El Gobierno izquierdista de Bolivia hacía ingentes
esfuerzos el martes por resolver un violento motín policial que lleva ya
cinco días, el segundo conflicto social de gravedad en el país en pocos
días y en vísperas del arribo a La Paz de un nuevo foco de
preocupación, una desafiante marcha opositora indígena.
"Avanzamos en varios puntos; esperamos que tras una
reflexión en el transcurso de hoy (martes) se resuelva este conflicto
para que vuelva la tranquilidad", dijo el viceministro de Régimen
Interior, Jorge Pérez, al anunciar en la madrugada una pausa en el
diálogo entre el Gobierno y los amotinados reinstalado en la noche
anterior.
La negociación de las demandas salariales y
administrativas de los suboficiales y policías rasos sublevados se
retomó luego de que una aparente mayoría de los rebeldes rechazara un
convenio firmado el domingo y endureciera la protesta, incluso
reprimiendo una marcha del oficialismo.
Mientras se esperaba la reanudación del diálogo en
cualquier momento, el motín tenía a casi todo el país sin servicios
policiales, situación que agravaba el caos vehicular habitual en las
ciudades y obligaba a los bancos a recurrir a guardias privados para
mantenerse abiertos.
La plaza Murillo de La Paz, donde están los palacios
presidencial y legislativo, permanecía tomada por los amotinados,
quienes coreaban duras consignas contra Morales mientras exhibían armas
de fuego y armas anti disturbios.
"La intransigencia de algunos policías que rechazaron
el convenio y usaron violencia contra ciudadanos muestra que buscan algo
más que mejoras salariales, buscan una desestabilización", dijo el
martes la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.
La denuncia gubernamental, repetida desde el domingo,
fue rechazada tanto por líderes de la protesta como por jefes
opositores.
"No hay tales aprestos golpistas, lo que tenemos es una
peligrosa paranoia golpista del Gobierno o al menos una densa cortina
de humo que pretende encubrir el desgaste gubernamental", dijo el ex
alcalde de La Paz, Juan del Granado, ex aliado de Morales y ahora líder
opositor.
UN CONFLICTO TRAS OTRO
El motín, precedido por protestas de esposas de
policías, estalló en cuanto terminó la semana pasada un conflicto de 20
días que enfrentó a mineros asalariados y cooperativistas, ambos aliados
de Morales, por el control de un yacimiento de estaño y zinc del grupo
suizo Glencore.
Morales superó el conflicto decretando la
"nacionalización" o reversión al Estado de esa mina, preservando un
sector para los cooperativistas, pero el conflicto dejó decenas de
heridos, millonarias pérdidas económicas y dudas sobre la capacidad del
gobernante para controlar a los llamados movimientos sociales.
Todo esto sucedía mientras otro movimiento social,
constituido por varios pueblos indígenas amazónicos, acumulaba dos meses
de caminata rumbo a La Paz -la segunda protesta de este tipo en menos
de un año- en rechazo a un proyecto de carretera que atravesaría el
parque nacional Tipnis.
Los indígenas, aunque visiblemente divididos y en menor
número que el año pasado, llegaron el lunes hasta las puertas de la
capital política boliviana y dijeron que ingresarían a la ciudad después
de que concluya el lío policial.
"No queremos coincidir con los policías para que no
digan que es conspiración, nuestra marcha tiene su propia identidad de
protesta contra un Gobierno que viola nuestros derechos", dijo el líder
de la caminata, Adolfo Chávez.
El Gobierno anuló el proyecto carretero del Tipnis, de
420 millones de dólares y que debía financiar Brasil, pero esto no logró
frenar la protesta, que era apoyada por diversos sectores opositores y
amenazaba con culminar convertida en una manifestación masiva.
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