Han pasado tres años desde que se produjo la explosión
de la plataforma petrolífera "Deepwater Horizon" en las aguas del Golfo
de México. Las consecuencias del vertido que se produjo no se han
reparado del todo y aún queda un aspecto que se dilata en el tiempo: las
indemnizaciones millonarias que la compañía británica tiene que abonar a
los afectados.
Este mes de julio se cumplen tres años desde que los equipos de la
petrolera británica BP lograron, por fin, empujar el crudo que la
plataforma petrolífera "Deepwater Horizon" había vertido el 20 de abril
de 2010, cuando explotó y se hundió en las aguas del Golfo de México.
Para conseguirlo tuvieron que utilizar una innovadora técnica que
sellaba en el fondo marino el depósito con una masiva inyección de
cemento y lodo pesado.
Este especial tapón frenó un vertido de casi cinco millones de
barriles de petróleo que tiñó de negro una de las costas más turísticas
de Estados Unidos. Pero fue sólo el comienzo de la historia del peor
desastre ecológico jamás registrado en el país que, pese a los muchos
litigios y esfuerzos de limpieza, sigue escribiéndose todavía.
LA JUSTICIA SIGUE ACTIVA.
Las pérdidas de los pescadores, las imágenes de aves con las alas
manchadas de petróleo y el descenso drástico de ingresos por turismo
convirtieron el vertido de BP, de forma inmediata, en una mancha en el
primer mandato del Presidente estadounidense, Barack Obama.
Además de imponer una regulación mucho más estricta a la industria
petrolera, su Departamento de Justicia se sumó a los cientos de miles de
demandas individuales contra la petrolera, obligada a vender muchos de
sus activos para hacer frente a los pagos.
Tres años después del desastre, BP asegura que ya ha pagado más de
24.000 millones de dólares en varios acuerdos judiciales con
particulares y empresas, pero sigue inmersa en un complicado juicio
civil que promete imponerle una sonada multa por los daños causados al
ecosistema y a los negocios de la zona.
En enero, la petrolera alcanzó finalmente un acuerdo con el
Departamento de Justicia para cerrar la causa penal en su contra. La
empresa británica se declaró culpable de 14 cargos, algunos relacionados
con la muerte de los 11 trabajadores del pozo fallecidos en la
explosión, y accedió a pagar una compensación récord de 4.000 millones
de dólares.
No obstante, la petrolera no ha conseguido cerrar del todo el frente
penal. Aún tiene pendientes varios casos individuales, entre ellos el
que acusa de asesinato a Robert Kaluza y Donald Vidrine, los
funcionarios de mayor rango de BP en la plataforma.
Sus abogados pidieron a finales de mayo que se retiren los 22 cargos
contra cada uno de ellos, al argumentar que la ley estadounidense que
los acusa no regía en la plataforma, ubicada en aguas internacionales.
Otra causa es la abierta contra el exvicepresidente de la empresa,
David Rainey, por mentir a funcionarios estadounidenses sobre las
dimensiones del desastre.
Aún más elevada es la multa que está en juego en la causa civil
contra BP, cuya primera fase tuvo lugar entre febrero y abril en un
tribunal federal de Luisiana, uno de los cinco estados afectados por la
marea negra.
Luisiana, Alabama y cientos de negocios locales e individuos
afectados se han sumado a la demanda presentada por el Departamento de
Justicia, que podría llegar a exigir hasta 17.000 millones de dólares en
daños civiles a la petrolera, en caso de que se determine que fue
“extremadamente incompetente” en su gestión.
El Gobierno de Obama basa su demanda en una investigación
independiente que atribuyó el vertido a un cúmulo de errores de BP y sus
dos principales empresas subcontratadas, Halliburton y Transocean, que
también han debido pagar compensaciones.
BP argumentó, a finales de junio, que ese conjunto de errores
convirtieron el desastre en un “trágico accidente”, y descartó que
tuviera una conducta de “negligencia atroz”.
El juez del caso no se ha pronunciado aún sobre ese extremo y ha convocado una nueva audiencia para el próximo 16 de septiembre.
