Los fotovoltaicos ‘no se rinden’

Sólo la disciplina de voto del Partido Popular podría llevar a que los Diputados murcianos y extremeños emitieran voto favorable a unas normas que sus respectivos Gobiernos autonómicos

 ECOticias.

Anpier, la asociación española de productores de energía fotovoltaica, advierte que el Grupo Parlamentario Popular podría no alcanzar la mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados para avanzar en el desarrollo de la perniciosa reforma del sector eléctrico español, una vez conocidos los Recursos de Inconstitucionalidad presentados por la Región de Murcia y la Junta de Extremadura frente al Real Decreto Ley que ampara esta reforma. Recursos de Inconstitucionalidad que se suman al presentado por el Gobierno de Navarra y, muy previsiblemente, a los que presentarán varias Comunidades Autónomas más en los próximos días. 

Sólo la disciplina de voto del Partido Popular podría llevar a que los Diputados murcianos y extremeños emitieran voto favorable a unas normas que sus respectivos Gobiernos autonómicos, del propio partido popular, tienen recurridas en el Tribunal Constitucional, por considerarlas gravemente lesivas para los intereses de los ciudadanos de ambos territorios. Ciudadanos que, con sus votos, sentaron en ambas cámaras a estos parlamentarios, los cuales, paradójicamente, ya no sólo votarían en contra del resto del arco parlamentario; sino también en contra de sus propios electores y, por lo tanto, en contra del interés general de aquellos que les sentaron en dicha cámara de representación popular. 

Con la abstención de los diputados populares de Murcia o Extremadura, que incluso deberían votar en contra por coherencia democrática, los Reales Decretos que desarrollan la reforma del sector eléctrico no serían aprobados en la Cámara baja y, por consiguiente, serían rechazados. Con la abstención de los 10 diputados extremeños (6 por Badajoz y 4 por Cáceres) y los 10 diputados murcianos, el Ministro Soria sólo contaría con 165 votos a favor, a 11 votos de la mayoría necesaria en la Cámara para que prospere su reforma. 

Anpier recuerda que el artículo 67 de la Constitución establece que "los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo" y el 79 dice que "el voto de senadores y diputados es personal e indelegable". El Partido Popular tiene establecido un régimen interno que sanciona con 300 € a los diputados que no cumplen con la disciplina de voto, una cantidad que no debe suponer una barrera frente a la coherencia y el respeto del diputado electo frente a sus electores, ya que esta “indelegabilidad” a la que se refiere la Carta Magna, está por encima de cualquier disciplina de partido; puesto que lo contrario sería una delegación efectiva frente a intereses partidistas, que en este caso no son compartidos ni siquiera por la totalidad del Partido en el Gobierno. 

Miguel Ángel Martinez-Aroca, Presidente de Anpier, se pregunta: “¿Quiénes tratan de imponer esta reforma que es rechazada por todas las fuerzas parlamentarias, que no la aprueba la Unión Europea, que ha sido criticada por la Comisión Nacional de la Energía, por la Comisión Nacional de la Competencia, por las asociaciones de consumidores y por los ciudadanos? Una reforma tan esencial para el futuro de España debería avanzar por consenso, debería de ser una política de Estado;  sin embargo, se enfrentará a media docena de Recursos de inconstitucionalidad interpuestos incluso por comunidades del propio partido que pretende imponerla, de manera inmediata, a todo y a todos, utilizando incluso argumentos falaces con los que trata de intoxicar a la opinión pública”. 

Anpier podrá en marcha, desde la primera semana de octubre, una campaña de comunicación en toda España, pero con especial énfasis en Murcia y en Extremadura, con el eslogan: “CON MI VOTO NO VOTES CONTRA MI”. Anpier pedirá a los electores del partido popular, de manera más directa a murcianos y extremeños, que tengan muy en cuentan, de cara a los próximos comicios, que los parlamentarios que eligieron en la elecciones generales de 2011, ahora pretenden asfixiarles en favor de directrices ajenas al interés general y cuestionando la calidad democrática de nuestras instituciones, viciadas por las poco trasparentes disciplinas de partido.  

La nueva reforma del sector eléctrico, ya no solo arruina a 55.000 familias españolas, que atendiendo a un Boletín Oficial del Estado invirtieron todos sus ahorros en instalaciones fotovoltaicas, y a las que se les ofrece una supuesta rentabilidad razonable, que como indicia la propia Comisión Nacional de la Energía tendría como resultado números en negativo para las instalaciones; sino que cercena el desarrollo de la tecnología fotovoltaica, que es la que países como EE.UU o Alemania han colocado como piedra angular de su nuevo modelo energético. 

Anpier advierte que una reforma de este calado sólo tiene futuro si se aborda y aprueba con el consenso de todas las fuerzas políticas del Estado y por todos sus territorios, y recuerda que un futuro próspero, justo y sostenible nunca será alcanzable sin el desarrollo y la implantación definitiva de las energías renovables. Un nuevo marco regulatorio impuesto, errático y retroactivo va en contra del interés general y malogra una gran oportunidad para España, que tiene en el sol una inagotable fuente de energía limpia y barata para el abastecimiento de nuestros hogares, comercios y empresas; una industria en la que hemos llegado a ser un referente a nivel internacional; y un incentivo para la implantación de nuevas fábricas, que podrían beneficiarse de un suministro energético a muy bajo coste y libre de emisiones de CO₂, lo que incentivaría la creación de un tejido industrial generador de empleo y riqueza.