Del mismo
modo, el nuevo Reglamento andaluz, aprobado por Decreto el pasado mes de
marzo, desarrollar la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
ECOticias.
El nuevo Reglamento de Residuos de Andalucía, que sustituye al
vigente desde 1995, incorpora medidas de simplificación administrativa y
liberalización de servicios; y establece las bases para garantizar la
autosuficiencia en la gestión y alcanzar el objetivo de las 'tres R',
reducir la producción, reciclar lo recogido y reutilizar el resto
atendiendo a su grado.
Del mismo modo, el nuevo Reglamento andaluz, aprobado por Decreto
el pasado mes de marzo, desarrollar la Ley de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental y da respaldo normativo a los dos planes que
actualmente desarrolla la Junta de Andalucía para los residuos
peligrosos y no peligrosos.
En relación al carácter de simplificación administrativa del
Reglamento, el texto normativo, entre otras cuestiones, viene a
clarificar las obligaciones de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG)
de residuos con respecto a los gobiernos locales. En este sentido, la
Junta de Andalucía valora que con los Sistemas Integrados de Gestión de
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se refuerzan las medidas
para reducir, reciclar y reutilizar.
No obstante, aclara que, dada la gran divergencia de criterio que
ha existido en los últimos años en lo que respecta a los SIG de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos, según la información de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a la que ha tenido
acceso Europa Press, el Decreto desarrolla "efectivamente", en
coordinación con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP), cuáles son los costes, directos e indirectos, que deben
Igualmente, el Gobierno andaluz recuerda que la Ley estatal
22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados establece de forma "muy clara"
cuál es la obligación de los SIG en la gestión de los residuos,
"organizar la recogida en todo el territorio estatal de todos los
residuos generados por los productores".
Del mismo modo, según añade el departamento que dirige Luis
Planas, en cuanto a las campañas de información ciudadana sobre la
gestión de los residuos, el Decreto andaluz desarrolla y regula una de
las múltiples fórmulas que existen para informar a los usuarios, y que
se vienen realizando y financiando en los últimos años por los SIG.
"NECESIDAD" DE ACCIONES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
La Junta considera "necesario" que los SIG realicen acciones de
información y comunicación a la sociedad para incrementar las cuotas de
recogida, teniendo en cuenta que hasta el momento "no se han cumplido
los objetivos de recogida de residuos marcados por la Ley", que
establecer cuatro kilos por habitante al año.
Además, apunta que esta obligación de informar a la
ciudadanía viene ya establecida en el artículo 10 de la Directiva
Europea 2.002/96 que regula esta materia. "Los Estados miembros velarán
porque los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos de hogares
particulares reciban la información necesaria en esta materia", indica
la normativa europea.
Igualmente, la Consejería ha aportado al respecto que el artículo 3
del Real Decreto 208/2.005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y
la gestión de sus residuos establece como obligación de los productores
de residuos "informar a los usuarios sobre los criterios para una
correcta gestión ambiental de los residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos".
UNA FIANZA ECONÓMICA
Por todo ello, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio
Ambiente de la Junta subraya que para garantizar el cumplimiento de las
obligaciones de los SIG, el Decreto andaluz desarrolla, por mandato
legal, el establecimiento de una fianza de un cuatro por ciento del
volumen de negocio, "una obligación que no es nueva, sino que existe
desde que se autorizaron a los SIG en la comunidad, estando establecida
en 60.000 euros".
En este sentido, aclara que a los SIG se les establece la
obligación de suscribir una garantía financiera del cuatro por ciento,
en desarrollo de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 22/2.011 de
Residuos que apunta que "los sistemas individuales y colectivos estarán
obligados a suscribir fianza, seguros o garantías financieras, que se
establezcan en cada caso".
Por último, reitera que desde la entrada en vigor del Real Decreto
de 208/2.005 los SIG tiene la obligación de recoger cuatro kilos de
residuos por habitante al año, si bien, "después de más de siete años y
siempre con datos provisionales facilitados por los mismos SIG, en el
año 2.011 la cifra se ha situado en 2,7 kilos por habitante al año".
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