Comenzará entonces la segunda fase del juicio, centrada en los cinco
meses que transcurrieron desde que la plataforma explotó y se hundió y
el 19 de septiembre de ese año, cuando el pozo se declaró oficialmente
extinguido, sin riesgo de fugas.
En paralelo, BP llegó a otro acuerdo hace más de un año por el que se
comprometía a pagar alrededor de 7.800 millones de dólares a más de
100.000 individuos y negocios; pero ahora está inmersa en un litigio
sobre cómo conceder esos pagos, dado que, según la petrolera, muchos
negocios están reclamando compensaciones que no les corresponden.
Pese a la incertidumbre financiera, BP no ha abandonado sus
actividades en el Golfo de México, e incluso confía en lucrarse con un
nuevo proyecto de exploración: Na Kika 3.
A esto, además, se puede agregar, según informaba a finales de mayo
la revista estadounidense “Highbrow Magazine”, que un colectivo de
ciudadanos mexicanos, amparados en una reforma de la Constitución de
este país, preparan también una demanda civil contra la compañía
petrolera por el derrame en el Golfo de México.
EFECTOS MEDIOAMBIENTALES DURANTE DÉCADAS.
El otro gran capítulo pendiente del vertido es la batalla por el
ecosistema de la zona, que, según todas las predicciones científicas,
seguirá librándose durante décadas. La razón está en la profundidad a la
que se produjo el derrame, 1.500 metros, que provocó que gran parte del
crudo se confundiera con la arena del fondo marino. Mientras, otra
porción se disolvía a honduras tales que hacían complicado, si no
imposible, medir su impacto futuro.
El petróleo restante bañó alrededor de 4.800 kilómetros de costa y
marismas en los cinco estados, y tuvo como efecto inmediato la pérdida
de miles de toneladas de gambas y ostras que solían sostener la economía
de la costa.
Hoy, los estadounidenses vuelven a comer marisco del Golfo y se bañan
en unas playas donde los restos de alquitrán parecen indetectables. En
junio, BP concluyó oficialmente sus operaciones de limpieza de la costa,
en las que ha gastado 14.000 millones de dólares a lo largo de tres
años.
Pero los científicos encuentran señales de que el vertido sigue haciendo mella en la zona.
Según un estudio publicado en abril por la Fundación Nacional de la
Vida Salvaje (NWF, en inglés), más de 650 delfines han aparecido muertos
en la zona del vertido desde que comenzó el desastre, una cantidad que
cuadriplica la media histórica.
“La mala salud de los delfines, un animal que está en lo más alto de
la cadena alimenticia del Golfo, sugiere que el petróleo ha tenido
efectos en todo el ecosistema. Lo mismo podría decirse de las tortugas
marinas, que siguen muriéndose en cantidades alarmantemente altas”,
señala el estudio.
Varios informes han señalado a unas minúsculas bacterias submarinas
que ingirieron gran parte de las partículas de crudo que quedaron
flotando en el océano, y algunos científicos aseguran que fue a través
de ellas como el crudo entró en la cadena alimenticia, contaminando
especie tras especie.
Otros apuntan al deterioro que causaron en los bancos de coral los
dispersantes químicos empleados inmediatamente después del desastre.
Pese a los daños, científicos como David Muth optan por tomarse el vertido como “una oportunidad”.
“Aunque es una tragedia, el vertido también significa que va a haber
dinero, y queremos asegurarnos de que se gaste para lograr los mejores
resultados, para restaurar de la mejor manera posible el sistema”, dijo
Moth, que dirige el programa de restauración de la NWF en el delta del
Misisipi, al diario local Times-Picayune.
En efecto, de los 4.000 millones de dólares de multa penal a BP, el
Gobierno invertirá alrededor de 2.400 millones en proyectos de
restauración y protección del ecosistema, y se espera que esa inversión
aumente considerablemente una vez cerrado el litigio civil.
Cuando se cumplen tres años del desastre, la NWF tiene un solo
mensaje: paciencia. “Ha pasado un cuarto de siglo desde el vertido de
Exxon Valdez (en Alaska), y aún se considera que las almejas,
mejillones, nutrias marinas y orcas del lugar se están recuperando”,
recuerda el estudio.
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