoger el agua contaminada por los
productos tóxicos empleados en la fracturación hidráulica en pozos al
aire libre.
A mediados de mayo de este año, la Administración presentó las nuevas normas para regular el fracking en territorio federal
Los grupos medioambientales han arremetido contra el nuevo paquete
legislativo que, sostienen, es una concesión a las compañías. “Esta
versión es mucho más permisiva que la anterior y no hace nada para
limitar la mayoría de los riesgos del fracking, como las emisiones de metano o la contaminación hídrica”, señala en conversación telefónica Patrick Sullivan del Center for Biolgical Diversity.
Los ecologistas demandan de la Administración mayor firmeza contra
estas prácticas y una apuesta firme por las energías renovables.
“Creemos que la nueva normativa no regula en profundidad aquello que
contempla y que no incluye otros aspectos importantes como un mejor
control de la calidad del aire o del agua para comprobar que
verdaderamente está limpia”, señala Amy Mall, analista del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales.
El período público para presentar alegaciones a la propuesta
normativa del Gobierno terminó este viernes. Se han hecho llegar más de
un millón de recomendaciones, dice Mall, pero as asociaciones
medioambientales no tienen muchas esperanzas en que sean atendidas. “La
Administración parece determinada a abrir la explotación del territorio
nacional al fracking”, se lamenta Sullivan.
Los grupos medioambientales han arremetido
contra el nuevo paquete legislativo que, sostienen, es una concesión a
la industria del gal y el petróleo
La oposición a esta técnica por los altos riesgos de contaminación
del aire y el agua, debido a las altas concentraciones de metano, y por
su vinculación con temblores de tierra, es cada vez más visible y
combativa. El pasado mes de abril, un juez de California suspendió el
arrendamiento de tierras federales del yacimiento de Monterrey hasta que
el Departamento de Interior no facilitara un informe completo del
impacto ecológico del fracking. La demanda fue interpuesta por los grupos ecologistas Sierra Club y el Center for Biological Diversity.
En Pensilvania, uno de los Estados que mejor reflejan el boom del fracking -entre 2005 y 2011 se han abierto más de 4.000 pozos- el Allegheny Defense Project
logró que el Servicio Forestal, el responsable los terrenos donde se
encuentran los pozos, estableciera normas de revisión y control de las
perforaciones más estrictas, dando lugar a una legislación que se ha
establecido como ejemplo regulatorio. En 2009, el Servicio Forestal fue
demandado por las compañías de gas que alegan que las normas violan sus
derechos de propiedad. El caso sigue pendiente de un tribunal de
Apelaciones.
La Administración Obama se ha erigido en defensora del fracking, una técnica a la que considera responsable del vuelco en el sector energético
Susan
Brantley, profesora de Geología y directora del Instituto de la Tierra y
Sistemas Medioambientales de la universidad de Pensilvania State,
defiende el proceso que ha llevado a este Estado a endurecer las normas
sobre perforación hidráulica, una práctica que defiende. “Esta técnica
no es perfecta y es problemática, pero como muchas otras. Lo que hay que
hacer es estudiar los incidentes y actuar en consecuencia. En
Pensilvania la legislación era muy imprecisa y se produjeron casos de
contaminación hídrica y de escapes de metano. Se han reforzado las
normas y se han corregido esos riesgos”, señala. “Pensilvania es un
ejemplo de que se puede alcanzar una regulación correcta que permita el
desarrollo de la industria mitigando los efectos nocivos para el medio
ambiente”, sostiene.
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